5 de agosto de 2026
UNA MAS
Chubut volvió a declarar la emergencia carcelaria por dos años ante la sobrepoblación
El Gobierno provincial oficializó la medida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Argumentó que persisten el hacinamiento y los problemas de infraestructura en los lugares de detención, mientras continúa el proceso para crear un servicio penitenciario autónomo
El Gobierno de Chubut declaró nuevamente la emergencia carcelaria en todo el territorio provincial por el plazo de dos años, al considerar que continúan las condiciones de sobrepoblación y las deficiencias edilicias en los establecimientos de detención. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1090, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida representa una continuidad de un esquema excepcional que rige desde 2018. La emergencia había sido establecida originalmente durante la gestión de Mariano Arcioni y luego fue prorrogada de manera sucesiva en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Ahora, la administración de Ignacio Torres resolvió extender ese marco por otros dos años.
Entre los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la situación penitenciaria sigue mostrando un exceso de internos respecto de la capacidad disponible y que las actuales condiciones de las unidades de detención hacen necesaria la continuidad de las medidas extraordinarias.
La decisión se apoya en informes elaborados por la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social del Ministerio de Seguridad y Justicia y por el Área Penitenciaria de la Policía del Chubut, donde se expone la presión que afronta el sistema para alojar a las personas privadas de la libertad tanto en el Instituto Penitenciario Provincial como en dependencias policiales que funcionan como unidades carcelarias.
El decreto también destaca que la Provincia mantiene inversiones destinadas a mejorar la infraestructura penitenciaria y que avanza en la conformación de un servicio penitenciario autónomo, con personal especializado y procesos de capacitación para profesionalizar la actividad.
Según el Gobierno, esas políticas buscan transformar el sistema penitenciario provincial y garantizar condiciones de habitabilidad acordes con los estándares de derechos humanos. Sin embargo, reconoce que las dificultades estructurales persisten y que todavía no fue posible revertir completamente el escenario que dio origen a la emergencia.
Otro de los aspectos incluidos en la norma es la convalidación de todas las decisiones administrativas adoptadas desde el vencimiento de la última prórroga, ocurrido el 17 de junio de este año, hasta la entrada en vigencia del nuevo decreto, con el objetivo de otorgar continuidad jurídica a las actuaciones realizadas durante ese período.