20 de agosto de 2026
RIO NEGRO
Buscan bloquear celulares en las cárceles provinciales para evitar estafas y otros delitos
Legisladores del PRO reclaman a la gestión de Alberto Weretilneck que gesitone ante Nación la aplicación del procedimiento de detencción y bloqueos de dispositivos móviles en los establecimientos penintenciarios de la provincia.
Legisladores del PRO impulsaron un proyecto para que el Gobierno de Río Negro gestione ante Nación la aplicación del procedimiento de detección y bloqueo de celulares en los penales provinciales. La iniciativa, encabezada por Juan Martin y acompañada por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, apunta a que la provincia adhiera al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM.
Esa norma, publicada el 13 de agosto en el Boletín Oficial, extendió a las cárceles provinciales el sistema que ya funcionaba en los establecimientos federales. Las empresas de telefonía deberán bloquear el IMEI (identificación del equipo), el IMSI (de la tarjeta SIM) y la línea asociada cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación lo solicite, a pedido de las jurisdicciones que adhieran. El objetivo es cortar de raíz el uso de teléfonos para planificar estafas, coordinar bandas o ejecutar delitos desde las celdas.
“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, afirmó Juan Martin.
El reclamo no es abstracto. En julio, una investigación por una millonaria estafa telefónica a un jubilado de 72 años reveló que la organización operaba también desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma. Allí secuestraron seis celulares, varios con tecnología 5G.
El antecedente nacional y el primer paso provincial
El esquema arrancó en abril de 2026, cuando el Ministerio de Seguridad autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI (Resolución 336/2026). En mayo, el ENACOM lo reglamentó para las unidades federales (Resolución 300/2026). Con la 734/2026 se abrió la puerta a las provincias que decidan sumarse. El bloqueo no es automático: debe canalizarse a través del Ministerio de Seguridad nacional.
Córdoba ya dio el primer paso. El 18 de agosto el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, instruyó la adhesión inmediata al protocolo. La provincia busca impedir que se organicen delitos desde sus penales con la misma herramienta que ahora reclama el PRO rionegrino.
Desde el bloque recordaron que no se trata de un planteo nuevo. En 2025 presentaron el Proyecto de Ley N.º 429/2025 para instalar inhibidores de señal, prohibir el acceso de celulares a internos y disponer teléfonos públicos. Nunca fue tratado en comisiones. En 2026 insistieron con el Proyecto N.º 573/2026, que establecía que la privación de libertad incluye también la restricción digital. Tampoco avanzó.
“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, señaló Martin.
El nuevo proyecto pide al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en las cárceles rionegrinas y adopte las medidas tecnológicas necesarias.
“Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, concluyeron desde el PRO.