A pesar de haber sido un año muy particular debido a la pandemia del coronavirus, hubo algo que no cambió: las denuncias y pedidos de desalojos para con las comunidades indígenas, a lo largo y ancho del país. En la región hubo y hay hasta la fecha conflictos pendientes, algunos muy complejos como el de Villa Mascardi.
Al respecto, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, cuestionó el rol del poder judicial en el marco de los últimos pedidos de desalojos a comunidades mapuches en la región y el país en general. "La legislación establece claramente en su artículo 2 que, mientras esté vigente la ley 26.160, se suspenden todos los desalojos y desposesiones de las comunidades indígenas", aseguró en diálogo con Página 12.
En la misma sintonía, la otrora senadora nacional afirmó que "hasta noviembre de 2021, la ley está plenamente vigente. Pero entre lo que ley dispone y lo que realmente ocurre, hay una brecha muy importante. Esa situación nos lleva a cuestionar a algún sector de la justicia por su actuación. Desconocen los derechos de los pueblos indígenas".
En tanto, Odarda remarcó: "Pedimos que tengan presente que la ley claramente establece que mientras el relevamiento esté finalizado o en proceso, no puede haber ningún tipo de desposesión de las tierras. Sabemos que siempre existen intereses inmobiliarios o económicos detrás de los territorios. Por eso estamos pendientes de cada una de las causas. Pedimos que se cumpla con la Constitución Nacional y con la ley 26.160. Estamos interviniendo en todas las causas judiciales abiertas, pidiendo su aplicación y frenando muchos desalojos. También denunciamos el avance que existe de parte de algunos privados sobre territorio indígena".
Asimismo, la funcionaria subrayó: "Queremos que entiendan que hay un INAI con protagonismo y está atento. El INAI firma presentaciones judiciales donde directamente ponemos en resguardo la Constitución y las leyes. Entendemos que la justicia debe tener una sola vara, no una doble. Debe ser una para todos los ciudadanos. Además hay compromisos internacionales a los que Argentina adhirió, como el Convenio 169 de la OIT y muchos otros. Desde que asumimos el 10 de enero, y en el medio de la pandemia, hemos frenado desalojos y órdenes de remate de tierras. Son situaciones de avasallamiento que persisten".
Por último, la titular del INAI hizo hincapié en que "tenemos muchos problemas, sobre todo en cementerios y sitios ceremoniales que no cuentan con el mismo cuidado que los de otros credos, religiones, o concepciones. Nuestro país es diverso, conviven muchos pueblos. Sin embargo, los pueblos indígenas no tienen una ley que los resguarde. Otro importante es el que renueva la ley 26.160. En lo posible, queremos incorporar en las sesiones extraordinarias, o bien en las ordinarias del año que viene, el proyecto Darío Duch de capacitación en los tres poderes del Estado, al estilo Ley Micaela. Sobre todo, nos interesan los jueces de las provincias y los jueces federales. Creo que el mayor enemigo o adversario que tenemos es el desconocimiento y la ignorancia en materia de derecho indígena. Se desconocen los compromisos internacionales que asumimos como país hace décadas".
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