12 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
El peronismo mueve fichas contra las retenciones previsionales de Provincia
Mientras el conflicto por los descuentos sobre la coparticipación municipal escala, Unión por la Patria decidió avanzar por dos caminos: una iniciativa legislativa para establecer una moratoria, y una ofensiva judicial encabezada por el intendente Pablo Grasso para cuestionar la constitucionalidad de los descuentos
El enfrentamiento entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios por las deudas con la Caja de Previsión Social sumó un nuevo componente político. El peronismo resolvió desplegar una estrategia en dos planos simultáneos: llevar el debate a la Legislatura con un proyecto de regularización de las obligaciones previsionales y, al mismo tiempo, impulsar acciones judiciales para frenar las retenciones sobre la coparticipación municipal.
La ofensiva llega pocas semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la medida cautelar que impedía aplicar los descuentos previstos en la Ley Provincial 1782, habilitando nuevamente al Ejecutivo a retener recursos de los municipios que mantienen deudas con la Caja de Previsión Social.
Desde la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria María Agostina Mora presentó una iniciativa que busca modificar la forma en que la provincia aborda el cobro de esas obligaciones. La propuesta no cuestiona la existencia de las deudas ni plantea dejar de aportar al sistema previsional, sino que propone un esquema de regularización que permita compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones con la estabilidad financiera de las administraciones locales.
El proyecto establece la suspensión de las retenciones automáticas previstas en el artículo 22 de la Ley 1782 hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante ese período, los municipios podrían adherir a una moratoria para ordenar sus pasivos previsionales sin la aplicación de intereses, multas ni recargos.
Además, la iniciativa contempla que los fondos ya retenidos sean computados dentro del proceso de regularización y fija un plazo de 30 días para conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento. El objetivo es acordar un nuevo mecanismo de cumplimiento que resulte sostenible para todas las jurisdicciones.
Para Mora, el problema no radica en la obligación de cancelar las deudas, sino en el impacto que generan las retenciones sobre las finanzas municipales. La diputada sostiene que los descuentos directos sobre la coparticipación pueden comprometer el pago de salarios, la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento cotidiano de las localidades.
Mientras el frente legislativo busca abrir una instancia de negociación institucional, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, decidió avanzar por la vía judicial. El jefe comunal confirmó que presentará tres escritos dirigidos al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para cuestionar la legalidad de las retenciones y reclamar una definición sobre su constitucionalidad.
Grasso considera que los descuentos vulneran la autonomía municipal reconocida por la Constitución de Santa Cruz y advirtió que la reducción de recursos afecta la previsibilidad financiera del municipio. Según sostuvo, la continuidad de las retenciones podría poner en riesgo el pago de haberes y el sostenimiento de los servicios públicos que dependen de la administración local.
En paralelo a las presentaciones judiciales, el intendente inició una serie de recorridas por distintas áreas municipales para informar a los trabajadores sobre el conflicto. Allí planteó que la disputa excede a la gestión comunal y tiene consecuencias directas sobre los empleados municipales y los vecinos que utilizan los servicios públicos.
El escenario refleja una coordinación política dentro de Unión por la Patria frente a una de las principales controversias institucionales que atraviesa hoy Santa Cruz. Mientras el oficialismo provincial sostiene que las retenciones responden al cumplimiento de una obligación legal con la Caja de Previsión Social, el peronismo intenta trasladar la discusión hacia el impacto que esos descuentos tienen sobre la autonomía financiera de los municipios.
Con el proyecto de Mora ingresando al debate legislativo y las acciones judiciales impulsadas por Grasso, la disputa por los aportes previsionales comienza a desarrollarse en dos ámbitos distintos: el político y el judicial. Ambos tendrán ahora la tarea de definir hasta dónde puede llegar la provincia en el cobro de las deudas sin alterar el funcionamiento económico de los gobiernos locales.