16 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
Península de Magallanes: ordenan frenar las inscripciones de terrenos vendidos
La Justicia Federal de Río Gallegos dispuso que no se registren transferencias ni nuevos derechos sobre dos parcelas mientras se define qué tribunal intervendrá en el amparo. La operación fue exceptuada por un decreto del gobierno de Claudio Vidal y es cuestionada por legisladores provinciales por la derogación de la Ley de Tierras Rurales
La venta de terrenos en la Península de Magallanes sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Federal de Río Gallegos ordenó preservar la situación registral de dos parcelas vinculadas a la operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., mientras remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución dispone que el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz se abstenga de inscribir transferencias de dominio, cesiones o constituciones de derechos reales sobre los terrenos. La medida busca evitar cambios registrales mientras se determina qué tribunal deberá intervenir en el amparo presentado contra la operación.
Los inmuebles están ubicados en el departamento Lago Argentino, dentro del área de Península de Magallanes. Se trata de dos parcelas identificadas como G2, de unas 11 hectáreas, y G3, de aproximadamente 9 hectáreas, inscriptas bajo las matrículas dominiales 6548 y 6549.
El fallo no suspende el decreto provincial que habilitó la operación ni ordena paralizar materialmente el proyecto. Su alcance es preventivo y se limita a impedir nuevas inscripciones sobre los terrenos hasta que se resuelva la cuestión de competencia y, eventualmente, el pedido de una medida cautelar.
El amparo fue presentado por los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). Los demandantes cuestionan la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023 y la excepción que otorgó la Provincia para concretar la venta.
El planteo apunta contra el Decreto provincial 915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes. La norma exceptuó de manera extraordinaria la operación entre Lacustre del Sud y ASB Hospitality Calafate de las restricciones previstas por el Decreto provincial 994/2017.
Los legisladores sostienen que la Ley de Tierras Rurales debía considerarse vigente durante la tramitación administrativa y cuestionan que se haya autorizado la operación sin determinadas intervenciones ambientales y de seguridad de fronteras. También plantean que la derogación dispuesta por el Gobierno nacional excedió sus facultades constitucionales.
Otro de los puntos señalados es que la sociedad compradora tiene como accionista única a ASB Hospitality LLC, constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Para los demandantes, la operación debe analizarse a la luz de las restricciones sobre el dominio extranjero de tierras rurales y de las particularidades ambientales y territoriales de la zona.
El juzgado federal se declaró incompetente al considerar que el caso involucra tanto al Estado nacional como a la Provincia de Santa Cruz y a las empresas que participaron de la operación. Por ese motivo, entendió que corresponde la intervención originaria de la Corte Suprema.
La resolución también señaló que la Provincia, Lacustre del Sud, como titular y vendedora de los terrenos, y ASB Hospitality Calafate, como compradora, deben integrar el proceso para que una eventual sentencia pueda alcanzar a todas las partes involucradas.
Por ahora, la Justicia no resolvió si corresponde declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 ni si la excepción provincial se ajusta a derecho. Esas cuestiones, al igual que la medida cautelar solicitada por los demandantes, quedaron pendientes de análisis.
La Corte Suprema deberá definir primero si acepta intervenir en el expediente. Mientras tanto, las dos parcelas permanecerán bajo la restricción registral dispuesta por el juzgado federal, en una causa que pone bajo discusión el alcance de las normas sobre tierras rurales y la autorización concedida por el gobierno santacruceño.