Este jueves, el Senado de la Nación tratará la prórroga de la ley 26.160, una normativa que establece la obligatoriedad de un relevamiento sobre las comunidades originarias del país, el reconocimiento y su acceso a la tierra. La ley, además, se transformó en una de las herramientas más importantes para las comunidades originarias, debido a que prohíbe los desalojos hasta que se efectivice dicho censo.
La misma vence este 23 de noviembre y por eso, no solo ha sido un tema a instalar por todas las comunidades del país, sino que se transformó en un tema trascendental a raíz del conflicto con la tierra en la provincia de Río Negro.
La prórroga será presentada por la senadora salteña, Nora Gímenez (Frente de Todos), y contaría con el aval de gran parte de la Cámara Alta, aunque no son pocos los legisladores que se mostraron distantes al proyecto luego de la escalada de violencia que se registró en la provincia que gobierna Arabela Carreras.
En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.
El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.
“Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, explicó la senadora Giménez durante el debate en comisión.
Además, uno de los motivos fundamentales que argumentan quienes aspiran a que la ley se prorrogue es que, todavía no se completó el relevamiento total sobre estas tierras y que “actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700”.
Su aprobación o no, tendrá un impacto directo con la situación en Río Negro, luego de que el gobierno de Carreras presentara una denuncia formal por “terrorismo” hacia un sector de las comunidades mapuches del sur, que habrían reivindicado una serie de ataques a espacios públicos.
Al mismo tiempo, una comunidad –Lof Quemquemtrew- de la Cuesta del Ternero, se encuentra a la espera de una resolución pacífica. La justicia prohibió el ingreso de alimentos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le pidió al Estado que “informe” sobre la situación en Río negro. |