14 de septiembre de 2026
NEUQUEN
Reconocieron a una comunidad mapuche en medio de un conflicto judicial por tierras
El Gobierno provincial otorgó personería jurídica a la Lof Melo, que mantiene un litigio por el predio donde está asentada. El decreto fija como domicilio legal de la comunidad ese mismo lugar y se abren interrogantes de la manera en la que seguirá el proceso judicial
El gobierno de Neuquén otorgaron personería jurídica a la comunidad mapuche Lof Melo, ubicada en el paraje Paso Coihue, en el departamento Los Lagos. La decisión quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Neuquén.
El reconocimiento administrativo se produce mientras la comunidad atraviesa un conflicto judicial por las tierras donde reside. Según los antecedentes difundidos sobre el litigio, la ocupación del predio fue considerada ilegal por la Justicia, por lo que la resolución del Ejecutivo vuelve a poner el foco sobre la situación territorial.
Uno de los puntos que genera mayor atención es que el decreto establece como domicilio legal de la Lof Melo el predio ubicado en Paso Coihue, justamente el territorio que se encuentra involucrado en la disputa. Allí también se aprobó el estatuto comunitario y quedó formalizado el reconocimiento de la organización.
La documentación oficial sostiene que la comunidad acreditó su constitución y cumplió con los requisitos establecidos por la legislación vigente. El Ejecutivo encuadró la medida en la Constitución Nacional y Provincial, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 23.302, el Código Civil y Comercial y el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Provincia.
El trámite administrativo había comenzado varios años atrás. La comunidad presentó actas constitutivas de 2014 y posteriormente actualizó su documentación y autoridades en agosto de 2026. Finalmente, la Inspección Provincial de Personas Jurídicas consideró que no existían impedimentos legales para avanzar con el reconocimiento.
La medida, sin embargo, se da en un escenario judicial todavía abierto. El principal interrogante pasa ahora por cómo quedarán articuladas ambas situaciones, especialmente si la Justicia dispone alguna medida sobre el territorio en disputa.
En ese escenario aparece además el rol de la Policía de Neuquén, que depende del Poder Ejecutivo provincial. Si eventualmente se ordenara un desalojo, la Provincia debería definir cómo compatibilizar la decisión judicial con el reconocimiento administrativo que acaba de otorgarle a la comunidad.