8 de septiembre de 2010
IRREGULARIDADES EN EL CERRO
El catedral de la discordia
Controles laxos, falta de inversión y retrasos en los pagos del canon son algunas de las anomalías denunciadas en el principal centro de sky del país. En el medio, la vida de los turistas en peligro
Catedral Alta Patagonia es la empresa que desde hace varios años está explotando la concesión del cerro Catedral. En los 14 años que lleva en la montaña más preciada de la provincia de Río Negro no ha podido mantenerse al margen de reclamos, cuestionamientos y demandas que varias veces terminaron con intimaciones judiciales y pedidos de rescisión del contrato. Pero todo indica que la firma continuaría operando en el Catedral hasta que terminen los casi 20 años que le asegura la ley que le otorgó los derechos de explotación del cerro. Salvo que las cosas cambien, y los compromisos contraídos se exijan por parte de la provincia, y se cumplan por parte de la firma.
Todo empezó en 1996 cuando la empresa de la familia Reynal explotaba la ladera norte del cerro, mientras que la empresa Robles lo hacía en la sur. En febrero de 2004, el gobierno de Río Negro formalizó el convenio de adecuación contractual con Catedral Alta Patagonia para la concesión por 25 años de las dos laderas unificadas, en el marco de la ley 3825. Así Robles desapareció de la escena y CAPSA monopolizó el negocio.
El contrato celebrado por ley establecía derechos y obligaciones tanto para la empresa como para la provincia. La primera se comprometía a realizar un plan de Modernización pautado en plazos pre-fijados, el pago de un canon anual desdoblado en dos cuotas a abonarse en los meses de agosto y septiembre, y la toma de una serie de medidas de seguridad para los usuarios, a riesgo de perder la concesión de la montaña, entre otras cosas.
Pero apenas firmado el acuerdo, quedó en evidencia que el compromiso se plasmó sólo en los papeles. No solo de parte de la empresa. También de la provincia. Esta tuvo que recibir intimaciones para poner en funcionamiento el ente regulador encargado de hacer cumplir las pautas contractuales. Además, aún no cumplió con los plazos establecidos para que la relación contractual de la empresa pase a manos de la comuna barilochense, como lo fijaba la ley. De uno y otro lado hicieron la vista gorda al contrato que pretendía regular la explotación de un cerro del que todos quieren sacar provecho.
Por parte de la empresa
La empresa Catedral Alta Patagonia está registrada como una empresa de Servicios Complementarios de Apoyo Turístico. Su domicilio fiscal figura en Capital Federal, mientras que en la ciudad de Bariloche, justamente donde opera, tiene un domicilio alternativo. La fecha de inscripción del contrato social es de 1994, dos años antes de empezar a operar en el cerro, y su fecha de inicio como prestadora de servicios está registrada en 2005.
A la fecha, cuenta con 72 empleados y está inscripta como proveedora del Estado. Su directorio está presidido por Natalia Lamota, que se ocupa de la parte comercial de la empresa, y por Juan Cruz Varela que gerencia la parte operativa.
Esta firma es socia desde 2002 de la empresa Cota 1300 SA, en donde concentra el 50% de las acciones de esta firma que se dedica al Transporte Público de Pasajeros, en sus distintas modalidades y actividades deportivas y turísticas en general.
Apenas CAPASA asumió como concesionaria de toda la montaña, aparecieron en escena los conflictos que desnudaron el no cumplimiento del contrato. Una serie de accidentes que se registraron pusieron en evidencia la falta de medidas de seguridad para los usuarios. En varias ocasiones, las aerosillas se zafaron, provocando lesiones a sus ocupantes y el caso más grave tuvo como víctimas nada menos que a 17 pasajeros. Varias veces ocupó las páginas policiales de los diarios por hechos de esta naturaleza, y en otras ocasiones fue objeto de demandas civiles, por daños y perjuicios por hechos similares.
Estas situaciones desnudaron varias irregularidades. Que la empresa no tenía garantía del fabricante del medio de elevación, que hubo una adulteración del seguro de responsabilidad civil en relación a sus plazas y características de la cobertura, que no contaba con los suficientes equipos de rescate, entre otras cosas.
Pero esos no son los únicos reclamos que desnudan incumplimiento de las pautas contractuales por parte de CAPSA. Entre otros puntos, el convenio establecía un plan de modernización pautado en plazos, que en la práctica no se efectivizaron. Recién en 2008 se dieron por finalizadas las obras que tenían como plazo de ejecución 2006, y ahora enfrenta un cuestionamiento por parte de la Defensoría del Pueblo respecto de la segunda etapa del plan de obras que tiene como plazo de ejecución 2012.
A eso se suman los constantes atrasos en el pago del canon de concesión, abonado en forma desdoblada en los meses de agosto y septiembre de cada año, por un monto de
$ 2.250.000. En 2009, la firma adujo poca actividad comercial producto de la gripe A, pero esos argumentos no contentaron ni a la defensora del pueblo, Dra. Piccinini, que ya acumula varios cuestionamientos a la empresa, ni a las autoridades barilochenses a quienes les corresponde el 10% de esa suma, hasta tanto la explotación del cerro quede en manos de la comuna.
Como si fuera poco, también hubo reclamos de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche que denunció en 2009 que CAPSA consumió casi cuatro veces más energía que lo que declara y por ello, la zona que atraviesa la línea de tensión sufrió reiterados cortes de energía. Y otras tantas quejas, que incluyen reclamos de usuarios por largas colas, medios cerrados, precios altísimos y hasta un enfrentamiento con la municipalidad de Bariloche, y principalmente con su intendente Marcelo Cascón, por la aplicación de la Tasa por Servicios en el cerro, que no cayó bien a la empresa.
Por parte del Estado
Claro está que si la empresa pudo hasta el momento manejarse de ese modo es porque no ha habido controles serios que le impidan hacer y deshacer a su gusto. Y, a juzgar por los cuestionamientos constantes de los cuales ha sido objeto, no los hubo.
La provincia tenía la tarea de conformar un ente regulador, en el mismo momento en que se firmó el contrato de concesión. Pero tuvo que recibir una serie de intimaciones producto de las irregularidades y de los accidentes registrados para efectivamente ponerlo en marcha.
Recién en 2005 este ente, que cuenta con presupuesto propio, se puso en marcha, pero también se tomó su tiempo para aplicar castigos.
CAPSA recién fue sancionada en 2008, con una multa de $ 372 mil por los accidentes en la aerosilla cuádruple en 2004 y por los hechos de 2007.
El problema más grave que existe con respecto al cumplimiento del contrato de concesión es que el mismo ENRECAT es objeto constante de cuestionamientos. Familiares de víctimas de accidentes, y la misma Defensora del Pueblo de Río Negro, hicieron numerosas peticiones ante organismos gubernamentales exigiendo que el ENRECAT cumpla con la exigencia de hacer respetar el contrato. Los primeros porque sostienen que las medidas de seguridad de la empresa y especialmente de rescate, no son óptimas. La segunda acusa al ente por no intervenir en los retrasos en los pagos del canon de concesión que suele acumular la empresa, y también porque no medió en las demoras del plan de modernización, y no ha hecho públicos resultados de ninguna auditoría -si es que las hizo- en la empresa.
Pero la falta de controles no es lo único que ha demostrado la falta de asunción de los compromisos del gobierno. También es visible su ausencia en la demora que hasta la fecha se registra en el traspaso del cerro a manos de la municipalidad de Bariloche. Compromiso que al igual que el de la creación del entre regulador, estaba pautado en el mismo contrato de concesión.
Nota completa en la revista nº 6 de La Tecla Patagonia