INFORME
29/08
La “agenda verde” de los gobiernos patagónicos contra el cambio climático
A raíz de la crisis hídrica que afecta a toda la región -y al calor del último y dramático informe de la ONU sobre las consecuencias de la crisis climática- los gobiernos de la Patagonia están empezando a implementar medidas urgentes para evitar la falta de agua, y readecuar sus modelos productivos a otros más limpios
Por Julián Pilatti

La crisis climática que acecha en el mundo, está despertando la preocupación de millones de personas y también obligando a los diferentes Estados a prepararse y configurar diferentes medidas que ayuden a combatir el cambio climático. 

Una realidad que en las últimas semanas, golpeó fuertemente a la Patagonia con una de las sequías más pronunciadas en las últimas décadas, generando que varias provincias decreten la “Emergencia hídrica”. 

Aunque la crisis climática todavía resulte ajeno a la vida cotidiana de la gente, la necesidad de actuar ya se está volviendo cada vez más evidente para los diferentes gobiernos. 

Luego del último informe del Grupo de expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, en inglés), las advertencias se volvieron todavía más dramáticas: según cientos de científicos y científicas de todo el mundo, de no frenar drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, el planeta entrará en un “punto de no retorno”, en menos de 10 años, cuando la temperatura global supere los 1,5°. Eso -afirman los especialistas- desencadenará una serie de consecuencias ambientales “nunca antes vistas”.

La crisis hídrica que todavía sufre la región y el alerta de los científicos, logró una reacción más pronunciada en la Patagonia. Ahora, la denominada “agenda verde” de los gobiernos dejó de ser un plan de acciones progresistas, para formar parte de uno de los pilares de su gestión. Así se vio, al menos, en la provincia de Río Negro.

La gobernadora Arabela Carreras, anunció una serie de medidas inéditas para la región, que se sumó a otras que ya se venían desarrollando en el resto de las provincias. Lo cierto es que el plan de empezar a cambiar de forma urgente los métodos de producción (y virar hacia otras energías más limpias) está haciendo mella en toda el sur del país.



TRES LEYES QUE MARCAN TENDENCIA

En ese sentido, la provincia que gobierna Juntos Somos Río Negro (JSRN) diseñó y puso en marcha tres tipos de proyectos para subsanar la crisis ambiental. Según pudo saber La Tecla Patagonia, los tres apuntarán a vincular la producción y también los hábitos ciudadanos.

Uno de ellos es el proyecto de ley de Electromovilidad, que presentará el gobierno rionegrino. El proyecto establece el “marco regulatorio y de Fomento para la Movilidad Sostenible”, con miras a incidir en el proceso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sean ellos directos o indirectos, provenientes del sector del transporte de cargas y pasajeros.

En pocas palabras, este proyecto busca ser un instrumento para encaminarse a la transición energética de recursos no renovables, como los combustibles fósiles, hacia tecnologías basadas en el uso de energía eléctrica, celdas de combustible (hidrógeno), GLP o cualquier desarrollo futuro que pueda relacionarse con el uso sostenible del transporte de cargas y de pasajeros. 

“Esto sea en el ámbito público o privado, y por eso buscará que aporte no solo una reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero asociadas, sino también una reducción de los impactos ambientales en general, el uso racional y eficiente de los recursos energéticos disponibles en la región, el aumento de la oferta de servicios y empleos, y una ventaja competitiva en sectores económicos como el sector turístico”, le explicaron desde la Secretaría de Energía a este medio.  

Además, aseguran que la iniciativa se enmarca en el compromiso del gobierno provincial con las medidas y conclusiones de la Cumbre de París respecto al cambio climático.

Pero el gobierno de Río Negro también propondrá una Ley de etiquetado de viviendas, donde se buscará establecer un procedimiento para “la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción”. Según le contaron a este medio,  el objetivo será “clasificar los mismos según su grado de eficiencia en el consumo global de energía primaria que se encuentra relacionado con su uso”.

“El marco regulatorio que se propone instaurar aportará una herramienta con capacidad de caracterizar y brindar información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas de un inmueble, de modo que se pueda incorporar en el diseño, construcción y habitabilidad conceptos de sustentabilidad y ahorro energético”, agregaron desde esa Secretaría.

Finalmente, el tercer proyecto buscará conformar el Sistema de Compensación en Especie por la Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que pretende llevar adelante una política pública de acción concreta frente al cambio climático basada en la compensación en especies del daño producido al ambiente.

Vale recordar que semanas atrás, la gobernadora Arabela Carreras habló en exclusiva para LTP y contestó sobre alguno de los puntos de su agenda verde. Por entonces la mandataria respondió sobre alguno de los programas, como Río Negro Nutre, Suelo Urbano, el Hidrógeno Verde, y explicó por qué esos tres son marca registrada de su gestión. 
 
“Los tres porque son complementarios. Río Negro Nutre es un programa creado a partir de la emergencia en materia alimentaria. El acceso al suelo complementa. Hoy las familias trabajadoras no pueden acceder a la compra de tierras y este programa les permite aspirar a un terreno y además por supuesto pagarlo. Y, finalmente, el programa de hidrógeno verde tiene que ver con el futuro y el desarrollo. Entonces por un lado decimos asistimos, ayudamos a que las familias lleguen al suelo, pero de qué va a vivir la familia. Queremos que viva de emprendimientos, en este caso se apuesta a la transición energética. Nosotros estamos buscando que Río Negro pueda desarrollarse a partir de todas sus riquezas. Tenemos una provincia rica, pero si esa riqueza no contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos rionegrinos, pierde la razón de ser”, analizó . 



A CORTO Y MEDIANO PLAZO: EMERGENCIA HÍDRICA Y OBRAS 

Por su parte, la provincia de Chubut es hoy una de las más afectadas por la crisis hídrica, que redujo el caudal de arroyos, ríos y lagos, a niveles históricos. Por eso, el gobernador Mariano Arcioni, se anticipó y tomó la medida de declarar la “emergencia hídrica”, que plantea recursos extraordinarios para solucionar el problema a corto y mediano plazo. 

Esta medida será por el lapso de un año y contempla la creación de un fondo especial de 500 millones de pesos que serán distribuidos entre el Instituto Provincial del Agua (IPA) y el Ministerio de Infraestructura para ejecutar obras tendientes a mitigar los efectos de la sequía.
Asimismo, se establece la afectación de 76 millones de pesos para colocar bombas flotantes en acueducto del Lago Musters.

En diálogo con La Tecla Patagonia, el director del Instituto del Agua de la provincia, Nicolás Cittadini, detalló cómo es el plan del gobierno chubutense para intentar amainar las dificultades que la falta del recurso trajo en toda la región, a sabiendas que los estudios indican que la sequía se podría extender todavía más en el verano.

“La sequía extrema que se pronostica es para este verano, por eso se tomaron medidas urgentes para prevenir que la crisis se extienda. Esto, de todas formas, es una tendencia que viene desde hace varios años”, introdujo Cittadini.  

“Las acciones que vamos a llevar a mediano y largo plazo son obras, como el del Azud del Fontana. Esa obra tiene como finalidad controlar las crecidas cuando viene el deshielo fuerte y poder derogar mayor cantidad de agua en el verano, que es cuando mayor consumo tienen los productores”, manifestó el funcionario de Chubut.

Sin embargo, el gobierno tiene un plan para enfrentar de forma inmediata al grave problema. “Para lo inmediato, vamos a empezar a implementar sistema de compuertas, con aforos para poder medir caudales, y transmisión satelital en tiempo real”, indicó Cittadini, que aclaró algo elemental para la población: “Poner compuertas en las principales captaciones, no es cortar el agua, es regular”. 

De todas formas, el funcionario está convencido que todas estas medidas deben estar acompañadas de un “uso eficiente del recurso”, algo que -claro está- no se recomienda exclusivamente para los ciudadanos de a pie, sino para los grandes sectores de producción, quienes son los responsables de utilizar el mayor caudal de agua. 

Pero -como ya se anticipó- la problemática de la falta de agua, afecta a todas las provincias. En Neuquén, la pendiente de los caudales de los ríos Neuquén y Limay, disminuyeron abruptamente en los últimos 15 años comparados con la serie histórica. 

“Después los embalses están muy cerca de sus mínimos, y las proyecciones para el 2022 no son alentadoras”, consideró Elías Sapag, el titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). En diálogo con este medio, el funcionario también agregó que la nieve caída en los meses de abril, mayo, junio y julio “están en los mínimos históricos” y que con lo que nevó en este mes de agosto, la provincia apenas se encuentra “en un 60 % de la media histórica”. “Sirvió para el Sky y el turismo”, dijo Sapag, con preocupación. 

El titular de la AIC informó además que Neuquén declaró la Emergencia hídrica y ordenó tres comisiones para evaluar los posibles conflictos con los intendentes de las localidades del Centro y Norte de la Provincia, los cuales fueron cuantificados en $800.000.000,00.



LA PRIMERA LEY DE CIERRE DE MINAS EN EL PAÍS

Santa Cruz se convirtió en la primera provincia del país en aprobar una ley para el cierre de minas. Esta normativa garantiza que las empresas que realizan actividades exploratorias y de explotación, se comprometen a readecuar el paisaje y desplieguen una serie de acciones que contribuyan a la reparación ambiental, una vez que finalicen su proyecto. 

Pero, al mismo tiempo, la ley no solo le apunta a las mineras con el dedo, sino que les permite una “seguridad de inversión” importante en la provincia del sur. Eso es un aspecto central en el espíritu de la ley.

Si bien el texto aprobado está plenamente consensuado por la Legislatura provincial, el oficialismo la celebra como un avance significativo en materia económica y ambiental, mientras que algunas voces de la oposición puntualizan que deja afuera toda participación ciudadana real. 

Aunque a grandes rasgos, lo que las mineras puedan realizar en el territorio pareciera no estar relacionado a las decisiones populares, lo cierto es que para cualquier actividad de este tipo en el país, se necesita de la llamada “licencia social”. La que solo pueden dar los propios vecinos y vecinas, que viven en las zonas de explotación. 

Santa Cruz está consolidada desde hace más de 20 años como la principal provincia minera del país, iniciando su producción en el año 98 con el proyecto Cerro Vanguardia. De todas formas, durante un tiempo previo se llevaron a cabo diferentes actividades exploratorias. Hoy, la provincia tiene seis plantas de producción y varias otras en proceso avanzado.  

La ley de cierre de minas en el territorio santacruzeño se da a partir del Acuerdo Federal Minero que fue firmado por todas las provincias durante el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2017. Como explican desde el oficialismo, lo que viene a completar esta política estatal, es determinar “qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente”.

El autor del proyecto, el legislador provincial por el Frente de Todos, Guillermo Bilardo, considera que lo que centralmente busca la ley es “cuidar lo que la Provincia venía desarrollando todos estos años”, en materia económica y también ambiental. 

“Avanzamos con esta ley, entendiendo que esta etapa de la actividad, que todavía no estaba reglamentada con especificaciones ni parámetros muy precisos, tenía que tener una calidad para cuidar lo que la Provincia estuvo desarrollando hasta ahora”, indicó Bilardo en diálogo con La Tecla Patagonia. 

El legislador explicó que se tratan de “parámetros en términos ambientales, sociales y económicos que exige la ley”, pero destacó la importancia de poder crear en simultáneo a las normas ambientales, una “seguridad jurídica” para las mineras. 

“Lo importante es que las empresas que ya están trabajando, y las futuras que puedan llegar a venir a la provincia, a través inversiones que son de riesgo, tengan una seguridad jurídica a toda la normativa que existe en la provincia”, expresó el diputado provincial, quien antes se había desempeñado como Secretario de Minería. 

Hasta ahora, Santa Cruz tenía leyes en las cuales se apuntaba a dónde se establece la actividad minera y también contaba con un Código de procedimiento minero. Ahora, la ley de cierre de minas viene a completar esta política estatal, determinando qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente. Será confiar en la buena voluntad de las grandes mineras. 

“La proyección y el futuro de la actividad minera va a estar atada a esto, es decir, al éxito que pueda tener un plan de cierre al momento de hacerlo”, introduce Bilardo, recordando que en definitiva, son las comunidades las que otorgan “licencia social” y estas son las que tienen que tener la información fidedigna de cuál es la vida útil de un proyecto, cuáles son los avances en relación a la producción y las reservas.

“Pero también tienen que tener información de cuáles son los avances progresivos en relación a los pasivos ambientales, a las instalaciones, a las remediaciones que tienen que realizar, y a la posible reutilización de esas zonas en donde se lleva a cabo la actividad”, agregó el legislador.