22 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
La prórroga petrolera cayó en la Legislatura entre reclamos sindicales y cruces políticos
La Cámara de Diputados rechazó la continuidad de la herramienta impulsada por el Ejecutivo. La protesta del SIPGER, las objeciones de la oposición y las respuestas del Ministerio de Energía atravesaron el debate
La extensión de la Emergencia Hidrocarburífera provocó un debate político y sindical en la Legislatura de Santa Cruz, donde el proyecto terminó enviado a archivo con 21 votos. La sesión del jueves 22 de octubre estuvo atravesada por la movilización del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), las objeciones del diputado y exgobernador Daniel Peralta y la defensa de la política energética provincial por parte del ministro Jaime Álvarez.
La iniciativa buscaba prolongar una herramienta creada para afrontar las consecuencias de la salida de YPF de las áreas convencionales, entre ellas la caída de la actividad y la pérdida de puestos laborales. La Ley Provincial 3914 contemplaba beneficios fiscales y reducciones de regalías para las operadoras, sujetos a compromisos de inversión, producción y empleo. Sin embargo, la propuesta de extender la emergencia no consiguió respaldo legislativo y quedó archivada.
En las afueras del edificio legislativo, el SIPGER mantuvo una protesta durante la jornada, con la presencia de su secretario general, Rafael Güenchenen, y de los dirigentes Nallib Rivera y Carlos Monsalvo. El sindicato cuestionó la continuidad de un régimen que, según sostuvo, no produjo los resultados esperados durante su vigencia. Monsalvo rechazó que la movilización respondiera a intereses partidarios y afirmó que fue organizada por la conducción gremial.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apuntó a la falta de una comisión de seguimiento que debía reunir al Gobierno, las empresas y los representantes de los trabajadores. Según el gremio, ese ámbito había sido anunciado durante la primera prórroga, pero nunca llegó a constituirse. También planteó que las dificultades de la actividad ya no se limitan a la zona norte, sino que alcanzan a la cuenca austral, donde las condiciones de mercado y la incertidumbre sobre las inversiones afectan al sector.
Dentro del recinto, Peralta cuestionó los fundamentos y el procedimiento elegido para extender la emergencia. El exgobernador recordó que la ley original había sido aprobada por unanimidad y sostuvo que el Ejecutivo debía presentar previamente los informes y antecedentes que justificaran la continuidad de las facultades excepcionales. También criticó que el gobernador Claudio Vidal no hubiera convocado a sesiones extraordinarias para explicar la necesidad de la prórroga.
“La producción está en picada de petróleo y gas”, afirmó Peralta, al advertir sobre el efecto de la caída de la actividad en las regalías provinciales y en las pequeñas y medianas empresas vinculadas con los yacimientos. El diputado también comparó la situación santacruceña con los anuncios de inversiones energéticas en Chubut y cuestionó que la provincia no hubiera presentado resultados equivalentes. Sobre el tratamiento legislativo, sostuvo que no estaba dispuesto a aprobar la iniciativa sin contar con la documentación correspondiente.
Álvarez defendió la actuación de su cartera y respondió a los cuestionamientos sobre el acceso a la información. El ministro aseguró que los actos administrativos se publican digitalmente en el Boletín Oficial y afirmó que los requerimientos de los legisladores fueron respondidos. También manifestó su apoyo a la conformación de comisiones de seguimiento, uno de los puntos señalados durante el debate. La discusión incluyó así tanto la utilidad de la emergencia como los mecanismos de control sobre las decisiones y los compromisos asumidos por las operadoras.
Tras el pase a archivo, Güenchenen reclamó que los planes de inversión de las compañías se discutan públicamente en la Legislatura y que los trabajadores participen de esas instancias. El dirigente sostuvo que las empresas deben exponer sus compromisos ante los diputados y pidió que la recuperación de los yacimientos no quede sujeta a decisiones individuales. Además, defendió el potencial productivo de Santa Cruz y rechazó que la madurez de los campos convencionales sea un argumento para postergar inversiones.
El secretario general también se refirió al conflicto laboral de Interlagos y advirtió que el sindicato enfrentará nuevos despidos. La organización reiteró, además, su exigencia de que las renovaciones o extensiones de concesiones hidrocarburíferas y mineras estén condicionadas a la incorporación del 100% de personal santacruceño en las operaciones desarrolladas dentro de la provincia, con mecanismos de acreditación y control.
El archivo pone fin al tratamiento de la propuesta actual, pero no impide que pueda presentarse una nueva iniciativa. La decisión tampoco resuelve por sí misma las dificultades productivas y laborales del sector. La discusión sobre inversiones, recuperación de la producción, regalías y empleo continuará abierta, mientras el Gobierno provincial deberá definir cómo avanzar con su política hidrocarburífera sin la prórroga que buscaba aprobar en la Cámara.