26 de noviembre de 2014
VILLA EL CHOCóN
Di Fonzo ¿El intendente de costa pobre?
Amenazó con cortarle el contrato a una empleada municipal cuya pareja trabaja para la lista opositora. Lo acusan de perseguir a militantes y vecinos. Antecedentes
Dicen que allá por diciembre de 2007, cuando asumió por primera vez su cargo de intendente de la localidad neuquina de Villa El Chocón, Nicolás di Fonzo hizo cargar en una camioneta a los que habían sido choferes de la gestión anterior, les dio una escoba a cada uno y los llevó a barrer las calles…
Se trató de una supuesta medida aleccionadora, de la que da crédito José Luis Mazzone, el hombre que lo antecedió en el cargo y que este domingo le disputará la candidatura a jefe comunal por el MPN.
En la Villa hay quienes aseguran que “Nico” sigue tratando con desdén a sus críticos, y hasta se animan a afirmar que algunos de sus procederes son tan burdos que invitan a la ridiculización lisa y llana, como en aquel recordado sketch de Olmedo en Costa Pobre (aunque salvando las distancias, claro).
Sin ir más lejos, el 7 de noviembre último fue penalmente denunciado por Rodolfo Zapata, quien contó que el Intendente lo llamó a su despacho para recriminarle que le había fallado, que lo iba a echar del pueblo y que su pareja
-Ruth Reartes- se iba a quedar sin trabajo… Face to face; así fue el reproche, que según apuntó no estuvo exento de agravios.
Entre sorprendido y molesto, Zapata contó que la indignación del Jefe comunal sobrevino cuando se enteró de que éste había osado poner su camioneta al servicio de la otra lista. Reartes -quien estuvo en la charla y también radicó una denuncia- narró que de mala manera y en actitud amenazante, “Nico” le espetó que se quedaría sin su trabajo de guía de turismo.
Por estos días, la mujer que es madre y tiene un contrato por 3.446 pesos -que caducaría el mismo día de la interna- es víctima de una profunda angustia.
También tuvo y tiene problemas con la administración Di Fonzo el vecino Gilberto Cerda, quien contó que pese a estar respaldado por una ordenanza, “Nico” lo despojó de la concesión del camping Las Flores, un año antes de que venciera el contrato. Esto ocurrió allá por febrero de 2012, en momentos en que su esposa, Delia Sanhueza, se encontraba internada en el Policlínico Neuquén. Por entonces sufrían momentos de vulnerabilidad, hoy padecen horas de zozobra.
A raíz de ello, el vecino inició una causa con el patrocinio de la abogada Iris Sandoval. El expediente caratulado “Cerda Gilberto c/ Municipalidad de Villa El Chocón s/cumplimiento de contrato” se tramitó en el Juzgado Civil Nº 6 que se declaró incompetente y lo elevó al Tribunal Superior.
Otro residente, Antonio Cortez, dijo a La Tecla Patagonia que los funcionarios de Di Fonzo van casa por casa “metiendo presión”, y en algunos casos hasta con la promesa de que los contratos se convertirán en pases a planta “según sea el resultado de la elección”.
En fin, Di Fonzo es el mismo que alguna vez fue denunciado por la enigmática desaparición de una réplica del Gigantosaurus Carolini. Y por haber acarreado vecinos de otras localidades en una presunta maniobra para inflar el conteo poblacional, a partir del cual la Legislatura aprobó el cambio de categoría municipal, que le abrió las puertas a la posibilidad de un tercer mandato consecutivo.
Mazzone cuenta que el nivel de persecución alcanzó tal magnitud que los castigos recayeron, incluso, sobre los que habían sido compañeros de escuela del Intendente, entre ellos, sus hijos.
José Mazzone: “Es una persecución dañina”
“Los más perseguidos son mis hijos y aquellos que fueron mis colaboradores más cercanos”, dijo José Luis Mazzone, ex jefe comunal de Villa El Chocón y adversario del actual intendente, Nicolás di Fonzo, en la interna del MPN que se realizará este domingo.
“Les saca el trabajo, les sacó emprendimientos; a mi hijo le sacó la cantera. Los persigue y, no lo dude, si me gana va a seguir persiguiendo (…) Me tiene en un juicio para quitarle la casa a un hijo mío; a (nombra a un vecino) le sacó la casa que le había dado yo con boleto de compra y venta y todo”, sostuvo Mazzone y agregó que “es una persecución muy dañina, muy mala y encarnizada que genera miedo, y está cayendo mal” entre los vecinos.
Contó que Di Fonzo “hace contratos de 2.000 o 2.500 pesos” y los trabajadores quedan prisioneros del sistema porque les da obra social, “pero es una administración malísima” en la que “no ha hecho nada”.
“Yo fui secretario del padre y él (Di Fonzo) fue a la escuela con mis hijos, pero ahora los persigue”, dijo y exclamó: “¡Mire cómo habrá perseguido!, que lo primero que hizo (cuando asumió allá por 2007) fue cargar a mis colaboradores más cercanos en una camioneta abierta… Les dio una escoba a cada uno y los paseó por el pueblo mostrando que iban a barrer; eran choferes del colectivo, de máquinas viales y mi chofer personal. Eran personas de entre 30 y 50 años con familia. Barrieron un mes y pidieron pases o licencias”.
El camping: “Le produjo un grave perjuicio”
“El día 28 de febrero de 2012 el Municipio ingresó en las instalaciones del camping Las Flores, cumpliendo la orden judicial de desalojo dictada por el Juzgado Civil Nº 1 de Neuquén capital”, redactó la abogada Iris Sandoval en la demanda que su cliente, Gilberto Cerda, inició contra la comuna.
“Al momento de la medida, nuestro mandante se encontraba asistiendo a su cónyuge la Sra. Delia Sanhueza, quien se encontraba internada en el Policlínico Neuquén, con estado de salud muy grave”.
“La Municipalidad no desconocía el estado de vulnerabilidad en que se encontraba nuestro mandante (…) por ello es que demostraron celeridad con el fin de despojar sin motivo, ni justificación, sin haber vencido el plazo establecido por el Concejo Deliberante para la concesión, violando el derecho de defensa del mismo”, redactó.
“La Municipalidad de Villa El Chocón” (bajo la conducción del intendente Nicolás di Fonzo) “violó la norma establecida por el Concejo Deliberante, esto es la ordenanza de fecha 20 de octubre de 1998”, expuso la letrada.
“El incumplimiento de la norma no sólo vulnera los derechos públicos subjetivos de nuestro mandante, sino que además le produjo un grave perjuicio, lo dejó sin los ingresos que percibía”.
“Sin motivo, sin que exista ninguna resolución judicial que anulara la ordenanza de concesión, que es la única forma jurídica de anular dicho acto, llevaron adelante el desalojo engañando seguramente al juez actuante”, concluyó.
Nota completa en edición Nº 217 de revista La Tecla Patagonia