Buscan reimpulsar la causa por presuntos sobresueldos contra Soria

La causa iniciada contra el diputado nacional y exintendente de General Roca, Martín Soria, parece estar cerca de su fin, luego de que la Unidad Fiscal Temática 5 de la localidad de definiera que no tenía elementos para encuadrar las acciones dentro de una figura típica penal. Sin embargo, el denunciante busca que se revoque la decisión. 

La presentación la realizó quien lleva adelante la denuncia, el dirigente del PRO y abogado Nicolás Suárez Colman, quién cuestionó la decisión de la fiscal Julieta Villa, sobre cuyo fallo ironizó: “Pareciera que para el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro los sobresueldos de algunos funcionarios radicales (hoy condenados) eran “prolijos pero ilegales”. 

En junio del año pasado Soria fue citado a declarar solicitó a la Oficina Judicial una prórroga debido a que no podría asistir porque tenía programado un Buenos Aires. En ese momento, el ahora diputado nacional argumentó que se encontraba realizando trámites atenientes a su candidatura y la de su partido en las elecciones nacionales. 

Según la denuncia original presentada a fines de marzo de 2019 por el abogado Suaréz Colman, que motivó la apertura de la causa, se lo acusa al exintendente de Roca de haber percibido presuntamente de manera mensual una suma de dinero extra a su salario, surgida del descuento de un 4% del sueldo a los funcionarios políticos. 

El recurso presentado por Suárez Colman cuestiona con numerosos argumentos la decisión de la titular de la Unidad Fiscal. Villa dio crédito a las declaraciones de más de 30 funcionarios del gabinete de Soria, que declararon haber hecho un “aporte voluntario” para el “proyecto político” que encabezaba el intendente, aceptando el descuento del 6% de sus sueldos.

“La maniobra sería similar a la denunciada por el propio Martín I. en la famosa “causa de los sobresueldos” que culminó con la condena por peculado de varios ministros y funcionarios del gobierno radical. Las diferencias, sin embargo, estarían en que la operatoria desplegada durante el gobierno de Saiz no era clandestina, sino que existía un reglamento y expediente que recorrían un circuito administrativo y de control previo a los pagos. En este caso, la maniobra fue en secreto y por fuera de cualquier registro de la contabilidad municipal, entregando dinero en efectivo y en mano al propio Intendente Soria”, explica el abogado denunciante.

Por último, Suárez Colman sentencia: “Es difícil no conmocionar cuando se explicita que quienes debían controlar al intendente aseveran que aportaban a su proyecto político personal. ¿Conoce la fiscal qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Conoce qué es lo que dice la Carta Orgánica Municipal respecto de las competencias e independencia qué debe tener el Tribunal de Cuentas?”.