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Jueves, 19 noviembre 2026
Argentina
19 de noviembre de 2026
CHUBUT

La causa por el manejo de $109 millones de la Mutual Aonikenk llegará a juicio

La Justicia admitió la totalidad de la acusación fiscal contra los tres investigados por el manejo de los fondos de la entidad entre 2019 y 2022. La hipótesis sostiene que se habría montado un esquema para disponer de su patrimonio y que los balances ocultaban las irregularidades

La causa por el manejo de $109 millones de la Mutual Aonikenk llegará a juicio
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La causa por el presunto manejo irregular de los fondos de la Mutual Aonikenk avanzó hacia la instancia de juicio oral en Chubut. El juez Martín O’Connor resolvió admitir íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra tres imputados, investigados por una supuesta maniobra de administración fraudulenta que habría comprometido un patrimonio cercano a los 109 millones de pesos.

La decisión se conoció luego de una audiencia preliminar que comenzó el 15 de octubre, con la exposición de la acusación pública, y continuó el 16 de noviembre con los planteos de las defensas y las declaraciones de los imputados. Tras analizar las posiciones de las partes, el magistrado rechazó los cuestionamientos que buscaban impedir la apertura del juicio y habilitó el avance del expediente.

La Fiscalía, representada por María Bottini, Alex Williams y la procuradora Cecilia Bagnato, sostiene que entre 2019 y 2022 se habría organizado un mecanismo para disponer de manera arbitraria del dinero de la mutual. La investigación apunta principalmente a una presunta administración fraudulenta, en concurso con la figura de balance falso para el contador involucrado. Como calificación alternativa, también se contempla el delito de estafa.

Uno de los acusados habría ejercido la administración de hecho de los fondos pese a no contar con un cargo formal dentro de la entidad. Según la hipótesis fiscal, utilizaba el cambio de cheques para convertir los recursos bancarios en efectivo y disponer de ellos sin los controles correspondientes. Ese mecanismo habría privado a la mutual de percibir intereses calculados en unos 25 millones de pesos y generado un perjuicio económico en beneficio del administrador.

La acusación también alcanza al contador y auditor externo, a quien se le atribuye haber confeccionado los balances y participado de las asambleas de socios para transmitir que los estados contables eran correctos y que no existían motivos de preocupación. Para los investigadores, su intervención habría sido una colaboración fundamental para sostener el esquema denunciado. La tercera imputada, que se desempeñaba como tesorera, habría intervenido en el cambio de los cheques y en la conversión del dinero para que el presunto administrador pudiera utilizarlo.

Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue si podía atribuirse responsabilidad penal a una persona que, sin ocupar formalmente un cargo, habría ejercido funciones de administración. O’Connor rechazó el planteo de atipicidad presentado por las defensas y consideró que la figura del mandato tácito permite analizar ese tipo de intervención bajo el delito de administración fraudulenta. Para fundamentar su decisión, tomó como referencia antecedentes jurisprudenciales, entre ellos el denominado caso Córdoba, vinculado a la tragedia de Once, y precedentes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

La resolución también estuvo condicionada por una intervención anterior del máximo tribunal provincial. En una primera audiencia preliminar, otro juez había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, pero la Fiscalía apeló y el STJ ordenó realizar nuevamente esa instancia con un magistrado diferente. En ese fallo, los ministros establecieron que para impedir que una causa llegue a juicio la falta de tipicidad debe ser manifiesta, es decir, que resulte imposible encuadrar la conducta investigada en una figura penal, incluso de manera hipotética.

En línea con ese criterio, O’Connor sostuvo que la audiencia preliminar no es el ámbito para resolver las discusiones sobre los hechos ni determinar la responsabilidad de los acusados. Su función consiste en controlar la legalidad de la acusación y verificar si existen condiciones para habilitar el debate oral, instancia en la que deberá producirse y analizarse la prueba. Por eso, las diferencias sobre el grado de participación de cada imputado deberán ser discutidas durante el juicio.

El magistrado admitió las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y la querella, incluida la declaración previa de una testigo, y rechazó el pedido de nulidad formulado por las defensas. También incorporó como prueba documental una resolución del INAES del 16 de julio presentada por la defensa del contador, aunque desestimó un informe contable aportado por esa misma parte al considerar que tenía características de dictamen pericial y no había sido producido bajo las reglas procesales correspondientes.

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