Desde que asumió la gobernación, Alicia Kirchner vive su gestión en permanente estado de emergencia. Así puede verse en el día a día de la Provincia, plagada de conflictos y una tensión social fluctuante, que por momentos llega a picos extremos, y por momentos baja, rozando la normalidad tan ansiada por la Gobernadora.
Sin embargo, esa emergencia no sólo tiene que ver con una sensación, sino que también se traslada a los hechos. Desde el primer día, la mandataria provincial optó por decretar la “emergencia administrativa y económica”, con un plazo máximo de noventa días, con el objetivo de “congelar” las contrataciones de personal por parte del Estado, y bajo el lema "organizar para reconstruir".
Este decreto fue el puntapié inicial de una estrategia del Gobierno provincial, que terminó siéndole adversa. La emergencia como salida al conflicto con los gremios y la evasión al cumplimiento de reclamos arrancó bien con la resolución en lo administrativo, que aquietó las aguas del sector público, pero no resultó en los sucesivos intentos de repetir el método, en otros sectores igualmente perjudicados y en permanente estado de alerta.
En el ranking de conflictividad, la educación y la salud son las otras áreas que mayores dolores de cabeza le trajeron al Ejecutivo desde el comienzo de la gestión. En ambos, la Gobernadora intentó emular su estrategia, aunque con resultados adversos. En junio de 2016, Alicia envió un proyecto a la Legislatura que buscaba declarar la ley de Emergencia Sanitaria, persiguiendo el fin de evitar la “producción de un daño al derecho a la salud de los habitantes”, en medio del conflicto paritario con los trabajadores de la salud pública. En educación, por su parte, la jugada del Gobierno fue parecida, ya que a principios de agosto de 2016 se conoció la decisión de enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Emergencia Educativa y Edilicia. A fines del mes de agosto, la Gobernadora decidió retirar el proyecto, a modo de tregua con el gremio para negociar una salida al conflicto y evitar mayores inconvenientes. A cambio, se lanzó el Acuerdo Social Educativo, que resultaba menos confrontativo y más amplio.
Paliativos a la crisis
Tanto la emergencia agropecuaria, sancionada a principios de este año, como la reciente ley de emergencia hidrocarburífera, resultan medidas propias de la coyuntura. Se trata de dos áreas particularmente afectadas por la crisis económica, así como también, en el caso del agro, por las condiciones climáticas adversas. En ambas declaraciones, se impuso la presión sobre el Gobierno de cada uno de los sectores, sumidos en una profunda decadencia desde hace ya bastante tiempo, que se ha acentuado en los últimos años.
El tema hidrocarburífero es vital para la Provincia, ya que se trata de una de las principales actividades, junto con la minería y la pesca, que motorizan la economía santacruceña. El cambio de color político en el Gobierno nacional trajo consigo una disminución de las inversiones, con la empresa estatal YPF a la cabeza, cuya actividad fue prácticamente paralizada desde 2015 a la fecha. A ello, se le suma la baja en el precio internacional del barril de petróleo y una depresión generalizada del mercado. La ley, votada por unanimidad en Diputados, establece la revisión y el control de los compromisos de inversión de las empresas petroleras, y fija la suspensión de los despidos en el sector por 180 días.
La emergencia agropecuaria, por su parte, remitió a las condiciones climáticas de la Provincia, una sequía que afectó a los productores con pérdidas y perjuicios graves. En este ca-so, fue promovida por Nación, con beneficios impositivos y acceso a créditos bancarios.
Desde el inició su gestión, Alicia Kirchner comanda una Provincia en permanente estado de emergencia. Su gobernabilidad dependerá, fundamentalmente, de la cintura política que posea para tomar medidas urgentes y poder resolver, de es-ta manera, los conflictos, logrando consenso y evitando mayor tensión. Por ahora, algunas de las jugadas del Ejecutivo salieron bien, aunque las más osadas resultaron un retroceso. Lo cierto es que la conflictividad continúa, y de no resolverse en lo inmediato, exigirá buscar nuevas herramientas para evitar que, una vez más, se profundice la crisis santacruceña.
Administrativa y económica: Una emergencia de entrada
El 28 de diciembre, a pocos días de asumir su mandato, Alicia Kirchner firmó el decreto 0157, bajo el lema “reorganizar para construir”. Mediante el mismo, la Gobernadora buscaba “congelar” cualquier tipo de decisión del Estado tendiente a contrataciones y gastos, para lograr llevar a cabo un relevamiento y conocer las cuentas de la Provincia, un estudio que le arrojó el repetido balance de “quebrada”, algo en lo que basó gran parte de sus decisiones posteriores.
En el mismo, también se decretaba la suspensión durante la vigencia del decreto de los subsidios, subvenciones y cualquier otro compromiso de carácter general, exceptuándose de esta medida a Salud, Educación, Desarrollo Social y Secretaría de Trabajo por intermedio del Ministerio de Gobierno. En definitiva, el 0157 ya marcaba los primeros pasos de un Gobierno en permanente estado de emergencia.
Una ley para el rescate del motor de la provincia
Gracias al consenso en Diputados sobre un proyecto presentado en conjunto, el 1° de junio se decretó la emergencia provincial hidrocarburífera. La misma establece la revisión y control de los compromisos de inversión de las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en la Provincia, así como también exige "la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan sostener el empleo". También contempla la creación de un Consejo Provincial Hidrocarburífero, que tendrá como finalidad discutir la política referente a ese tema y sus consecuentes problemáticas laborales y ambientales".
Edudación: Un tema que nunca sale de la agenda provincial
El 3 de agosto de 2016, el Gobierno provincial envió un proyecto a la Legislatura para declarar la Emergencia Educativa y Edilicia en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, por el término de tres años. Uno de los puntos clave de esta iniciativa tenía que ver con la facultad otorgada al Consejo Provincial de Educación de disponer las medidas pertinentes que garanticen el derecho a la educación y el cumplimiento del cronograma educativo de clases, lo que abría la puerta a un enfrentamiento directo con los gremios en pleno reclamo salarial. Entre otras medidas, se destacaba la de establecer “mecanismos extraordinarios para la cobertura de suplencias”; autorizar “la apertura de nuevos legajos”, es decir, incorporar nuevos docentes; evitar todo tipo de actividad (talleres, actos, reuniones) que implique suspensión de actividades escolares y/o áulicas. La estrategia del Gobierno era, sobre todo, presionar a los gremios con esta ley de emergencia, aunque finalmente se terminó volviendo en su contra, ya que la reacción fue mayor, y debió retirar el proyecto. A cambio, el Ejecutivo presentó, a fines de ese mismo mes, el Acuerdo Social Educativo, que a diferencia de la trunca ley, no apuntaba a la labor de los docentes, sino al debate sobre la calidad educativa.
Emergencia por decreto ante la situación climática
A raíz de las inclemencias del tiempo que produjo la llegada del invierno a la Provincia, la Gobernadora decidió decretar la emergencia climática, en busca de “la organización, planificación, promoción, control y conducción del Sistema Provincial de Protección Civil”. La medida se extiende al plazo de 60 días y precisa que el clima “ha generado grandes complicaciones sobre la región, detectándose registros de temperaturas mayores a -10 grados”.
Una mano para el campo
El 30 de marzo de 2017, el Ministerio de Agroindustria declaró el estado de emergencia y de-sastre agropecuario a Santa Cruz, a causa de la sequía que afecta a las explotaciones ganaderas de esa provincia. La medida era un reclamo que venían realizando a la Provincia las entidades rurales, ante la gravedad de la situación en todo el territorio santacruceño. De esta manera, según precisaba el decreto, las “instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución obtengan los beneficios”. La declaración se dio por el plazo de un año, contando los últimos días del 2016, por lo que tendrá efecto hasta diciembre del corriente, cuando las autoridades de ambos gobiernos analicen la realidad del sector. |
