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Miércoles, 28 junio 2017
Revista Num. 342
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SANTA CRUZ
Causa Ivovich: El gobierno contraataca y denuncia al Juez Andrade
El gobierno provincial arremetió contra el juez de Familia Antonio Andrade“ Por incitación a la violencia”, “Abuso de autoridad”, y “Prevaricato”, por haber ordenado a la Caja de Previsión pagar la totalidad de las jubilaciones en tiempo y forma. Asimismo cuestionaron los hechos por el cual fue denunciado el titular de la CPS
Causa Ivovich: El gobierno contraataca y denuncia al Juez Andrade
Entre los justificativos de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado a cargo de Fernando Tanarro, se destaca que la resolución del juez de Familia era de imposible cumplimiento ya que la CPS no podía pagar los haberes “en razón de la ocupación de dicho ente que es de público conocimiento”, en relación al acampe de los jubilados en la vereda de la Caja de Previsión.

En este contexto, el gobierno acusa al dr. Andrade de incitación a la violencia por haber autorizado notificar a Ivovich “donde se encontrase”, generando de este modo “un estallido en busca de su persona”, lo que para los denunciantes “podía haber terminado en una tragedia”.

Las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, fueron a notificar al presidente del organismo a la empresa “Ivovich Hermanos” el pasado martes porque la Caja de Previsión se encontraba cerrada. Allí las letradas y otras dos jubiladas denunciaron que fueron agredidas físicamente por los Ariel y Jorge Ivovich.


A las críticas de los hechos se sumó el diputado provincial Alberto Lozano (UCR), quien destacó: “La situación se agrava cada día más, este último hecho ha sobrepasado todos los límites y al respecto ninguna autoridad del Gobierno Provincial se ha pronunciado. Nadie absolutamente ha emitido una postura, ni la Secretaría de la Mujer, ni Derechos Humanos, ni siquiera la misma Gobernadora en su condición de mujer, aplican un silencio total, como si lo sucedido les fuera indiferente o les pareciera un hecho menor o del ámbito privado, pero no lo es ya que al involucrar a un funcionario público cuya conducta agresiva no tiene justificación alguna”.
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