4 de septiembre de 2024
RIO NEGRO
A pesar de la insistencia de la defensa, la causa Techo Digno seguirá su curso en la Provincia
El juez de Bariloche Gregor Joos ratificó la competencia de los tribunales rionegrinos del proceso en el que se investigan a varios exintendentes y exfuncionarios por administración fraudulenta de fondos para construcción de vivienda
En una audiencia realizada hoy a través de la plataforma Zoom, el juez de Juicio de Bariloche, Gregor Joos, ratificó la competencia de la Justicia provincial en la causa Techo Digno, que investiga presuntos delitos de fraude a la administración pública, administración fraudulenta y peculado. Este caso, que involucra a la exintendenta María Eugenia Martini, al exfuncionario municipal Alfredo Milano y al empresario Juan Castelli, había generado controversias sobre la jurisdicción apropiada para su tramitación.
Los defensores de los imputados habían planteado la incompetencia de los tribunales rionegrinos, argumentando que los fondos involucrados eran nacionales y, por lo tanto, la causa debía ser tratada en el fuero federal. Sin embargo, Joos coincidió con la decisión previa del juez Marcelo Álvarez Melinger y reafirmó que la Justicia provincial es la adecuada para continuar con la causa, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece la prioridad de los jueces provinciales en la investigación de delitos cometidos en la ejecución de obras públicas con fondos incorporados al patrimonio local.
El juez Joos subrayó que el perjuicio investigado afecta directamente al erario municipal de Bariloche, más allá de que el Estado nacional pueda reclamar la restitución de los fondos. Este argumento fue clave para justificar la continuidad de la causa bajo la órbita provincial.
La causa "Techo Digno" se encuentra en una etapa avanzada, con la fase de control de acusación casi finalizada y pronta para avanzar hacia el juicio oral. Sin embargo, los recientes planteos de incompetencia por parte de las defensas vienen retrasando este proceso, lo que ha sido interpretado por el fiscal jefe Martín Lozada como una maniobra dilatoria destinada a obstaculizar la continuidad del debate procesal.