22 de noviembre de 2024
SANTA CRUZ
Asumió una nueva Defensora Pública Oficial de la Provincia
Romina Macnamara juró como letrada adjunta en la Defensoría Pública Nº 2 de Río Gallegos, en reemplazó de Camila Rumi, que fue apartada de su cargo por denuncias de violencia laboral
En un acto realizado en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la abogada Romina Macnamara juró como letrada adjunta de la Defensoría Pública Nº 2 de Río Gallegos. La ceremonia estuvo presidida por la Defensora General del TSJ, Dra. Romina Saúl, quien formalizó la incorporación de Macnamara a su nuevo rol en la capital santacruceña. Este nombramiento se produce tras la vacante dejada por la Dra. Eleonora Laura Villar, quien asumió esa misma mañana como letrada adjunta de la Fiscalía ante las Cámaras.
El Sindicato de Judiciales celebró la designación de Macnamara, destacando su compromiso social y sindical, así como su apuesta por construir espacios laborales eficientes, dignos y centrados en la atención a los más vulnerables, pese a haber sufrido persecución política. Además, el gremio aprovechó la ocasión para reiterar la necesidad de reforzar las Defensorías Públicas Oficiales mediante la designación de dobles letrados adjuntos y jefaturas de despacho, dado el volumen de expedientes y la carga laboral pendiente en el ámbito judicial de Santa Cruz.
La asunción de Macnamara se produce para reemplazar a la Dra. Camila Rumi, quien hasta hace poco ocupaba el cargo en la Defensoría Pública Nº 2. Rumi enfrenta ocho sumarios administrativos por presuntas faltas graves, incluidas denuncias de violencia laboral, persecución y malos tratos hacia los empleados. Estas acusaciones han derivado en licencias psiquiátricas de los trabajadores afectados y en un reclamo sostenido por parte del gremio para que se investiguen los hechos.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió suspender preventivamente a Rumi hasta la finalización del sumario en curso. Según se informó, la funcionaria habría presentado su renuncia como una estrategia para evitar enfrentar un jury de enjuiciamiento, procedimiento que debe ser habilitado por el TSJ tras una audiencia reglamentaria aún pendiente. Por otro lado, el proceso está influido por una medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, la cual dejó en suspenso la aplicación de la nueva ley que modifica la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, lo que mantiene al TSJ como la autoridad con potestad en la etapa inicial.