8 de octubre de 2026
REFORMA
Río Negro oficializó la libre elección de obra social para estatales de la provincia
La Ley 5898 fue promulgada por Alberto Weretilneck y modifica el régimen del IProSS. Los trabajadores podrán derivar sus aportes a otra cobertura, con condiciones y exclusiones
El Gobierno de Río Negro oficializó los cambios en el régimen de la obra social estatal y habilitó un nuevo escenario para los empleados públicos provinciales y municipales. La Ley 5898 se publicó este jueves en el Boletín Oficial, tras ser promulgada mediante el decreto 920/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck. La norma establece la libre elección de cobertura médica para los afiliados obligatorios que decidan dejar el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IProSS).
La reforma modifica la ley K 2753 y mantiene al organismo como una entidad autárquica, con autonomía financiera y a cargo de un seguro integral de salud. Sin embargo, incorpora un mecanismo para que los trabajadores en actividad y los jubilados comprendidos en el régimen puedan derivar sus aportes personales a otra obra social o prepaga, bajo determinadas condiciones.
El nuevo artículo 3 bis establece que la opción alcanza tanto al titular como a su grupo familiar primario. La decisión es individual, pero comprende a todos los integrantes de la familia incluidos en la cobertura, por lo que no será posible cambiar de prestador únicamente para el titular. Una vez presentada la solicitud, el cambio comenzará a regir el primer día del segundo mes siguiente.
Quienes ejerzan ese derecho deberán permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida. Cumplidos 36 meses desde la primera opción, podrán solicitar el regreso al IProSS como afiliados obligatorios, sin períodos de carencia. También se contempla la reincorporación automática si la cobertura elegida deja de funcionar, rescinde el vínculo o pierde capacidad para brindar prestaciones por causas no atribuibles al afiliado.
La ley establece, además, que antes de iniciar el trámite el IProSS deberá informar de manera fehaciente las condiciones de cobertura que se abandonan, los plazos de permanencia y los requisitos para regresar. Los tratamientos médicos en curso continuarán a cargo del instituto hasta la entrada en vigencia de la opción y deberán tener continuidad con la nueva entidad. Las deudas pendientes entre el afiliado y el organismo no quedarán anuladas por el cambio.
La posibilidad de elegir otra cobertura tampoco será universal. Quedan excluidos los cargos electivos, las designaciones políticas, los magistrados y funcionarios judiciales, además de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, los organismos de control y las empresas estatales. A su vez, si la cuota o los aranceles de la cobertura seleccionada superan el aporte personal transferido, la diferencia deberá ser afrontada por el afiliado.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el destino de los recursos. El 100% del aporte personal se transferirá a la cobertura elegida: el 4% del salario para los trabajadores activos y el 5,5% para los pasivos. En cambio, el aporte patronal del 7% permanecerá íntegramente en el IProSS y no podrá derivarse a otras entidades. La ley distribuye esos fondos entre programas de oncología y planes especiales, discapacidad, prestaciones especiales, prótesis, farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.
La implementación todavía requiere pasos administrativos. El Poder Ejecutivo cuenta con 120 días desde la publicación para reglamentar la ley, mientras que el IProSS deberá establecer el procedimiento y podrá firmar convenios con las entidades habilitadas. Para los jubilados cuyos haberes sean liquidados por un organismo previsional nacional, el ejercicio de la opción quedará sujeto a la firma de un convenio con esa institución.
Weretilneck había presentado la iniciativa en septiembre como una forma de introducir competencia en el sistema y generar incentivos para mejorar las prestaciones. La titular del IProSS, Ivana Porro, rechazó que la reforma implicara un desfinanciamiento o una privatización y sostuvo que el desafío del organismo será sostener su afiliación a partir de la calidad de los servicios. Durante el debate legislativo, el proyecto fue aprobado en general por 35 votos contra 9, aunque el rechazo fue mayor en artículos vinculados con la libre elección y el destino de los aportes.