7 de septiembre de 2026
NEUQUEN
Causa Viento Sur: extienden los embargos y la investigación se acerca al juicio
La medida alcanza tres inmuebles, cuatro vehículos y un plazo fijo de la cooperativa. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía formalizara la acusación contra ocho personas, entre las cuales se encuentran dos exministros, y pidiera avanzar hacia la etapa de juicio
La causa conocida como Viento Sur tuvo una nueva resolución en la Justicia neuquina. El juez de garantías Lucas Yancarelli dispuso prorrogar por seis meses las medidas cautelares patrimoniales que pesan sobre bienes vinculados a la cooperativa, luego del pedido realizado por la fiscal Rocío Rivero y acompañado por la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante.
La decisión se tomó en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, en la que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los riesgos procesales que habían fundamentado las medidas cautelares continúan vigentes y adquirieron mayor relevancia a partir del avance de la investigación. La Fiscalía ya formalizó la acusación contra los ocho imputados y solicitó que el expediente avance hacia la instancia de juicio.
Los bienes alcanzados por la resolución son tres inmuebles pertenecientes a la cooperativa Viento Sur, cuatro automotores bajo la modalidad de depósito judicial y un plazo fijo constituido con fondos provenientes de cuentas de la entidad. Las medidas tendrán una vigencia adicional de seis meses a partir del vencimiento de las cautelares anteriores.
Durante la audiencia, las defensas no se opusieron a la extensión de los embargos, aunque plantearon dudas sobre la situación de los vehículos. Rivero aclaró que los automotores continúan alcanzados por el embargo, pero que ya no permanecen secuestrados físicamente. De esta manera, la cooperativa puede utilizarlos para el traslado de alimentos destinados a comedores y para otras actividades comunitarias.
La resolución llega pocos días después de que la Fiscalía pidiera formalmente que se fije la audiencia de control de acusación, instancia en la que deberá discutirse la acusación presentada, la prueba que podrá incorporarse a un eventual debate oral y los planteos de las defensas. Por lo tanto, la causa atraviesa ahora una etapa diferente a la investigación inicial y se encamina hacia una definición sobre su llegada a juicio.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el expediente investiga un supuesto mecanismo de desvío de fondos públicos que habría funcionado durante 2022 y 2023. Los recursos habían sido asignados por el Estado provincial para financiar capacitaciones laborales destinadas a integrantes de organizaciones sociales, pero la Fiscalía sostiene que fueron utilizados para otros fines, entre ellos operaciones vinculadas con inmuebles, automotores y transferencias a cuentas particulares.
El perjuicio calculado por los investigadores asciende a $1.208.657.600 a valores históricos. La Fiscalía sostiene que los desembolsos continuaron pese a que la Contaduría General de la Provincia había emitido dictámenes desfavorables y formulado observaciones sobre la utilización de los fondos.
La acusación alcanza a ocho personas por el delito de administración fraudulenta. Entre ellas se encuentran los exministros de Desarrollo Social y Trabajo Abel Di Luca y Germán Chapino, señalados como coautores junto con otras tres personas. Los tres imputados restantes fueron acusados como partícipes necesarios, de acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Para la Fiscalía, los exfuncionarios habrían autorizado pagos mensuales a Viento Sur sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa y aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. Respecto de integrantes de la cooperativa, la acusación sostiene que habrían administrado los recursos con conocimiento de su destino específico y presentado documentación que no coincidía con movimientos bancarios, además de gastos duplicados y omisiones en las rendiciones.
La causa deberá atravesar ahora la audiencia de control de acusación, que será la instancia en la que se determinará qué elementos probatorios podrán llegar a un eventual juicio. La Fiscalía anticipó que cuenta con alrededor de 80 testigos para sostener su acusación si finalmente se abre el debate oral.