Kits escolares y módulos alimentarios también en la mira
Uno de los casos que tuvo mucha resonancia fue la confirmación de sobreprecios en la compra de 85.800 kits escolares, por parte del ministerio de Educación. A través de una au-ditoría de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se detectó que el costo de la compra superaba en más de 7 millones de pesos el valor de los productos en el mercado. La licitación que se realizó en diciembre de 2014 se fijó en $ 21.072.708, pero seis meses después se adjudicó a Luprod SRL por $ 24.453.850. De acuerdo al relevamiento de la fiscalía, a diez meses de la aprobación de la oferta que recibió el gobierno, la misma compra le arrojaba un total de $ 17.102.847. Es decir, que los productos estaban sobrevaluados en un 30%, según se explica en el informe.
También se constató que la empresa no cumplió debidamente con la entrega de los productos, por lo que se debieron tramitar algunas multas por incumplimiento. Asimismo, si bien la mochila con útiles estaba destinada a los niveles Inicial y Primaria, la fiscalía resalta que “no figuran los parámetros utilizados a fin de determinar las cantidades a adquirir de cada módulo, ni constancia que indique la cantidad de alumnos matriculados en la provincia”. Lo propio ocurrió con el cronograma de entrega y/o distribución.
Los módulos alimentarios
En junio del año pasado, el ministerio de Desarrollo Social abrió una licitación para la compra de 30.000 módulos alimentarios, destinados a “familias carenciadas y/o en emergencia social”. De las tres ofertas que se recibieron, se adjudicó por un monto de 4,6 millones de pesos.
Según el relevamiento realizado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la Provincia pagó los productos entre un 35 y un 45 por ciento más caros que en el mercado minorista. En este caso, el fiscal Ponzone actuó de oficio y dispuso el retiro del expediente de la cartera social. La situación provocó que el gobierno frenara la adquisición.
De todas formas, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas radicó una denuncia penal “por las graves irregularidades” detectadas en la licitación. En este sentido, sostuvo que “el perjuicio no se concretó solamente porque esta Fiscalía lo frustró”, por lo que consideró que se trataría de una “tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública”. Además, solicitó la multa a los siete funcionarios intervinientes, entre los que incluye al ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli. La sanción consistía en una quita del 50 por ciento de sus haberes.