14 de octubre de 2024
RIO NEGRO
Formularon cargos contra exfuncionarios provinciales por abuso de autoridad
José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin, funcionarios durante la gestión de Arabela Carreras al frente de la Provincia, fueron acusados por la compra de un avión a un monto mayor al estipulado por el mercado en ese momento
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló hoy cargos contra tres exfuncionarios durante la gestión de Arabela Carreras al frente de la Provincia. Se trata de José María Apud, José María Scheverin y Gonzalo Regueira, quienes fueron acusados de abuso de autoridad por la compra de un avión a un monto mayor al estipulado por el mercado en ese momento. Específicamente, se trata de una aeronave que le costó al Gobierno más de cuatro millones de dólares, es decir, alrededor del doble de su valor real.
En la gestión anterior al frente de la provincia de Río Negro, Apud era secretario general de la Gobernación, Regueira secretario de Administración de dicha cartera, y Scheverin director de Aeronáutica.
La formulación de cargos detalló en primer término que “José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin”, habrían sido quienes intervinieron “en el trámite administrativo de la compra de la aeronave CESSNA CITATION por licitación pública número 101/2021 instrumentada mediante Expediente de la Secretaría General, entre el 5/04/2021 y el 13/04/2022 aproximadamente”.
En ese proceso, todos ellos “omitieron cumplir con el artículo 47 de la Constitución Provincial que establece el principio de eficiencia para la administración pública provincial, el artículo 86 de la ley número 3186 que dispone que las contrataciones del sector público provincial tienen por objeto permitir un aprovisionamiento eficiente de los bienes y servicios; y los artículos 2, 5, 10 y 12 del reglamento de contrataciones que establecen el aprovisionamiento de bienes y servicios de una manera eficiente, eficaz, económica, al menor costo posible y la defensa de la hacienda pública”.
Según explicó el Fiscal, Scheverin -en su calidad de director de Aeronáutica de la Secretaria de Transporte de la provincia de Río Negro-, incumplió con la norma que “dispone como requisito para tramitar una contratación, que la estimación oficial del costo se haga mediante un informe técnico que lo evalúe en forma fundada y razonada acorde a los valores de mercado”.
En ese marco, “suscribió y aportó un informe a sabiendas que el mismo carecía de rigor técnico, fundamentación, evaluación razonada de los costos y documentación respaldatoria que determinase que los valores estimados” para la compra del avión, instalación y equipamiento de internet satelital, gestiones administrativas y equipos requeridos para su uso sanitario “se correspondían con valores de mercado”.
“Por su parte, Gonzalo Regueira, en su carácter de secretario de Administración de la Secretaría General y José María Apud en su carácter de secretario general de la Gobernación incumplieron con los parámetros de eficiencia, menor costo y defensa de la hacienda pública exigida, aprobando la licitación pública”, agregó el Fiscal.
En ese marco estimaron el costo del avión a partir de realizar un promedio entre los valores consignados por Scheverin y la suma de dinero aproximada de la que disponía la Provincia para la compra. Además, asintieron y confirmaron el resto de los importes consignados como costos técnicamente estimados.
“Regueira condujo, impulsó y gestionó el avance de la totalidad del trámite de compra mientras que Apud, emitió los actos administrativos pertinentes que declara fracasado el primer llamado a licitación pública y autoriza el segundo llamado, a través del cual se adjudica la venta”.
En este sentido, y al momento de explicar el contexto de la maniobra imputada, resaltó el Fiscal Jefe lo llamativo de que ambas instancias se produjeran con poco más de 20 días de diferencia, entre el 6 de enero que se declara fracasada la primera licitación y el 1 de febrero de 2022 que se adjudica el avión. “Pleno receso administrativo en el que no obstante, intervinieron en el trámite gran cantidad de organismos estatales”.
A su turno los abogados particulares de los tres imputados manifestaron consideraciones a la formulación pero sólo uno se opuso a la misma. No obstante el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.