9 de junio de 2026
COMPLICADA
Suman imputados y maniobras por más de $109 millones en la causa contra Gloria Ruiz
La fiscalía presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora de Neuquén y amplió la investigación por presuntas contrataciones irregulares en la Legislatura. La causa ya derivó en una condena y ahora incorpora nuevos imputados, empresas y hechos bajo análisis
La investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado que involucra a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, sumó nuevos capítulos luego de que la fiscalía ampliara las acusaciones y agregara cuatro nuevos imputados a una causa que ya acumula varias maniobras bajo análisis y un condenado.
Durante una audiencia realizada esta semana, el fiscal Juan Narváez presentó nuevos cargos contra Ruiz y amplió las imputaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez. Además, incorporó como imputados a S.R., P.A.S., P.S. y M.A.C.
El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves para que las defensas respondan a las acusaciones y para que la fiscalía incorpore un hecho adicional. Luego deberá resolver si avala la formulación de cargos y si redefine los plazos de investigación ante la ampliación del expediente.
La causa ya había tenido un avance significativo días atrás con la condena de Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes y hermano de la exvicegobernadora. El pasado 5 de junio reconoció su responsabilidad en maniobras de peculado y administración fraudulenta, en el marco de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.
Uno de los hechos centrales investigados está relacionado con la contratación de la firma Big Sur Marketing. Según la acusación, la empresa recibió una contratación directa por $45.012.000 mediante un mecanismo excepcional que no se ajustaba a los procedimientos previstos por la Ley Provincial 2141 de Administración Financiera.
La fiscalía sostiene que no existían razones que justificaran apartarse de los mecanismos ordinarios de selección y que la firma resultó beneficiada con una contratación irregular. Por ese motivo, el socio gerente de la empresa fue incorporado a la causa como presunto partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada.
Otra de las maniobras investigadas involucra 16 contrataciones para la provisión de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios por un monto total de $45.482.688. De acuerdo con la acusación, los trabajos eran realizados previamente y luego se iniciaban los trámites administrativos para regularizar las contrataciones y habilitar los pagos.
Según la fiscalía, ese esquema contó con la participación de funcionarios legislativos y permitió concretar contrataciones por fuera de los mecanismos establecidos por la normativa vigente. El proveedor beneficiado por esas contrataciones también fue incorporado a la investigación como nuevo imputado.
La tercera maniobra incorporada al expediente está vinculada al área de prensa de la Legislatura. La acusación sostiene que, luego de que un funcionario fuera dado de baja formalmente en abril de 2024, continuó desempeñando funciones como jefe de prensa y coordinador de las relaciones con medios de comunicación.
Para sostener esa situación, se habría utilizado un contrato de locación de servicios a nombre de su pareja. Según la investigación, la contratada figuraba como asesora de la Legislatura, pero nunca habría prestado los servicios por los que percibió pagos.
El Ministerio Público Fiscal afirmó que entre julio y noviembre de 2024 se transfirieron $19.503.000 por tareas que no fueron realizadas. La hipótesis es que esos fondos terminaron beneficiando indirectamente al exfuncionario, quien no podía ser contratado como proveedor estatal debido a las restricciones legales que pesan sobre exfuncionarios públicos.
Con esta nueva imputación, la fiscalía modificó los cargos contra Gloria Ruiz y amplió las acusaciones contra las exfuncionarias Ricchini y Sánchez. También incorporó como nuevos imputados a las dos personas vinculadas a esa contratación.
En total, las maniobras investigadas superan los $109 millones y, según el equipo de Delitos Económicos integrado por Narváez, Tanya Cid y Facundo Bernat, habrían ocasionado un perjuicio millonario al patrimonio provincial.
La decisión ahora queda en manos del juez Kees, quien deberá determinar si avala la ampliación de cargos y los nuevos hechos presentados por la fiscalía.