30 de octubre de 2026
NEUQUEN
La Justicia volvió a anular una reunión del PJ y se profundiza la crisis del partido
Por segunda vez en pocas semanas, el juzgado electoral dejó sin validez las decisiones de un encuentro del Consejo Provincial. Las fallas en las grabaciones y las diferencias por el orden de sucesión mantienen trabada la reorganización partidaria, mientras se acerca el calendario electoral de 2027
La interna del Partido Justicialista de Neuquén sumó otro revés judicial y volvió a dejar en suspenso la definición de sus autoridades. El juez federal subrogante Gustavo Villanueva declaró inválidas las decisiones adoptadas durante una reunión virtual del Consejo Provincial realizada el 13 de octubre, al detectar irregularidades en el registro audiovisual y en la documentación presentada por el partido.
Se trata del segundo encuentro que la Justicia electoral deja sin efecto en pocas semanas. El antecedente inmediato fue la reunión del 24 de septiembre, en la que se había designado a Lucas Riquelme al frente del PJ, luego de la suspensión de José “Turco” Asaad. Ahora, el nuevo fallo vuelve a complicar la reorganización interna y reabre la disputa por quién debe quedar al frente de la estructura partidaria.
El conflicto tiene como protagonistas a dos sectores enfrentados del peronismo neuquino: por un lado, el espacio vinculado al exsenador Oscar Parrilli y, por otro, la conducción que surgió de las elecciones internas de marzo, con referentes cercanos al gobierno provincial. En el centro de la discusión está el mecanismo de sucesión yel lugar que debe ocupar Anahí Valdez, vicepresidenta primera del Consejo Provincial.
La resolución judicial cuestionó principalmente la validez de la reunión realizada por Google Meet. Al revisar las grabaciones entregadas por el partido, el juzgado advirtió que faltaban registros de momentos centrales, entre ellos la votación para definir quién presidía la sesión y la aprobación de las personas encargadas de firmar el acta.
También observó que el video se interrumpía abruptamente y que, al retomarse, no quedaba documentado el retiro de los consejeros opositores. Para el magistrado, esas omisiones impedían verificar si las decisiones se habían tomado de acuerdo con las reglas establecidas por la Cámara Nacional Electoral para el funcionamiento virtual de los órganos partidarios.
El PJ intentó justificar los problemas técnicos y respaldar el contenido del acta con informes y declaraciones de once consejeros. Sin embargo, el juzgado consideró que esas presentaciones no subsanaban las deficiencias. También observó que las firmas incorporadas en el documento habían sido insertadas digitalmente a partir de imágenes individuales, sin que los consejeros hubieran suscripto el escrito de manera presencial.
La disputa no se limita a los aspectos técnicos. Anahí Valdez, quien reclama que se respete el orden de sucesión previsto en la Carta Orgánica, también impugnó la reunión y cuestionó la designación de Riquelme. Desde su sector sostienen que, ante la suspensión de Asaad, le correspondía asumir la conducción por ocupar la vicepresidencia primera.
La dirigente también puso en duda la existencia de quórum durante el encuentro y reclamó que se retomen las reuniones presenciales. Su planteo apunta a que la reorganización de autoridades no puede resolverse mediante cambios en el orden del día ni por decisiones que, según considera, alteran los mecanismos establecidos por la normativa partidaria.
A la discusión por la conducción se suma otro expediente pendiente. La Justicia había ordenado reorganizar los organismos del PJ afectados por las bajas de afiliados y presentar una nueva nómina de autoridades, con los corrimientos o reemplazos correspondientes. Las vacantes se originaron en las expulsiones de dirigentes que participaron como candidatos de otras fuerzas políticas durante las elecciones de 2023.
El problema para el peronismo neuquino es que la pelea se prolonga mientras se acerca el calendario electoral de 2027. Con las autoridades cuestionadas y las instancias de reorganización todavía sin resolver, el partido enfrenta dificultades para ordenar su funcionamiento y encarar las futuras definiciones políticas.
Si no consigue normalizar su estructura y contar con una conducción reconocida por la Justicia, el PJ podría quedar expuesto a una intervención partidaria.