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Viernes, 20 noviembre 2026
Argentina
20 de noviembre de 2026
SENADO

Propiedad privada: cómo votaron los patagónicos y qué impacto tendrá en la región

La ley se aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra. En la Patagonia hubo cinco respaldos y siete rechazos: Neuquén y Santa Cruz marcaron distancia desde sus espacios provinciales, mientras que las dos representantes de Chubut acompañaron la iniciativa

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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno nacional que atravesó modificaciones durante su tratamiento parlamentario. La votación terminó con 42 afirmativos y 26 negativos, pero en la representación de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz dejó un resultado dividido: cinco senadores acompañaron y siete rechazaron la norma.

El posicionamiento de los legisladores patagónicos dejó algunas señales políticas que exceden la discusión sobre la propiedad privada. En Neuquén, Julieta Corroza, de La Neuquinidad, votó en contra, mientras que los libertarios Mario Cervi y Nadia Márquez lo hicieron a favor. La postura de Corroza coincidió con la que el gobernador Rolando Figueroa había expresado previamente, en desacuerdo con aspectos de la iniciativa.

En Santa Cruz, el rechazo fue unánime. Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra. La posición de los dos senadores de Moveré Santa Cruz también tiene una lectura provincial: Carambia y Gadano mantuvieron distancia del oficialismo de Claudio Vidal, sin acompañar una iniciativa respaldada por el Gobierno nacional. Su voto se suma a otros posicionamientos en los que ambos legisladores han sostenido una agenda propia en el Congreso.

Chubut mostró el comportamiento opuesto entre los espacios no libertarios. Andrea Cristina, del PRO, y Edith Terenzi, de Despierta Chubut, acompañaron la sanción, mientras que el peronista Carlos Linares votó en contra. En Río Negro, Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, se pronunció a favor y los representantes de Fuerza Patria, Ana Marks y Martín Soria, rechazaron el proyecto.

En términos generales, el resultado volvió a mostrar la división esperable entre los bloques nacionales: los senadores libertarios respaldaron la iniciativa y el peronismo se pronunció en contra. Sin embargo, los votos de los espacios provinciales permiten observar que la discusión no se ordenó exclusivamente por pertenencia partidaria. Corroza, Carambia y Gadano se apartaron del resultado que buscaba el oficialismo nacional, mientras que Cristina y Terenzi acompañaron.

La nueva legislación establece modificaciones en distintos aspectos del régimen de propiedad. Entre sus puntos centrales, incorpora mayores exigencias para declarar la utilidad pública de un inmueble y avanzar con una expropiación. También fija que la indemnización debe pagarse antes de la transferencia del bien y calcularse sobre su valor objetivo de mercado, con la posibilidad de incorporar el lucro cesante dentro de los límites establecidos por la norma.

Otro de los capítulos modifica los procedimientos judiciales de desalojo y establece mecanismos para acelerar la restitución de inmuebles en determinadas situaciones, como las ocupaciones sin título. El texto también contempla plazos para que los inquilinos con deudas puedan regularizar su situación y prevé protecciones específicas para personas en situación de vulnerabilidad. Además, introduce cambios en el régimen de registración inmobiliaria y en los mecanismos de regularización dominial.

Para la Patagonia, uno de los puntos de mayor relevancia es la restitución de la Ley de Tierras Rurales 26.737. La Cámara de Diputados había incorporado dos artículos para dejar sin efecto la derogación dispuesta por el DNU 70/2023 y recuperar la vigencia de esa normativa. El Senado aceptó esas modificaciones y, de esta manera, quedaron restablecidas las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.

La cuestión tiene especial importancia en el sur del país, donde existen extensas superficies rurales, zonas de frontera, áreas cordilleranas y territorios vinculados a fuentes de agua y recursos naturales. La Ley de Tierras establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y superficie. Su restitución vuelve a poner en vigencia esos controles sobre las operaciones de compra y tenencia de campos por parte de extranjeros.

El impacto regional también se vincula con la protección de los territorios cercanos a recursos estratégicos. En provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde conviven explotaciones hidrocarburíferas, actividad agropecuaria, turismo, bosques y reservas de agua, el régimen de propiedad rural tiene implicancias que van más allá de las operaciones inmobiliarias. La ley no impide la inversión extranjera, pero mantiene límites y mecanismos de control sobre la adquisición de tierras rurales.

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