31 de marzo de 2015
DENUNCIAS Y CAUSAS
Intendentes neuquinos bajo la lupa
Juan Linares, Juan Carlos Fernández, Horacio Quiroga y Andrés Peressini son algunos de los que hoy se encuentran en campaña y que fueron denunciados a lo largo de su gestión. Hay causas que siguen en trámite y otras en las que hubo absoluciones
Varios de los intendentes que están metidos de lleno en sus campañas reeleccionistas -o que son candidatos para ocupar otros cargos- se vieron involucrados en expedientes que como mínimo llegaron a incomodarlos, aunque con los matices del caso.
De hecho, hay quienes salieron airosos, como Soledad Martínez (Zapala, FG-FpV) sobreseída en una causa por la contratación de León Gieco. Y quienes siguen bajo la lupa, como Juan Linares (Junín, PJ-FpV) a quien acaban de ratificarle la imputación en una causa en la que se le imputa la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber cumplido con una empresa a la que no proveyó de servicios.
Ambos buscan la reelección. Martínez acaba de ser denunciada nuevamente, ahora por presuntas amenazas. Y Linares jura y perjura que saldrá bien parado de la encrucijada judicial.
Por otro lado, el jefe comunal de NQN y candidato a gobernador, Horacio “Pechi” Quiroga (NCN), fue objeto de una denuncia por incumplir -o si se quiere demorar- la puesta en marcha del boleto universitario.
Al tiempo que Roberto Cacault (La Angostura, MPN), fue acusado de interceder por lo bajo para que se le devolviera la licencia de conducir a un fiscal cordobés al que el control de alcoholemia le había dado “alto”. El Intendente que ahora es candidato a diputado aseguró que fue una mera movida mediática.
Cerca de ahí, Juan Carlos Fernández (San Martín, PJ-FpV) también ha tenido que responder acusaciones. En su caso, las que le hizo la delegación local de ATE por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad y malversación de fondos públicos” por haber prorrogado el mandato de la Junta de Calificación. Fernández va en busca de su reelección y asegura que tanto esta como el resto de las acusaciones de las que fue objeto destilan una nítida finalidad política.
En este informe, un repaso de los expedientes, denuncias y exposiciones que salpican o salpicaron a jefes comunales que hoy están en campaña.
Juan Linares: Un revés en plena campaña
Si algo resulta inoportuno para el Intendente de la localidad neuquina de Junín de los Andes, Juan Domingo Linares, son las causas por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos que se le siguen en la Justicia. El expediente se movió hace sólo unos días, cuando el Tribunal de Impugnación ratificó la imputación por el primero de esos cargos y le revocó el sobreseimiento, en el segundo.
Más cerca del banquillo. Así quedó “el Chule” (PJ-FpV), que el 26 de abril buscará su reelección al frente de la comuna.
El expediente en el que también está imputado el secretario de Producción, Alejandro Regueiro, se inició con la denuncia del propietario de una estación de GNC que logró asentarse en el Parque Industrial pero que jamás pudo funcionar debido a que no le conectaron los servicios.
El empresario había firmado su contrato cuando el intendente era Rubén “Quique” Campos (MPN) y, según denunció, la administración Linares nunca autorizó la conexión a los servicios de gas, agua y cloacas, por lo que no la pudo abrir.
Consultado por La Tecla Patagonia, el Intendente aseguró que le llevaron el servicio de luz, pero no se pudo hacer lo mismo con los de gas y agua porque no dependen de la comuna. “La verdad que (el revés judicial) me sorprendió, pero nos ajustamos a derecho y estamos convencidos de que vamos a salir bien”, sostuvo.
Respecto de la presunta malversación de fondos, dijo que se trata de una suma que fue retirada de la cuenta del Parque Industrial para financiar “cuestiones sociales”. Agregó que fueron retirados por la ex vice intendenta Andrea Rosso (UNE) y que él los reintegró “en el mismo ejercicio como lo establece la ley, por lo que esto también va a terminar bien”.
El frente que depositó a Linares en la Intendencia que ahora busca retener se quebró hace rato, y las desavenencias hicieron que la relación con Rosso se volviera insostenible.
El caso del fiscal y la alcoholemia
Candidato a diputado provincial por el MPN, el intendente de la localidad neuquina de Villa la Angostura, Roberto Cacault, también tuvo que soportar una incómoda denuncia. En su caso lo acusaron de haber intercedido para que le devolvieran la licencia de conducir a un fiscal de la provincia de Córdoba. El hecho remite a septiembre de 2013 y salió a la luz tras la presentación que realizaron dos concejales del FpV.
“Abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, eso es lo que en aquel momento le endilgaron luego de que el funcionario judicial se quedó momentáneamente sin licencia por haber superado los niveles en un control de alcoholemia.
Según los concejales Valeria Navarro y José Picón, el Intendente habría hecho una llamadita sugiriendo la restitución del carné. ¿Qué dijo Cacault al ser consultado por La Tecla Patagonia? Que fue “mediático”, ya que “se realizó la multa y todo terminó”.
Los concejales también solicitaron que se informe al Tribunal de Justicia de Córdoba.
Juan Fernández: “Tienen una finalidad política”
Si hay un intendente que arrancó con el pie izquierdo sin dudas es el de la localidad neuquina de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández (PJ-FpV). Es que a poco de echarse a rodar la gestión, su hijo se vio involucrado en un homicidio que sacudió a la provincia en particular y al país en general: el del sargento José Aigo a manos de supuestos terroristas chilenos.
Su hijo, Marcos, manejaba la camioneta en la que se movilizaban los homicidas, que desde entonces se encuentran prófugos de la Justicia. Y a raíz de eso fue acusado de encubrimiento, condenado y luego absuelto. Mientras que el Intendente fue acusado de hostigamiento cuando se acercó hasta la casa de la familia para expresarle sus condolencias.
Más acá en el tiempo, para ser precisos en agosto de 2014, el Jefe comunal que el 26 de abril irá en busca de su reelección se vio sacudido por otra denuncia, en este caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad y malversación de fondos públicos” al haber prorrogado el mandato de las autoridades de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina. Pero eso no es todo, ya que en octubre último fue convocado a desfilar por las oficinas judiciales por no haber puesto oportunamente en funcionamiento el Boletín Informático Municipal.
Consultado por La Tecla Patagonia, el Intendente consideró que “todas estas denuncias tienen una finalidad política”; y sostuvo que tanto en la que tuvo que ver con el caso Aigo, como en otra que realizó un grupo de vecinos por no denunciar la supuesta comercialización de drogas en un barrio, “jamás” lo llamaron a declarar (pese a que él mismo había expuesto públicamente sobre ese flagelo).
Respecto de la causa que se inició por la denuncia de ATE indicó que va a quedar en abstracto, porque la prórroga surgió a partir de la demora del Concejo en sancionar una ordenanza. “Y con la del Boletín ocurre algo similar”, subrayó. Fernández dijo que todo esto “fue para buscar repercusiones políticas”, y concluyó con lo siguiente: “Me quisieron proscribir con mecanismos judiciales”.
Martínez: Sobreseída y denunciada
La localidad neuquina de Zapala también ha sido tierra de denuncias. La última y más reciente es la que un vecino radicó contra la intendenta Soledad Martínez (FG-FpV), en la Comisaría 48 de esa ciudad.
Al parecer, todo comenzó con una nota publicada en el sitio de la Municipalidad en la que se hacía mención a los logros de Martínez y a los de la Presidenta CFK. A eso sobrevinieron los comentarios de críticos y aduladores, luego una carta de puño y letra a la que Martínez tituló “Se dice de mí…” y después una supuesta llamada de ésta a un vecino, que se dijo “amenazado”.
Según el vecino, Martínez le habría advertido que si no reculaba en su actitud iba a hacer que lo despidieran del trabajo. Pero, consultado por La Tecla Patagonia, uno de sus colaboradores directos dijo que el hombre la agravió y amenazó con gritarle en la calle, a lo que la Intendenta le dijo que no se animaba. “Simplemente eso”, indicó.
Martínez -que va por su reelección- ya salió airosa de una causa en la que se investigaba la presunta contratación irregular de artistas y de la que resultó sobreseída en julio de 2014.
La denuncia había sido impulsada por concejales del arco opositor que se basaron en un informe de la Contraloría Municipal que acusó al Ejecutivo de superar los montos establecidos para la contratación directa. En este caso de León Gieco y La mancha de Rolando, que animaron los corsos de 2013.
El sobreseimiento fue impulsado por el fiscal Santiago Terán, quien ingresó a la causa luego de que su colega Sandra González Taboada se alejó en virtud de los duros cruces que había mantenido con Martínez. Ahora, en oportunidad de la apertura del período de sesiones, Martínez destacó la aprobación del Tribunal de Cuentas al ejercicio 2013 y dijo lo siguiente: “Con esto damos por cerrada la polémica por la contratación de artistas”.
Malicioso, mendaz y otros epítetos
En septiembre de 2013 y amparados por el Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Cutral Có, un grupo de trabajadores la emprendió contra el intendente y ahora candidato a gobernador por el FpV, Ramón Rioseco, al que acusaron de perpetrar “acciones arbitrarias, dictatoriales, mendaces, maliciosas e improcedentes contra los asambleístas”.
Dijeron que los amenazó y amedrentó para que desistieran en su reclamo de recomposición salarial. En un escrito que hicieron circular en su momento acusaron a Rioseco de haber “utilizado diversas herramientas de apriete”, de negarse al diálogo, y de descontar de los haberes de los trabajadores los días de asamblea.
También le endilgaron haberlos intimidado con “el apostamiento de un gran número de efectivos policiales en el sector de reunión de los trabajadores”. Atento a esto, La Tecla Patagonia intentó comunicarse con el Intendente pero, lamentablemente, no fue posible.
Créase o no, se perdió un dinosaurio
Si hay un intendente que no ha podido explicar lo inexplicable sin dudas es Nicolás di Fonzo (MPN), quien va por su reelección en la localidad neuquina de Villa El Chocón. En realidad, re-re porque se valió del cambio de categoría del municipio para hacer lo que el resto de los habitantes de la provincia no puede, pero en fin.
El hecho es que cuando transitaba por su primera gestión, su antecesor el ex intendente José Luis Mazzone denunció en la comisaría la enigmática desaparición de la réplica de un Giganotosaurus Carolini, de unos 15 metros de longitud por 4,5 de alto.
Ese no fue el único bien patrimonial que desapareció como por arte magia. También lo hicieron la estructura de lo que iba a ser un hangar para la pista de aterrizaje, los bienes de la estación experimental que transitaba rumbo a la cría de pejerreyes en cautiverio y el muelle flotante que le había costado 450 mil pesos al Municipio.
Todo fue denunciado en aquel momento por Mazzone, que también pertenece al MPN, pero no pasó absolutamente nada.
Horacio Quiroga: Un pasaje a la denuncia
Metido de lleno en la carrera por la Gobernación, el intendente de NQN, Horacio “Pechi” Quiroga (NCN) es otro de los que debió afrontar denuncias en contra suya o de los funcionarios que integran su gobierno. Siendo una de las más singulares la que estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y la Juventud de la CTA radicaron en 2013 ante su negativa a aplicar el boleto universitario.“Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” es lo que endilgaron por su insistente negativa a cumplir con la ordenanza que establecía beneficios para universitarios y terciarios que utilizan el transporte público local.
Cristian Rodríguez, estudiante de Economía, se refirió entonces a la “manera autoritaria” con la que el Jefe comunal “perjudica al conjunto de los estudiantes”.
Más acá en el tiempo, en enero de 2014, cuando el “Pechi” se preparaba para una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia una denuncia de esas que hacen ruido y lesionan fibras sensibles sacudió al gobierno municipal. La fundación Manos que Ayudan salió a decir que una funcionaria vendía los colchones que habían sido donados para los que menos tienen. Un delito, una vergüenza, un descaro liso y llano.
La denuncia la hizo la titular de esa institución, Noemí Bascur, quien involucró a la dirección de Participación con Organizaciones Intermedias.
Otra de las denuncias que durante este, su tercer mandato, pesaron sobre Quiroga fue realizada por el concejal del UNE Mariano Mansilla, por lo que impera expresar la siguiente salvedad: en un momento fue denunciante, luego -y ante la posibilidad de habitar en el mismo frente opositor- se llamó a silencio. Comprensible, claro.
El hecho es que allá por julio de 2012 Mansilla y el resto de los concejales del bloque presentaron una acción de amparo y una denuncia penal por abuso de facultades por la destrucción del anfiteatro.
Peressini: Plottier, tierra de denuncias
La localidad neuquina de Plottier es otra de las que fue escenario de denuncias cruzadas entre el gobierno municipal que conduce Andrés Peressini (vecinalista de extracción radical) y opositores varios. Una de las últimas remite al epílogo de enero y la radicó el propio Jefe comunal contra dirigentes del Sindicato de Empleados Municipales (SEMP) que habían tomado el corralón municipal en medio de un paro. La medida de fuerza, por la que se había paralizado la recolección de residuos, se había originado en un reclamo de los trabajadores por el mal estado de los camiones que se usan para tal fin (queja avalada por Trabajo).
En 2012 el denunciado había sido Peressini, en este caso por la compra de vehículos sin la autorización del Concejo Deliberante, pero en octubre de 2013 la jueza Ana Malvido dictó su sobreseimiento.
El mismo año, Peressini se presentó en la Justicia para pedir que se investigue a funcionarios de su antecesor -el hoy diputado Sergio Gallia- a los que acusó de la enigmática desaparición de poco más de un millón de pesos correspondientes a retenciones hechas en los haberes de los empleados.
…Y los conflictos siguieron: en mayo de 2014 el ex secretario privado del intendente (que ahora va por su reelección) denunció haber sido víctima de discriminación en virtud de que el Ejecutivo no le había depositado los haberes cuando estaba con licencia médica. Fernando Freira -de él se trata- hizo su presentación ante la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
“En Recursos Humanos me dijeron que dejaron aparte a los que están con certificado y al personal derivado a otras dependencias públicas”, se quejó en su momento el funcionario.
En agosto del mismo año, el concejal Hernán Haedo -escindido de las filas del oficialismo- denunció “persecución política” luego de que le labraron un acta de infracción por podar árboles supuestamente sin haber sido autorizado para eso. La Tecla Patagonia intentó hablar con el Jefe comunal, pero en una de las llamadas una de sus colaboradoras explicó que estaba resolviendo otro conflicto.
Nota completa en edición 235 de revista La Tecla Patagonia