24 de septiembre de 2026
VIEDMA
Tensión por un pedido de Castro para extender el mandato del Defensor del Pueblo
El intendente envió un proyecto para extender “de manera excepcional” por un año el mandato a Marín Pérez Morando, que se tratará este viernes. Pero el presidente del Concejo, Pedro Bichara, habilitó un concurso para tramitar su reemplazo
El intendente de Viedma, Marcos Castro, presentó un proyecto para extender el mandato del actual Defensor del Pueblo municipal, Marín Pérez Morando, una iniciativa que causó malestar en un sector de los concejales.
La propuesta, firmada por el intendente Marcos Castro y la jefa de Gabinete y Gobierno, María Eugenia Serra, plantea una disposición transitoria y por única vez para modificar la fecha de cierre del mandato vigente, con el fin de extenderla hasta el 30 de noviembre de 2027.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que no se trata de una reelección ni de una prórroga ordinaria, sino de una adecuación excepcional del calendario institucional de la Defensoría del Pueblo.
El proyecto de Castro surge en pleno proceso de renovación de autoridades en la Defensoría del Pueblo. De hecho, el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, habilitó un concurso para tramitar su reemplazo, como indica la Carta Orgánica Municipal.
El expediente impulsado por el intedente ya tuvo despacho en la Comisión de Gobierno, donde los concejales que la integran votaron a favor de la iniciativa. Acompañaron el proyecto María Elena Andría (Cambia Río Negro), Natalia Macri y Luciano Ruiz (JSRN), Silvina Franco (Primero Río Negro) y Julián Algañaraz (Vamos con Todos).
Luego, en la reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque definieron que el proyecto sea incorporado al temario de la sesión de este viernes. Allí votaron a favor del tratamiento Luciano Ruiz, Julián Algañaraz y María Elena Andría. En cambio, Vanessa Cacho Devincenzi (Patria y Futuro) y Silvina Franco votaron en contra.
Según publica La Palabra Diario, el dato político llamativo fue el cambio de postura de Franco, quien había acompañado la iniciativa en la Comisión de Gobierno, pero luego rechazó su tratamiento en labor parlamentaria. Ese movimiento dejó expuesta una diferencia en el recorrido interno del expediente antes de su llegada al recinto.
En los fundamentos del texto, el Ejecutivo recuerda que la Defensoría fue creada en 2017 mediante la Ordenanza Nº 7835, con el objetivo de defender, proteger y promover derechos humanos, garantías e intereses legítimos individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, sus entes, organismos y dependencias descentralizadas.
La misma normativa establece que el mandato del Defensor o Defensora del Pueblo tiene una duración de cuatro años, computados desde el día en que la persona electa presta juramento. También fija la obligación de presentar un informe anual durante noviembre ante el Concejo Deliberante, en una sesión especialmente convocada para ese fin.
El proyecto también incorpora como fundamento una circunstancia vinculada al estado de salud de Pérez Morando, que a principio de agosto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una patología cardíaca. Según el texto enviado al Concejo, esa situación le impediría, en las condiciones actuales, realizar la exposición y defensa final de su gestión ante el cuerpo deliberativo, tal como exige la ordenanza vigente.
Por ese motivo, el Ejecutivo considera “jurídicamente razonable” establecer, por única vez y con carácter transitorio, el 30 de noviembre de 2027 como nueva fecha de finalización del mandato. La propuesta afirma que así se resguardaría el derecho del funcionario saliente a presentar su informe y el acceso de la ciudadanía a esa información.
Otro argumento apunta al calendario electoral. El Ejecutivo advierte que el proceso de selección de la Defensoría podría superponerse con la discusión política por la futura composición del Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas. Por eso, plantea que correr los plazos permitiría separar la elección del órgano de control del debate partidario.
La iniciativa también menciona que en 2027 deberá desarrollarse el proceso de selección del nuevo Juez de Faltas Municipal, por lo que el corrimiento generaría, según el Ejecutivo, mayor eficiencia administrativa e institucional.