2 de enero de 2025
RIO NEGRO
Entró en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional de La Provincia
La flamante norma redefine las reglas para garantizar la protección de derechos fundamentales, resolver conflictos de competencias y defender intereses colectivos, con énfasis en la agilidad judicial y la transparencia institucional, según dicta su articulado
A partir de este jueves con su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional de la provincia de Río Negro, sancionado bajo la Ley N.º 5776. Esta normativa introduce un marco actualizado y sistemático para regular los procesos judiciales vinculados con la defensa de derechos y garantías establecidos en la Constitución Provincial, la resolución de conflictos de competencias y la protección de derechos fundamentales individuales y colectivos.
El Código establece disposiciones precisas para los juicios de inconstitucionalidad, los conflictos de poderes, las acciones de amparo, el hábeas corpus, el hábeas data y el acceso a la información pública. Además, refuerza los mecanismos procesales para proteger derechos colectivos relacionados con el ambiente, los derechos del consumidor y el patrimonio cultural, entre otros.
En el ámbito del juicio de inconstitucionalidad, la nueva normativa habilita a los ciudadanos a cuestionar leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos por considerarlos contrarios a los preceptos constitucionales. Este tipo de acciones debe ser presentado ante el Superior Tribunal de Justicia en un plazo general de treinta días hábiles, aunque la normativa contempla excepciones para casos de carácter preventivo o relacionados con derechos no patrimoniales. Asimismo, en situaciones de omisión por parte de los poderes públicos, el Código permite que el tribunal determine plazos específicos para que se subsanen dichas omisiones.
En cuanto a las acciones de amparo y hábeas corpus, el Código amplía la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se establece que estas acciones pueden ser interpuestas sin formalidades y de manera expedita, permitiendo a los ciudadanos responder rápidamente a situaciones de ilegalidad o arbitrariedad. En el caso específico del hábeas corpus, la normativa también incluye protección frente a agravamientos arbitrarios en condiciones de detención y desapariciones forzadas.
La normativa aborda también los conflictos de poderes públicos, asignando al Superior Tribunal de Justicia la competencia para resolver disputas entre órganos gubernamentales y municipales, previa evaluación de los antecedentes presentados y dictamen de la Procuración General. Este enfoque busca garantizar una resolución imparcial y eficiente de disputas jurisdiccionales.
Otro aspecto central del Código es la incorporación de mecanismos relacionados con el acceso y la rectificación de datos personales mediante la acción de hábeas data. Este procedimiento permite a los ciudadanos exigir la corrección, supresión o confidencialidad de datos inexactos o falsos que afecten su reputación o derechos patrimoniales, tanto en registros públicos como privados. En un marco similar, el Código introduce la acción de amparo informativo, destinada a garantizar la corrección de información errónea o agraviantes difundida por medios de comunicación, promoviendo el derecho a la imagen y la formación de una opinión pública veraz.
En el ámbito de los derechos colectivos, la normativa refuerza la defensa del ambiente, los derechos del consumidor y otros bienes de interés común. Se establecen acciones específicas, como la prevención y reparación de daños al medio ambiente o a la salud pública, así como la rectificación de publicidad engañosa. En estos casos, el Superior Tribunal de Justicia puede ordenar medidas cautelares y sanciones para garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
El Código también regula el acceso a la información pública, consolidando el derecho de los ciudadanos a obtener datos de los organismos estatales sin necesidad de justificar su solicitud. En caso de negativa injustificada por parte de las autoridades, el afectado puede interponer acciones judiciales para exigir la entrega de información. Asimismo, la normativa obliga a los poderes públicos a publicar sus actos en plataformas digitales, promoviendo la transparencia y el acceso universal a la información oficial.
Con la promulgación de esta normativa, también se derogan disposiciones previas, incluidas leyes y artículos del Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de consolidar un marco normativo moderno y eficiente. El nuevo Código Procesal Constitucional de Río Negro busca fortalecer el acceso a la justicia, proteger los derechos fundamentales y garantizar la defensa de los intereses colectivos, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución Provincial.