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Domingo, 24 septiembre 2017
Revista Num. 354
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BARILOCHE
¡Baila Nena! Funcionarios en la mira por contratación de Marama
La contratación del grupo uruguayo Marama, para el cierre de la edición 2016 de la Fiesta del Chocolate, fue observada por el Tribunal de Contralor y puso en la mira al Secretario de Turismo, Marcos Barberis
¡Baila Nena! Funcionarios en la mira por contratación de Marama
La contratación del grupo uruguayo Marama, para el cierre de la edición 2016 de la Fiesta del Chocolate, fue observada por el Tribunal de Contralor, debido a una serie de irregularidades que podrían derivar en la aplicación de una multa al secretario de Turismo, Marcos Barberis.

Según destaca el portal “En estos días”, el organismo de control indicó dos irregularidades: la contratación directa se efectuó sin compulsa de precios por un monto de 1,1 millón de pesos, equivalente al 90 por ciento del presupuesto global de la fiesta; y el Ejecutivo municipal eludió la elaboración de un dictamen jurídico que justifique el monto.

La Resolución fue firmada por la Presidenta y la vice del Tribunal, Denise Casatti y Julieta Wallace; mientras que el oficialista Damián Fuentes no acompañó el dictamen.

Wallace señaló que la Asesora Letrada del Ejecutivo, Natacha Vázquez, es quien debería haber preparado el dictamen justificatorio de la contratación, pero al momento de celebrarse la Fiesta, la funcionaria también era apoderada particular de la firma Powerlink, intermediaria en la relación entre el Municipio y el grupo musical.

La contratación de Marama fue efectuada a través de dos resoluciones, destinando 570 mil pesos cada una. En la decisión de la convocatoria intervino de manera directa el secretario de Turismo municipal, Marco Barberis, en su rol de Presidente de la Comisión de Festejos.

El funcionario fue notificado de la Resolución del Contralor, y en el plazo de cinco días deberá responder a las observaciones efectuadas por el organismo de control. En caso que esas respuestas no conformen, el Tribunal podría aplicarle una multa que podría llegar al equivalente al 30 por ciento del sueldo bruto del funcionario.
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