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Motosierra con deuda: Milei ajusta al Estado, pero toma crédito del BID para “reordenar” el empleo público
Mientras el Gobierno profundiza el ajuste sobre la administración pública y relanza retiros voluntarios para achicar personal, avanza al mismo tiempo con un millonario crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La paradoja es evidente: se endeuda al país para financiar la reforma de un Estado que dice querer destruir.
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El discurso de Javier Milei contra el Estado y los empleados públicos volvió a mostrar, una vez más, una contradicción difícil de disimular. Por un lado, el Gobierno nacional acaba de lanzar un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores estatales, en línea con su política de recorte, ajuste y reducción de la planta pública. Por otro, avanza con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado, justamente, a financiar la “modernización” de la administración pública y el reordenamiento del empleo estatal.
La postal es tan clara como incómoda: la gestión libertaria insiste en que el Estado es una maquinaria ineficiente, sobredimensionada y plagada de privilegios, pero al mismo tiempo recurre a financiamiento internacional para intervenir sobre esa misma estructura. Es decir, toma deuda para achicar el Estado.
💸 El Gobierno nacional gestiona un préstamo de hasta US$ 300 millones con el BID para financiar su programa de transformación del Estado, que incluye retiros voluntarios para unos 21.187 trabajadores de la Administración Pública Nacional. ATE denunció que el esquema es ilegal y Rodolfo Aguiar lo resumió así: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”. https://t.co/gt4yj3ad0f
— Grupo La Tecla (@grupolatecla) October 21, 2026
El programa en cuestión contempla 300 millones de dólares, dentro de una línea más amplia, y una parte sustancial de esos fondos —unos 220 millones de dólares— está vinculada a acciones relacionadas con la gestión del empleo público, los procesos administrativos y la reorganización del funcionamiento estatal. En otras palabras, el Gobierno no sólo ajusta: además necesita respaldo externo para ejecutar ese ajuste.
La contradicción se vuelve todavía más fuerte con el anuncio reciente del retiro voluntario. Hace apenas dos días, la Casa Rosada volvió a poner en marcha un esquema para promover la salida de trabajadores estatales, bajo el argumento de reducir costos y “eficientizar” el aparato público. Pero si la meta oficial es achicar el gasto y aliviar las cuentas fiscales, surge una pregunta inevitable: ¿por qué endeudarse para hacer precisamente eso?
La explicación oficial apelará, seguramente, a la idea de una transición ordenada, al financiamiento de reformas estructurales o a la necesidad de contar con herramientas para transformar la administración. Sin embargo, el problema no es solamente técnico. Es, sobre todo, político y discursivo. Porque Milei construyó buena parte de su identidad sobre la promesa de pasar la motosierra por el Estado, combatir a “la casta” y terminar con los supuestos privilegios del sector público. Pero cuando llega la hora de ejecutar esa poda, aparece el auxilio de organismos internacionales y el recurso clásico de la deuda.
En ese marco, el retiro voluntario no aparece como una medida aislada, sino como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del empleo estatal. El interrogante es qué ocurrirá detrás de esa narrativa de “modernización”: si se trata de una mejora real en el funcionamiento de la administración o de un simple maquillaje técnico para profundizar el desguace.
También se abre otra discusión de fondo: quién paga el costo de esta reforma. Porque mientras se alienta la salida de trabajadores y se demoniza al empleo público, el Estado nacional compromete recursos futuros en nombre de una transformación que todavía no muestra con claridad cuáles serán sus resultados concretos. El ajuste se aplica hoy, pero la deuda queda para mañana.
Así, el Gobierno vuelve a exhibir una lógica conocida: condena al Estado en el discurso, pero lo administra con herramientas tradicionales; desprecia a los empleados públicos, pero destina millones a rediseñar su estructura; promete ahorro, pero suma compromisos financieros. En síntesis, la motosierra también se financia.
Y allí radica el núcleo de la contradicción. Milei no sólo ajusta. Milei ajusta endeudándose. Y en esa ecuación, los empleados públicos quedan una vez más en el centro de una política que los señala como parte del problema, mientras utiliza recursos extraordinarios para reformular su lugar dentro del propio Estado.
💸 El Gobierno nacional gestiona un préstamo de hasta US$ 300 millones con el BID para financiar su programa de transformación del Estado, que incluye retiros voluntarios para unos 21.187 trabajadores de la Administración Pública Nacional. ATE denunció que el esquema es ilegal y Rodolfo Aguiar lo resumió así: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”. https://t.co/gt4yj3ad0f
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