Cómo operaba y cuáles eran los roles de cada uno en esta “banda criminal” acusada de cobrar retornos provenientes de la obra pública para constituir una “caja negra” que luego se repartía en sobresueldos y/o inversiones rentables. La Tecla Patagonia accedió de manera exclusiva al escrito donde los fiscales exponen de manera detallada los hechos y las imputaciones.
Entienden los fiscales que los detenidos “integran una organización delictiva dedicada a: recibir en pago coimas y/o emolumentos con la finalidad de realizar actos propios de la función pública; proceder al pago de sumas dinerarias en concepto de coimas o dádivas con la finalidad de obtener un trato diferenciado en la concesión y pago de la obra pública, y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”.
Y agregan: “Las actividades reseñadas y el respectivo concierto de voluntades lucen extendidas en el tiempo lo que magnifica la lesividad de las conductas en reproche y la entidad de los daños causados. Ello sumado a la multiplicidad de agentes activos que intervinieron periódicamente en pos de la consecución del plan del colectivo criminal”.
Respecto a los tiempos, los fiscales entienden que “a mediados de Diciembre del año 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el Ministro Coordinador de Gabinete Víctor CISTERNA, el Secretario Privado del gobernador Gonzalo CARPINTERO PATTERSON, el Secretario de la Unidad Gobernador Diego Miguel CORREA y el Ministro de Economía y Crédito Público Pablo OCA, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces Gobernador de la Provincia; de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del estado y de los particulares, decidieron conformar una asociación ilícita que tuviera por principal objeto recaudar dinero proveniente –principalmente- de “retornos” aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra conformados. Esta circunstancia brindó la ocasión al cuarteto de organizar y dirigir el trámite final del pago a las empresas, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas”.
“Del mismo modo, tanto CISTERNA, CARPINTERO, CORREA y OCA; decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal. En ese sentido acordaron que sería el primero, CISTERNA, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias), cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de OCA quien luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quienes pagar y a quienes no. En tanto CARPINTERO se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que CORREA se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal; gestión que incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos”.
Los fiscales relatan cómo se modificó la estructura que por entonces operaba tras la salida de Víctor Cisterna del Gobierno. “Este plan en principio perfecto sufrió vigorosas variaciones, cuando aparentemente por diferencias de neto corte patrimonial (aunque no se descartan las políticas) CISTERNA se alejó de su rol ministerial. Esta ausencia se suplió fácilmente en los hechos, ya que casi sin solución de continuidad el rol sobre el que fungía el renunciante, fue rápidamente asumido por CORREA, rediseñándose al menos parcialmente la operatoria inicial.
“Yendo al punto más dinámico, y ciñéndonos ya al segundo segmento de la operatoria (alejado ya CISTERNA) podemos decir que, una vez perfeccionado el acuerdo venal, el cobro de la coima se concretaba de la siguiente manera. Diego CORREA, era el encargado de recaudar el dinero obtenido del retorno, y muchas veces se trasladaba hasta las propias empresas a retirar el dinero, a su vez, también recibía el pago en oficinas del partido Chubut Somos Todos y en otras ocasiones eran los empresarios los que llevaban los valores a las oficinas públicas. Para todas estas tareas contaba con la colaboración incondicional de un nuevo integrante que se sumó a la asociación ilícita, Diego LUTERS (asistente de CORREA y funcionario público) quien estuvo siempre dispuesto en brindar sus conocimientos a la hora de registrar contablemente –cual actividad privada- cada ingreso y cada egreso dinerario que se hiciera desde esa oficina y que atañera a esa caja pecuniaria que día a día fluctuaba de acuerdo a la actividad ilegal que desarrollaban”.
Y agregan: “Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luthers, y cuya veracidad queda demostrada a partir de los datos obrantes allí, ya que el hecho de haberse detallado el nombre de las personas, las fechas, los montos y muchas veces los motivos de la erogación, permitieron corroborar la certeza de los datos, tal es así que cuando la planilla dice".
"Todas y cada una de las acciones descriptas precedentemente y las que seguiremos reseñando a lo largo de este libelo, y que reiteraremos hasta el hartazgo, son individual y colectivamente igualmente típicas y antijurídicas, reconocen su piedra basal en un evento que informa a las claras que nos encontramos situados frente a una empresa criminal cuyo diseño fue producto de una ingeniería minuciosa, gestada merced a razonamientos consistentes, férreos, donde nada fue dejado al azar o alumbrado por la improvisación. Nos referimos en particular a un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo maligno, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido; este es la denominada “Circular” que llegó a conocimiento de estos persecutores por mención expresa de los agentes públicos entrevistados al inicio de esta pesquisa. Esta “orden” cuya propalación fue objeto de especial ahínco determinaba, según se nos informaba que ningún pago podría hacerse desde la administración pública -centralizada y descentralizada- sin la venia previa de CORREA En efecto al inquirir sobre el particular en la propia casa de gobierno de Fontana N°: 50 de Rawson fue habido un documento titulado: “MEMORANDUM CIRCULAR” fechado de modo mecánico el día “28 de Enero de 2.016” (poco más de un mes de asumida la gestión de gobierno de la cual los requeridos eran protagonistas) que en su encabezado de modo expreso preanunciaba quienes debían tomar razón de sus términos y obviamente acatarlos. En el sentido expuesto se lee: “PARA INFORMACION DE: Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Presidentes de Entes y Jefe de Policía”, delimitándose de ese modo un amplísimo universo de destinatarios de la manda. A su turno y al tiempo de identificar a los generadores de esta suerte de “bando real” la disposición informa: “PRODUCIDO POR: Secretaría Privada del Gobernador”. De continuo y siguiendo la disección que llevamos hecha sobre “la norma” así creada, esta decía: “Por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador”.
Por último expresan los fiscales: “El documento también nos impone –desconocerlo sería absurdo- que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal”.
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