En representación de Río Negro, la Fiscalía de Estado presentó formalmente la denuncia de competencia federal y se constituyó como querellante a raíz de los ataques incendiarios a las instalaciones del predio de Vialidad Rionegrina en Bariloche y la Oficina de Turismo de El Bolsón, "ambos ejecutados coordinadamente la misma noche y de confeso contenido violento e intimidatorio", se indicó en un parte oficial.
La denuncia hace referencia a lo ocurrido el pasado 3 de octubre, entre las 21:30 y las 23:30, oportunidad en la que un grupo de personas ingresaron por la fuerza a un predio de Vialidad, maniatando a sus ocupantes, para luego incendiar la casa que se utiliza como residencia y la maquinaria de trabajo. También se recordó que en el lugar dejaron panfletos con una amenaza a la gobernadora Arabela Carreras y a otras autoridades provinciales. La misma noche, desconocidos quemaron las oficinas de Turismo de la Provincia en la ciudad de El Bolsón, aunque en este caso, de acuerdo al informe policial, se encontró un bidón de plástico presumiblemente con combustible.
"La Provincia de Rio Negro sostuvo enfáticamente su vocación de respeto a la diversidad cultural y el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, en un todo de acuerdo con lo normado por la Costitucion Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho de Humanos. En tal sentido manifestó que el Estado Provincial dialoga institucionalmente con todas las comunidades en el marco del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de las tierras", explicó el comunicado que se dio a conocer este jueves (14/10).
En tanto, la Fiscalía de Estado sostuvo que el Estado no puede tolerar bajo ninguna de sus formas los actos de violencia, ni mucho menos "las organizaciones que procuran imponer sus ideas por medio del terror". Es que, detallaron, los hechos denunciados implican no sólo un ataque a la institucionalidad de la Nación y la Provincia, sino que además ponen en riesgo la convivencia social y la paz de todos los vecinos.
Además se consideró un "dato clave" la posterior difusión de un comunicado de un grupo identificado como “RAM-MAP- UAL Nahuelhuapikeche”, por medio del cual se reivindicaron los atentados ocurridos "mediante un mensaje intimidatorio y violento, que de modo alguno representa al Pueblo Mapuche y que deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal".
"La Provincia de Rio Negro sostiene que estamos frente a una organización cuyo objetivo es promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución Nacional, que procura imponer mediante la violencia y el terror sus ideas, apartándose radicalmente del acuerdo constitucional que nos vincula como hombres y mujeres en sociedad", agregaron en otro párrafo.
La Fiscalía de Estado enfatizó que la gravedad institucional de los hechos denunciados implican delitos de expresa e indisponible la competencia federal, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 213 bis del Código Procesal Penal, por lo que solicitó "una exhaustiva y esclarecedora investigación por parte de la Justicia Federal". |
