Los representantes del bloque Primero Río Negro en el Concejo Deliberante, Mónica Gunkel y Patricio Ñevin, apuntaron contra Daniel Hernández para que deje sin efecto la compra de inmuebles a una vendedora por $112.000.000 sin realizar ningún trámite licitatoria y sin una ordenanza que lo avale

Escándalo: denuncian por malversación de fondos al presidente del Deliberante

Un escándalo se suscitó en las últimas horas en la localidad de Campo Grande, provincia de Río Negro. Es que Mónica Gunkel y Patricio Ñevin, ediles del bloque Primero Río Negro en el Concejo Deliberante, apuntaron contra el presidente del cuerpo, Daniel Hernández para que deje sin efecto la compra de inmuebles a una vendedora por $112.000.000 sin realizar ningún trámite licitatorio y sin una ordenanza que avale lo propio.

Los ediles del bloque libertario se presentaron en la Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos y presentaron la denuncia por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Daniel Hernández, el titular del Concejo de Campo Grande.

La nota que presentaron se fundamenta en los siguientes puntos:

No existe norma jurídica que autorice la compra de un inmueble, como se solicita por el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal.

No existe norma jurídica que otorgue facultades al presidente del Concejo para la firma del convenio.

No existe norma jurídica que autorice transferencia de fondos públicos, transferencia que se ha realizado a la vendedora Sra. Vanesa Alejandra Sánchez, por la suma de $112.000.000.

Que la vendedora ha firmado convenio de venta sin contar con la documentación que legitime su carácter de vendedora. Que no cuenta con títulos de propiedad de los inmuebles que vendió al Municipio, sin documentación respaldatoria, que vendió terreros identificados con nomenclaturas que no existen ya que la mensura declarativa no se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Que en el Municipio no ha solicitado informes de dominio ni de inhibiciones por lo que se desconoce la capacidad jurídica para la venta de la vendedora, colocando al Municipio en indefensión.

Que el precio abonado es un disparate, y preocupante en cuanto el Municipio se comprometió a abonar la suma de $204.000.000 por una superficie (sumando la superficie de los lotes, los cuales no existen jurídicamente) de 5.448 metros cuadrados, cuando en la zona por una hectárea, equivalente a 10.000 metros cuadrados, rondan entre quince millones a veinte millones, por lo que es evidente que el precio es totalmente oneroso.

Por todo lo expuesto, le solicitamos que tenga bien proceder a dejar sin efecto la compra de los inmuebles antes denunciados y se solicita en forma urgente que la señora Sánchez proceda a la devolución de las sumas percibidas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes, en virtud de la gravedad de los hechos.

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