2 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
El Chaltén: Tico vetó la restitución de un terreno fiscal ligado a una funcionaria
El intendente dejó sin efecto la ordenanza que ordenaba reincorporar al Banco de Tierras Municipal una parcela de 800 metros cuadrados vinculada a la secretaria de Obras Públicas, Leticia Forto. El Ejecutivo sostuvo que el Concejo invadió facultades municipales y cuestionó la validez de la caducidad de la adjudicación.
El conflicto por una parcela fiscal de El Chaltén volvió a enfrentar al Ejecutivo municipal con el Concejo Deliberante. El intendente Néstor Tico firmó el Decreto N° 211/2026 y vetó de manera total la Ordenanza N° 296/2026, aprobada en agosto por los concejales para disponer la restitución al Banco de Tierras Municipal de un lote de 800 metros cuadrados vinculado a la secretaria de Obras Públicas y Urbanismo, Leticia Forto.
La parcela en cuestión es la N°4 de la Manzana N°10, Circunscripción III. La discusión gira alrededor de su situación administrativa luego de una decisión adoptada en 2019 por el Consejo Agrario Provincial, que declaró la caducidad de una adjudicación anterior y estableció que el terreno quedaba como fiscal y libre de adjudicación.
La ordenanza vetada había sido aprobada con los votos de Ignacio Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella. Los concejales oficialistas Carlos Ticó y Estefanía Leyes se pronunciaron en contra. La norma disponía que el predio fuera reincorporado al patrimonio administrado por el Banco de Tierras y también buscaba impedir nuevos trámites administrativos que pudieran beneficiar a Forto sobre esa parcela.
El Ejecutivo municipal fundamentó el veto en cuestiones de competencia y en la situación jurídica del terreno. Según los argumentos incluidos en el decreto, la administración del Banco de Tierras corresponde al intendente y el Concejo Deliberante no tendría atribuciones para ordenar directamente la restitución de una parcela, por lo que la ordenanza habría avanzado sobre facultades propias del Ejecutivo.
El decreto también cuestiona el procedimiento mediante el cual se declaró la caducidad de la adjudicación en 2019. El municipio sostiene que aquella decisión no habría sido debidamente notificada a los interesados y que, por ese motivo, no se encontraría firme. Desde esa interpretación, el terreno no podría ser considerado automáticamente como fiscal y disponible para su reincorporación al Banco de Tierras.
El antecedente al que se refiere el Ejecutivo es el Acuerdo N°098 del Consejo Agrario Provincial, fechado el 4 de diciembre de 2019. La medida había dispuesto la caducidad de la adjudicación previa, que había sido otorgada originalmente en 1999 por el organismo provincial. La situación posterior del lote es el punto que ahora enfrenta distintas interpretaciones entre el municipio y los concejales.
Moreno Hueyo, uno de los impulsores de la ordenanza, cuestionó el veto y sostuvo que el Ejecutivo está evitando recuperar un terreno que, según su interpretación, debería encontrarse nuevamente bajo administración municipal. El concejal también recordó que la Asesoría Legal del Concejo había dictaminado a favor de incorporar la parcela al Banco de Tierras.
El edil puso además el foco en la relación entre la situación del terreno y el cargo que ocupa Forto dentro del gobierno municipal. Planteó que debe aclararse qué actuaciones administrativas se realizaron en relación con la parcela y si existieron intervenciones de la funcionaria en expedientes vinculados con un interés propio sobre el predio.
La discusión incorpora así una cuestión de posible conflicto de intereses que Moreno Hueyo considera central. El concejal sostuvo que una persona que tiene responsabilidades en la administración del suelo urbano no debería intervenir simultáneamente en decisiones relacionadas con un terreno sobre el cual mantiene un interés particular. El Ejecutivo, en su decreto de veto, concentró sus fundamentos en las competencias municipales y en la situación administrativa de la parcela.
La controversia también expuso diferencias dentro del Concejo Deliberante. Moreno Hueyo cuestionó que algunos concejales que habían acompañado anteriormente reclamos vinculados con la restitución del terreno finalmente no respaldaran la ordenanza cuando llegó el momento de votar su aprobación. Esa diferencia de posiciones quedó reflejada en la votación de agosto.
La disputa tiene además una dimensión habitacional. El Banco de Tierras constituye uno de los mecanismos municipales destinados a administrar parcelas fiscales y atender la demanda de acceso a lotes. Para los concejales que promovieron la restitución, mantener el terreno fuera de ese circuito afecta las posibilidades de disponer de una parcela pública para futuros adjudicatarios.
El veto de Tico no cierra la discusión sobre el lote, sino que devuelve el conflicto al ámbito institucional entre ambos poderes municipales. El Concejo deberá definir ahora qué posición adopta frente al decreto y si existen mecanismos previstos por la normativa local para insistir con la ordenanza o avanzar por otra vía administrativa.
Mientras tanto, la situación jurídica de la parcela, el alcance de la caducidad dispuesta en 2019 y las competencias de cada organismo continuarán siendo los principales puntos de disputa. La definición tendrá incidencia sobre un terreno que permanece en el centro de una controversia política y administrativa dentro de El Chaltén.