13 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
Río Gallegos marchó contra las retenciones de la Provincia por la Caja Previsional
Trabajadores municipales se movilizaron junto al intendente Grasso para rechazar las retenciones sobre la coparticipación vinculadas a la deuda con la CPS. La comuna sostiene que está en juego la autonomía municipal, mientras la Provincia asegura que existen recursos suficientes para afrontar salarios y aportes
El conflicto por los aportes previsionales volvió a trasladarse este jueves a las calles de Río Gallegos. Trabajadores municipales marcharon junto al intendente Pablo Grasso y funcionarios del Ejecutivo local para rechazar las retenciones que la Provincia puede aplicar sobre los fondos de coparticipación y reclamar una solución institucional a una disputa que enfrenta desde hace meses al municipio con el Gobierno de Santa Cruz.
La movilización recorrió tres puntos clave de la capital provincial: el Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados. En cada uno de esos edificios se entregaron petitorios con distintos planteos vinculados al conflicto previsional.
La convocatoria reunió a empleados de diversas áreas municipales, que dejaron sus puestos de trabajo para participar de la protesta, aunque el municipio informó que se mantuvieron guardias en los servicios considerados esenciales. La marcha se desarrolló sin incidentes y sin identificación partidaria visible, con el objetivo de presentar el reclamo como una defensa de los recursos de la ciudad.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que el conflicto trasciende la discusión sobre el pago de salarios y está directamente relacionado con la autonomía financiera de los gobiernos locales. El jefe de Gabinete, Diego Robles, planteó que una nueva detracción sobre la coparticipación reduciría la capacidad del municipio para sostener servicios y administrar sus recursos.
El trasfondo de la disputa se encuentra en la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial 1782, que habilita un mecanismo de recupero de fondos destinados a la Caja de Previsión Social. La controversia se reactivó luego de que el Tribunal Superior de Justicia dejara sin efecto, semanas atrás, la medida cautelar que impedía al Ejecutivo provincial avanzar con esas retenciones.
La posición del municipio es que los descuentos sobre la coparticipación afectan la autonomía reconocida a las comunas y abren la puerta a una intervención administrativa sobre recursos que consideran propios. Por ese motivo, uno de los petitorios entregados al máximo tribunal provincial solicita una definición de fondo sobre el alcance de esas facultades.
La segunda presentación estuvo dirigida al gobernador Claudio Vidal. Allí el municipio pidió que el Ejecutivo provincial se abstenga de aplicar descuentos sobre los fondos que recibe Río Gallegos por coparticipación mientras continúa la discusión sobre el mecanismo de recupero.
El tercer planteo fue presentado en la Legislatura provincial y apunta a una salida de mayor alcance. La comuna impulsa una modificación de la ley de coparticipación primaria con la intención de establecer un nuevo esquema que evite conflictos de este tipo en el futuro.
Mientras el municipio sostiene que las retenciones comprometen su funcionamiento, la Provincia mantiene una posición diametralmente opuesta. El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, afirmó que las cuentas municipales muestran un margen suficiente para afrontar tanto el pago de salarios como las obligaciones previsionales y los gastos corrientes.
Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, Río Gallegos proyectó durante el primer semestre ingresos superiores a los 82.000 millones de pesos, mientras que la masa salarial rondó los 37.340 millones. De acuerdo con ese análisis, después de cubrir sueldos y contribuciones todavía existiría un margen superior a los 27.000 millones de pesos para el funcionamiento de la administración.
Verbes también insistió en que los aportes retenidos a los trabajadores no pertenecen al municipio ni a la Provincia, sino que corresponden al sistema previsional. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo provincial sostiene que el cumplimiento de esas obligaciones no puede quedar sujeto a decisiones financieras de cada comuna.
El funcionario también cuestionó la administración de esos recursos y planteó interrogantes sobre las razones por las cuales no fueron transferidos a la Caja de Previsión Social si, según la información oficial, el municipio cuenta con disponibilidad financiera suficiente para hacerlo.
La marcha profundizó una confrontación política e institucional que ya venía escalando en distintos frentes. En paralelo a la movilización, el peronismo impulsó iniciativas legislativas para suspender temporalmente las retenciones y establecer una moratoria destinada a regularizar las deudas previsionales de los municipios, mientras Río Gallegos mantiene abierta la vía judicial para discutir la constitucionalidad del mecanismo.
Con las presentaciones realizadas este jueves, el municipio buscó trasladar el conflicto a los tres poderes del Estado provincial. La resolución definitiva, sin embargo, sigue abierta: mientras la Justicia debe pronunciarse sobre el alcance del artículo 22 de la Ley 1782, la Legislatura comienza a debatir cambios normativos y el Gobierno provincial sostiene que continuará exigiendo el cumplimiento de las obligaciones con la Caja de Previsión Social.