El diputado por Cambiemos, Alberto Lozano, presentó un proyecto de “Control de Drogadicción en la Función Pública” que tiene por finalidad establecer como requisito para acceder a cargos de función pública en la Provincia de Santa Cruz, el carecer de adicción a diferentes drogas ilegales.
La medida alcanzaría, según la inciativa a:
Miembros del Poder Judicial: los Magistrados en todos su niveles, Funcionarios Constitucionales, de ley y Jueces de Paz Miembros del Consejo de la Magistratura Miembros del Poder Legislativo, hasta el nivel de Director Miembros del Poder Ejecutivo Provincial, hasta el rango de Director Provincial Miembros de los Órganos de Contralor: Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Tribunal Disciplinario hasta el rango de Director o su equivalente Miembros de los Organismos Autárquicos, Centralizados y Descentralizados, Empresas o Sociedades del Estado, hasta el nivel de Director o su equivalente, según corresponda Miembros representantes del Estado en sociedades donde este tenga participación y demás funcionarios que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento Miembros de la Policía Provincial, en todas sus jerarquías.
En ese marco, Alberto Lozano dijo que el proyecto “intenta resguardar al ciudadano respecto del accionar de sus representantes, funcionarios con alto grado de participación y responsabilidad en la toma de decisiones y de aquellos que deben velar por la seguridad pública, todos ellos determinan o condicionan amplios aspectos de la ciudadanía en su conjunto. De esta forma, es objetivo lograr que el desempeño de nuestros funcionarios este en función de sus potencialidades y desprovisto de cualquier tipo de alteraciones que pudieran existir producto del consumo de estupefacientes”.
Según la iniciativa, esos funcionarios deberán “obligatoriamente realizarse de forma anual un examen de rinoscopia con la finalidad de detectar adicción a drogas aspirables y además someterse (obligatoriamente) a un examen de detección de metabolitos de drogas en orina (DDO), para lo cual se utilizarán dos (2) muestras las que deben ser identificadas como “A” y “B”, selladas y firmadas por las partes, para posteriormente realizar los análisis para determinar presencia de sustancias psicoadictivas ilegales en sus organismos”.
“Cuando el examen a la muestra “A” diera positivo, el funcionarios o la persona tendrá derecho a exigir una contraprueba utilizando el frasco “B”, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al resultado realizado al frasco “A”, acompañado por un perito de parte que designe el interesado”, indica el texto. |