17 de septiembre de 2026
ALIVIO
La Legislatura aprobó el plan de Chubut para familias endeudadas y trabajadores
La norma crea un esquema para facilitar la cancelación o refinanciación de deudas de tarjetas y préstamos personales, con una tasa nominal máxima del 35%, y establece un límite del 25% para las deducciones voluntarias sobre los salarios
La Legislatura del Chubut convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que crea un sistema de protección y facilidades para personas en situación de vulnerabilidad financiera. La norma establece un programa para cancelar o refinanciar determinadas deudas y fija un límite para los descuentos voluntarios sobre los salarios.
El proyecto, identificado como Ley N° 103/2026 durante su tratamiento legislativo, fue aprobado este jueves después de un análisis que incluyó el trabajo conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Cultura y Educación. Antes de la votación, los legisladores recibieron al asesor General del Gobierno, Emiliano Chialva, y al presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, quienes explicaron los alcances de la propuesta.
Uno de los componentes centrales de la nueva norma apunta a personas que tengan compromisos financieros derivados de tarjetas de crédito y préstamos personales y que cumplan con las condiciones previstas. Para esas situaciones se habilita un esquema de nuevos créditos destinados a cancelar o refinanciar las obligaciones, con una tasa nominal máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses.
El Banco del Chubut será una de las entidades participantes y el régimen también permitirá la incorporación de otras instituciones financieras y proveedores no financieros. Durante el debate, además, se modificó el artículo 7 para establecer el mecanismo mediante el cual esas entidades podrán adherir al programa ante la autoridad de aplicación.
La ley incorpora también un incentivo para las entidades que otorguen los préstamos bajo las condiciones establecidas: una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses correspondientes a esas operaciones. El beneficio queda vinculado exclusivamente a los créditos comprendidos en el programa.
El segundo eje está relacionado con las deducciones voluntarias que se realizan sobre los haberes. La norma fija un máximo del 25% del salario bruto para este tipo de descuentos y establece que, una vez aplicadas las deducciones alcanzadas por el régimen, el trabajador debe conservar como mínimo un ingreso equivalente a un salario mínimo.
El límite no comprende descuentos de carácter obligatorio, como los correspondientes a jubilación y obra social, ni embargos o deducciones que tengan origen en decisiones judiciales. La distinción fue uno de los puntos analizados durante el tratamiento del proyecto, especialmente por las dudas planteadas respecto de cómo se articula el nuevo esquema con otras obligaciones que afectan los ingresos.
Desde el oficialismo provincial, Luis Juncos y Sonia Cavagnini, ambos de Despierta Chubut, defendieron la norma como una herramienta para ordenar las obligaciones financieras de trabajadores, jubilados y personas con ingresos más bajos. Juncos remarcó que el objetivo no es presentar la ley como una solución definitiva al endeudamiento, sino generar instrumentos para atravesar la situación y evitar una mayor presión sobre los ingresos.
El acompañamiento opositor estuvo acompañado de distintos reparos. Vanesa Abril, de Arriba Chubut, respaldó la iniciativa pero marcó que el mecanismo aprobado funciona principalmente como una herramienta de refinanciación y acompañamiento, y no como un programa que elimine las deudas existentes. También valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario.
Emanuel Coliñir, también de Arriba Chubut, planteó una discusión más amplia sobre el origen del endeudamiento. El legislador sostuvo que las dificultades para afrontar el costo de vida llevan a numerosas familias a recurrir al financiamiento mediante tarjetas y préstamos, por lo que consideró que una recomposición de los ingresos tendría un efecto más directo sobre el problema. Su propuesta para modificar el procedimiento de adhesión de entidades financieras fue incorporada al texto.
Andrea Toro, del Partido Independiente del Chubut, concentró sus observaciones en el límite del 25% para las deducciones voluntarias. Su cuestionamiento estuvo relacionado con que el porcentaje se calcula sobre el salario bruto y no sobre el monto efectivamente percibido por el trabajador. También planteó precisiones sobre la convivencia de este régimen con embargos y cuotas alimentarias. Acompañó el debate, pero se abstuvo en la votación.
El único rechazo correspondió a Juan Aquino, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Su argumento se centró en que la ley actúa sobre las consecuencias financieras del endeudamiento sin modificar las condiciones económicas que, según su planteo, llevan a las familias a recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos.
Con la aprobación legislativa, Chubut tendrá ahora un esquema específico para intervenir sobre dos situaciones diferentes: las deudas financieras que puedan ser refinanciadas bajo las condiciones previstas y el nivel de descuentos voluntarios que puede afectar los salarios. La implementación del programa dependerá de la autoridad de aplicación, de la adhesión de las entidades y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la nueva ley.