19 de agosto de 2026
NEUQUEN
La Justicia confirmó el juicio contra Comarsa por contaminación peligrosa
La investigación por el basurero petrolero del Parque Industrial llegó a su fin y la causa quedó habilitada para un juicio ante un tribunal colegiado. Hay alrededor de un centenar de testigos aceptados y la Justicia deberá definir ahora la fecha del debate
La investigación por la contaminación generada en el predio que operaba Comarsa en Neuquén llegó a su etapa final y los tres acusados deberán enfrentar un juicio por contaminación peligrosa para la salud pública. La resolución se conoció luego de la última audiencia de control de acusación, en la que el juez de garantías Juan Manuel Kees rechazó el pedido de la fiscalía y las querellas para que el proceso se realizara mediante un jurado popular.
El debate será ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces o juezas. Kees consideró que la legislación no contempla la participación de jurados populares para este tipo de delitos, cuya pena máxima prevista es de diez años.
La causa tiene como acusados a quienes ocuparon los principales cargos de conducción de Comarsa durante los años investigados: el presidente y accionista mayoritario de la empresa, un director con funciones de administración y control y quien se desempeñó como gerente general y responsable técnico.
La acusación sostiene que, desde 2014, la empresa recibió en su predio del Parque Industrial de Neuquén un volumen de residuos petroleros superior a su capacidad de tratamiento comprometida con YPF. Esto habría generado una acumulación masiva de materiales sin procesar.
Según la teoría de la fiscalía, Comarsa además habría emitido certificados por tratamientos que no se habían realizado y cobrado por esos servicios. De acuerdo con la acusación, esa operatoria le permitió mantener contratos mientras se acumulaban los residuos y se dificultaban los controles sobre la actividad.
El Ministerio Público Fiscal también sostiene que la empresa debía trasladarse fuera del ejido urbano y avanzar con planes de cierre y remediación, pero continuó operando y recibió residuos pese a los incumplimientos señalados.
Durante el control de acusación, los tres imputados fueron sobreseídos del delito de administración fraudulenta que también había sido incluido inicialmente en la acusación. El proceso continuará únicamente por contaminación peligrosa para la salud pública, en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos y el Código Penal.
El juez aceptó además alrededor de un centenar de testigos para el futuro debate. Entre ellos se encuentran funcionarios de organismos ambientales de la provincia, autoridades municipales y especialistas vinculados con la gestión de los residuos
En cambio, quedaron afuera de la lista los exgobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez y el CEO de YPF, Horacio Marín, cuyos testimonios habían sido solicitados por una de las defensas. Kees consideró que sus aportes estarían vinculados con hechos públicos y notorios.
La situación del predio constituye uno de los puntos centrales de la acusación. En las 17 hectáreas del Distrito 6 se acumularon residuos petroleros que, según la fiscalía, todavía no permiten determinar con precisión el alcance de la contaminación. En excavaciones realizadas durante los trabajos de remediación se encontraron materiales peligrosos hasta 1,5 metros de profundidad.
El terreno, además, ocupa sectores donde la Municipalidad de Neuquén proyectaba calles y el tendido de servicios para un loteo de más de 400 parcelas. La presencia de residuos enterrados representa, según la acusación, un riesgo para las obras de infraestructura y para los futuros habitantes de la zona.
El juicio todavía no tiene fecha. La Oficina Judicial deberá definir cuándo comenzará el debate, aunque antes también deberá resolverse un planteo pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia.
Es que los tres imputados habían obtenido previamente una suspensión de juicio a prueba, pese a la oposición de la fiscalía y de las querellas. Esa decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal de Impugnación y ahora la Sala Penal del TSJ debe resolver el planteo de las defensas.
Las partes querellantes, entre ellas organizaciones ambientalistas y la APDH, habían reclamado que el caso fuera sometido a un jurado popular. Finalmente, el juez determinó que la causa deberá resolverse mediante jueces profesionales, aunque el proceso será oral y público y contará con la participación de las querellas y de los numerosos testigos habilitados.