11 de agosto de 2026
RIO NEGRO
Nación se queda con el impuesto a los combustibles y condiciona el traspaso
El gobierno rionegrino no logra llegar a un acuerdo con la administración nacional para concretar el traspaso de tramos de las rutas 151 y 22. En medio de la negociación, se conoció que los fondos que recauda Nación para el mantenimiento de rutas, son derivados a sostener el superávit fiscal
La negociación entre el gobierno de Río Negro y el Gobierno nacional por el traspaso de algunos tramos de las rutas 151 y 22 en el Alto Valle, avanza sobre un terreno pantanoso. En la última reunión que mantuvieron funcionarios de ambas jurisdicciones, se plantearon algunos desacuerdos que todavía no se logran dirimir y dilatan la firma del acuerdo.
El gobierno de Alberto Weretilneck hizo algunos planteos que no cayeron del todo bien a Nación. Por ejemplo, propuso colocar controles de peso para evitar que los tramos arreglados se vuelvan a deteriorar. Pero esta medida es rechazada por Vialidad Nacional.
De hecho, hoy el Gobierno nacional oficializó la reestructuración del régimen de pesos y dimensiones para el transporte terrestre de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La medida se concretó mediante el Decreto 689/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli, sustituyendo el Anexo R del Decreto 779/95 que reglamenta la Ley de Tránsito tras tres décadas sin revisiones integrales.
Se trata de un decreto que beneficiará, entre otros rubros, a la industria hidrocarburífera con la autorización para trasladar camiones con mayor capacidad de tonelaje y con dimensiones especiales.
El el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, dijo días atrás que el gobierno central pretende transferir la totalidad de la traza sin enviar fondos, quedándose con la recaudación del impuesto al combustible, que es justamente el recurso destinado a la reparación vial.
A esta falta de financiamiento se le suma un obstáculo legal enorme, ya que existen seis contratos abiertos de larga data con Uniones Transitorias de Empresas (UTE). Cuatro de estos contratos están sobre la Ruta 22 entre Cervantes y Cipolletti, algunos con más de dieciocho años de antigüedad. Al estar judicializados o neutralizados, la provincia está legalmente impedida de ingresar con sus máquinas a reparar esos sectores sin autorización.
En declaraciones a Antena Libre, señaló que para destrabar la situación, Río Negro propuso hacerse cargo de dos contratos puntuales, como la rotonda de Choele Choel y un tramo de la 151, renegociando directamente con las empresas para reactivar las obras de forma rápida.
Sin embargo, las autoridades nacionales no solo evaden definir tiempos, sino que además exigen como condición insólita que la provincia retire los recursos de amparo colectivo que cuentan con sentencia firme por el estado de las rutas, algo a lo que el gobierno rionegrino se opone rotundamente.
La pretensión de los funcionarios rionegrinos es firmar un acta marco de traspaso de las dos rutas y avanzar en la toma de posesión de los tramos que no tienen contratos vigentes o están liberados, como por ejemplo Choele Choel- Río Colorado y Choele Choel- Chichinales, donde la provincia podría empezar a trabajar sin condicionamientos.
Por su parte, el Gobierno nacional pretende entregar un paquete cerrado con el tema legal sin resolver, se indicó desde la gestión provincial al diario Río Negro.
La mega obra que comprende un tramo de la ruta 22 desde Chichinales hasta Cipolletti, comenzó hace 18 años. El único tramo terminado es el que abarca desde Chichinales hasta Godoy, de 2 kilómetros de extensión. El segundo sector, entre Godoy y Cervantes, está terminado entre el 90 y el 100%. El tramo 3 estaba planificado entre Cervantes y J. J.Gómez, pero casi no tuvo movimientos por un amparo judicial que impulsó la municipalidad de Roca. El tramo 4 va de J.J. Gómez a Fernández Oro, y ni siquiera comenzó. En tanto, la Sección 5, entre Fernández Oro y el cruce con el acceso a la Isla Jordán, tiene un avance cercano al 80%.
Para las obras que tenga que realizar la provincia se gestiona un préstamo con Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata) por un monto estimado en unos 60 millones de dólares.
En este escenario, esta semana se conoció que la administración de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones mediante el impuesto a los combustibles, pero aplicó apenas una cuarta parte al mantenimiento de las rutas.
La admisión estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, en declaraciones a El Diario de La Pampa. Al ser consultado sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles en medio del marcado deterioro de los corredores nacionales, el funcionario argumentó: “Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, confirmó Ravier.