La Tecla Patagonia
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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Los hechos se habrían producido en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, donde las mujeres trabajaron hasta octubre de 2021.
La admisión se basa en el principio de personalidad activa, recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los tribunales españoles investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles. Iglesias tiene nacionalidad española.
La causa señala que se cumplen los requisitos legales, aunque el magistrado deja constancia de que las querellantes podían haber acudido a los tribunales del lugar de los hechos y que la elección de España responde a razones de oportunidad procesal.
En cuanto a las lesiones y el trato degradante, el auto limita la investigación a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de un delito contra la libertad sexual no prescrito, ya que esos ilícitos prescriben a los cinco años. Las querellantes dejaron de trabajar para el cantante en octubre de 2021, por lo que el margen temporal es estrecho. Para los delitos sexuales, el juez deja pendiente el análisis de la prescripción de las conductas tipificadas bajo la legislación anterior a 2022.
El magistrado subraya que la admisión de la querella no supone un juicio valorativo sobre la credibilidad de los hechos. También toma nota de mensajes de WhatsApp intercambiados hasta 2024 que, según señala, parecen mostrar una relación fluida y afectuosa, lo que habrá que contrastar durante la instrucción.
Las dos mujeres, representadas por la organización Women’s Link Worldwide, declararán de forma presencial el 3 de febrero. El juez rechazó concederles la condición de testigos protegidas y dictar una orden de alejamiento, al considerar que no se ha acreditado un peligro concreto. Iglesias ha negado públicamente haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Ni él ni las querellantes han declarado todavía ante el juez.
El caso tuvo un primer intento en enero, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias por falta de jurisdicción. En septiembre se presentó la querella, y en octubre el fiscal informó a favor de la competencia del tribunal.