El conflicto por el patrimonio de Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, pasó a la Justicia. Bryan Seaver, sobrino de la artista y responsable de su seguridad durante más de dos décadas, enfrenta una orden de restricción temporal pedida por quienes administran sus negocios.
Según la denuncia, Seaver habría iniciado una “campaña de amenazas, intimidación y coacción” semanas antes de la muerte de su tía, cuando sospechó que su estado de salud podía ser irreversible.
El 22 de septiembre, un tribunal le impidió acercarse a las oficinas de Nashville e interferir en los negocios del patrimonio.Los documentos atribuyen a Seaver mensajes como: “Busco venganza por mi gente durante los próximos 50 años. No tengo deudas. Solo tengo espadas y pistolas”. En otro escrito se habría definido como “un asesino” y habría dicho: “Lo único que hago es la guerra… Todos deberían preocuparse por lo que pueda hacer”. También habría afirmado haber vendido “municiones y armas por valor de 27 millones de dólares a la policía haitiana” el día en que murió Parton.
She’s Alive, LLC, la compañía que administra los intereses comerciales de la artista, sostiene que varios empleados renunciaron o “huyeron” por temor a represalias. Reclama que se le impida interferir y pide daños compensatorios y punitivos.
Seaver niega que sus mensajes sean amenazas. Dijo que fueron sacados de contexto, que hablaba en privado y en duelo, y que mantiene “la mayoría” de sus comentarios. Él y su equipo afirmaron estar “consternados” por el despido y se dijeron decididos a “cumplir su última voluntad de proteger a su familia”.
En disputa está una fortuna estimada en unos 450 millones de dólares y, sobre todo, el control de la marca, las propiedades y los derechos que Parton construyó durante décadas.