Negocios en común: Toma y Daca

Los últimos días de septiembre la Legislatura rionegrina aprobó el proyecto del oficialismo que beneficia a la empresa Salto Guerrico Gómez SAS, otorgándole la concesión por 30 años del uso del principal canal de riego del Alto Valle para la instalación de una turbina hidroeléctrica.
 

La iniciativa del partido del Gobernador Alberto Weretilneck fue duramente cuestionada por la bancada del FPV-PJ, que denunció un negociado entre el oficialismo y Cambiemos, teniendo en cuenta que la empresa pertenece a actuales y exfuncionarios del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la operación está viciada de irregularidades, ya que la firma es una Sociedad Anónima Simplificada, figura que por ley le impide gozar de los beneficios otorgados por el Ejecutivo rionegrino, y declara un capital muy inferior a la inversión prometida en la provincia.



Ante estos puntos oscuros en el acuerdo, el debate en la Cámara de Diputados no pasó desapercibido y suscitó un debate duro entre los bloques que incluyo insultos y acusaciones cruzadas. En diálogo con La Tecla Patagonia, el diputado Nicolás Rochás (FPV-PJ), aseguró que no habían acompañado en principio la iniciativa del oficialismo hasta tanto “se nos informen varios pormenores que no aparecían en el proyecto inicial y dudas que nos surgían de algunos comentarios que teníamos”, al tiempo resaltó que luego de respuesta del DPA y las averiguaciones realizadas “se confirmaron todas las peores sospechas que había al respecto”.
 

Rochás denunció que la empresa Salto Gómez Guerrico “fue creada exclusivamente para este proyecto hace un año, con una capital exiguo de $17720”, y resaltó que “no registra ningún antecedentes” por el poco tiempo que pasó desde su creación y recordó que “al momento de ir a licitar en el RENOVAR no ganó la licitación, ni pudo firmar ningún contrato con CAMMESA porque carecía de informes técnicos que le pudieran dar siquiera posibilidades de licitar”.

El Diputado opositor calificó el proyecto de “un negociado burdo”, y enfatizó en que “esto demuestra lo que hace tiempo venimos denunciando, que es la forma que tiene Weretilneck de parecerse tanto a la alianza Cambiemos. Lleva los negocios del lado del mostrador. Son funcionarios que al mismo tiempo son empresarios con negocios que se radican a la sombra y con importante ayuda del Estado”.


 

Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Palmieri se encargó de aclarar que “es normal en el mundo de la obra pública que hayan sociedades creadas para un fin específico”, y no consideró llamativo que las sociedades tengan un capital exiguo. “Nadie tiene 320 millones de pesos en el bolsillo para ver si gana una licitación”, argumentó.
 

En esa línea, Palmieri destacó la inversión en torno al acuerdo conseguido por el Ejecutivo, descartó que existe un negocio “espurio”, y resaltó que la intención de JSRN hacer “una provincia mejor”, apuntando a la generación de puestos laborales que podría traer la inversión privada.
 

Quien también se refirió al tema fue el propio Gobernador Weretilneck, al asegurar que la firma vinculada a Cambiemos “estudió el impacto ambiental de la obra y de su construcción, el que fue analizado y aprobado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)”. Asimismo, el mandatario priorizó los beneficios económicos del acuerdo al detallar que “teniendo en cuenta que estamos ante una central hidroeléctrica de pasada con impacto ambiental muy bajo, y de generación menor, en función de lo dispuesto por el articulo 43 y concordantes del Código de Aguas, y las resoluciones de fijación de regalías, se propone fijar la regalía hidroeléctrica para este emprendimiento en un ocho por ciento (8%) del importe total por la venta de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.

 

El clan Torres Carbonell  

La empresa de la polémica está compuesta por lobbistas de la energía renovable, de estrechos vínculos con el actual Gobierno Nacional, que desfilan por distintos foros de debate en torno al futuro de la energía en Argentina, a la par que forman sociedades anónimas para hacer negociados con los Estados amigos, como en el caso de Río Negro, que estén dispuestos a abrirles sus puertas con beneficios exclusivos.



Concretamente, Salto Guerrico Gómez SAS pertenece a Pablo Hernán Torres Carbonell, vinculado al mundo de las grandes finanzas, se define como “un productor ganadero innovador en el norte de la Patagonia”; Torres Carbonell comparte la sociedad con su esposa, Silvia Sioli de Torres Carbonell, referente en el mundo del emprendedurismo, que hasta 2017 fue Subsecretaria de Economía Creativa, Desarrollo Científico y Emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires; también son parte de la firma el hijo de ambos, Pablo Andrés Torres Carbonell, quién es funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el cargo de Director Nacional para el Equipamiento y Tecnología en Seguridad de Pasos Internacionales, Centros de Frontera y Áreas de Control Integrado. Además, integran la firma Diego Juan Padilla y Daniel Rubén Fernández.


Silvia Sioli de Torres Carbonell, como funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Sin embargo, el del Canal del Alto Valle no es el único negocio que los Torres Carbonell tienen con Cambiemos. También forman parte de la firma Univiento S.A., otra de las empresas de la llamada “energía verde”, que será parte de la construcción de un parque eólico de 50 MW denominado Cerro Alto en Río Negro, que se encuentra entre las provincias con mayores atractivos para el mercado de las renovables.
 

A su vez, los Torres Carbonell, el clan empresario amigo de Weretilneck, conformó en el último año múltiples sociedades en torno al negocio de las energías renovables, ayudados por la por Mauricio Macri y puesta en vigencia en 2017, que autoriza la inscripción de una sociedad unipersonal, con libros contables online y su constitución en 24 horas a través de internet. Equinoccio Energía S.A.S., Las Mesetas S.A.S., Cono Sur Energía S.A.S. son solo algunas de las firmas creadas por la polémica familia, a la espera de los jugosos negocios que puedan ofrecer los estados provinciales.  
 

El estilo W es muy parecido al M, tanto que a veces se fusionan al punto de parecer socios. A los gestos políticos de acercamiento del Gobernador rionegrino, ahora se le suman los negocios en común, que ponen en evidencia que las diferencias esgrimidas para el afuera no son tales. Una relación de Toma y Daca que beneficia a ambos.