17 de mayo de 2016
RIO NEGRO
Funcionarios de la gestión albertista bajo la mira judicial
Una serie de denuncias penales recayeron sobre los integrantes del gabinete y representantes del Gobierno que conduce Alberto Weretilneck. Desde el oficialismo desestiman las acusaciones y las reducen a meras cuestiones políticas
Varios integrantes del gabinete del gobernador Alberto Weretilneck y un ex ministro y actual referente del espacio del oficialismo, se encuentran bajo la mira del poder judicial. Esto se dio a raíz de las denuncias que fueron efectuadas en el fuero penal.
Desde incumplimientos a los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con los cargos desempeñados, hasta fraudes a la administración pública, son algunas de las acusaciones que rozan a los funcionarios de la actual gestión. Desde el Gobierno, minimizan las imputaciones y sostienen la existencia de un trasfondo meramente político.
En principio, la lupa recayó sobre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, la actual conductora de la cartera de Turismo, Deporte y Cultura, Silvina Arrieta, y el jefe del bloque de diputados por el oficialismo y ex ministro de Economía, Alejandro Palmieri. Pero no son los únicos que hoy deberán responder en los estrados judiciales por los hechos que se les imputan en su desempeño como funcionarios públicos.
Caso por caso
Sobre el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, recayó una denuncia penal por la presunta incompatibilidad en su función como ministro del sector productivo y los emprendimientos privados en la industria ganadera, cuyos intereses chocarían con su cargo en la administración pública, según consideraron legisladores del Frente para la Victoria en la presentación que realizaron ante la justicia.
Y argumentan que la “incompatibilidad” se produce con el artículo 8 de la Ley de Ministerio, porque toma decisiones que podrían beneficiar o bien perjudicar a algún sector de la actividad. Además, la norma hace hincapié en que las actividades no pueden afectar al cargo de ministro. Y “Martín se está enriqueciendo”, remarcó el diputado Nicolás Rochás, ya que se estaría favoreciendo con las políticas que aplica al rubro donde tiene un emprendimiento empresarial.
La polémica se originó ante la oposición de las provincias patagónicas al pedido de La Pampa por la flexibilización de la barrera sanitaria, para poder comercializar carne con hueso plano en el sur –prohibición regida por la problemática de la aftosa-. Río Negro encabezó la resistencia, y el gobernador pampeano, Carlos Verna, denunció que Martín buscaba beneficiarse como propietario de un feedlot (sistema intensivo para el engorde acelerado de vacunos) que posee en Río Colorado. Y detalló que el emprendimiento lo tiene asociado al hijo de Carlos Pilotti, dueño de un frigorífero en La Pampa y ex intendente de Río Colorado, donde el ministro se desempeñó como secretario municipal de Desarrollo Económico antes de asumir el cargo en el Gabinete provincial. Si bien Martín reconoció formar parte de la sociedad, desestimó las acusaciones.
Un poco más compleja es la presentación que enfrenta el actual jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, Alejandro Palmieri, donde los mismos diputados de la oposición le adjudican el presunto fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de su cargo.
Los oficios que se elevaron son por un crédito de 450 millones de pesos que se tomó a fines de noviembre pasado, cuando por entonces conducía la cartera de Economía. La irregularidad pasaría por el hecho de que el empréstito se pidió sin autorización legislativa, cuando la Constitución provincial dispone que dicho procedimiento no podrá concretarse sino por ley de la Legislatura sancionada por los dos tercios de votos de los miembros del parlamento, según argumentaron los impulsores de la denuncia. A su vez, resaltan que al Banco Patagonia, entidad con la que se contrajo la deuda, se le “regaló más de 2,5 millones de pesos en honorarios” y que se “aceptaron enormes tasas de interés cercanas al 40 por ciento”.
También se hace hincapié en que el Gobierno fundamentaba la solicitud “en la necesidad de recursos para la obra pública, la reducción de ingresos de capital, la disminución en el crecimiento de las regalías, la necesidad de continuidad y sustentabilidad de transferencia a municipios y prestaciones de los servicios básicos del Estado provincial”.
El punto es que la Ley provincial Nº 4415 –en la que se apoya el Gobierno para justificar la toma del préstamo- solo permite “refinanciar o reestructurar deuda” y no tomar una nueva. A su vez, estipula que el mismo tendrá “como único destino la cancelación de los pasivos financieros” y no de gastos corrientes como habría sucedido.
Ante esta situación, Palmieri se presentó espontáneamente ante la Justicia y aportó la documentación que demuestra que el procedimiento se habría realizado bajo la normativa y la aprobación legislativa correspondiente. “La denuncia carece totalmente de fundamentos legales y técnicos, al límite de rozar lo ridículo”, expresó el ex ministro.
Lo propio ocurre con su par de Turismo, Silvina Arrieta, ante los hechos de público conocimiento que la involucran en una dudosa operatoria inmobiliaria a través de la cual se quedó con la casa de Carolina Zin, una anciana de 95 años oriunda de Bariloche, que corre el riesgo de ser desalojada. La funcionaria fue denunciada por el presunto delito de defraudación y abuso de confianza, causas en la que la Justicia dictó el sobreseimiento de Arrieta, aunque en la primera de ellas, el fallo no quedó firme.
En este marco, la bancada del FpV radicó una denuncia penal contra la ministra en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por faltas a la ética del funcionario público, al apropiarse del inmueble de la abuela.
Mientras tanto, el Gobierno respalda a sus funcionarios y, en el mejor de los casos, minimiza las causas aduciendo la existencia de intereses políticos. Ahora, la gran incógnita es el curso que las causas tomaran en la Justicia. En principio, los impulsores de las denuncias expresaron que ante la falta de respuestas de la Procuración General, se vieron obligados a desfilar por el despacho de los jueces intervinientes, pero que “las novedades se dan a cuenta gotas”. ¿Será justicia?
Marcelo Martin (Ministro de Agricultura): “No hay incompatibilidad porque no tengo vínculo con el Estado”
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, en diálogo con La Tecla Patagonia se refirió a la denuncia que presentaron en su contra por presunta incompatibilidad entre su cargo y la actividad privada que desarrolla. Sostuvo: “Soy productor como ocurre en diferentes estamentos políticos nacionales, donde uno proviene de la actividad”.
Con relación a esto último, opinó: “Me parece un logro del gobernador Weretilneck poder armar un equipo con gente del palo, y no por ahí burócratas, como abogados, economistas, que tienen una carrera política, pero no entienden de la materia”.
A su vez, el funcionario cuestionado señaló que no cree que haya incompatibilidad entre sus funciones y el emprendimiento privado “porque no tengo vínculo con el Estado. Otra sería la historia si se tuviera interacción”. Y añadió: “Tampoco soy el titular de la firma, simplemente soy productor”. Respecto de si las medidas que aplica para el sector pudieran estar beneficiándolo, Martín lo negó. “No veo que haya una medida puntual que me favorezca”, sostuvo.
En cuanto a que fue el propio gobernador de La Pampa quien realizó la denuncia pública en su contra, el ministro señaló que “me nombraron, pe-ro tiene el trasfondo político de entrar el hueso plano de La Pampa a la Patagonia”.
Nicolás Rochas (Diputado FpV): “La verdad que es muy, pero muy compleja la situación de Palmieri”
El diputado del FpV Nicolás Rochás, uno de los impulsores de las causas que recayeron sobre varios funcionarios, en diálogo con La Tecla Patagonia consideró que “hasta ahora no hubo descargo” por parte del Gobierno ante las denuncias, es decir, “no han logrado aclarar ni uno sólo de los hechos que le imputamos. Solamente se han limitado a reproducir agravios incoherentes y burdos, sacados del manual básico de la descalificación macrista”, explicó.
Sobre las acusaciones contra el actual jefe de la bancada oficialista y ex ministro de Economía, quien señaló que la denuncia en su contra está “al límite de rozar lo ridículo”, el legislador sostuvo que “Palmieri está muy complicado penalmente; es obvio que ante la falta de argumentos sólo atine a balbucear una descalificación como respuesta. El problema de él es que endeudó a la Provincia sin ninguna ‘ley especial’ que lo autorice, y eso está prohibido expresamente por la Constitución provincial”.
Añadió: “Como si fuera poco, se presentó a la Justicia y confesó que su único argumento defensivo se basa en un solo artículo del Presupuesto 2015 que, según él, lo superfacultaba a endeudar por sí solo a todos los rionegrinos. La verdad que es muy, pero muy compleja la situación del ex ministro”.
Ante la acusación por parte del oficialismo de hacer política desde los estrados judiciales, Rochás sostuvo: “Nos acusan de hacer política con el Código Penal, y el problema no es que seamos denunciadores seriales, sino que ellos son delincuentes consuetudinarios. Yo dejaré de denunciar el día que ellos dejen de delinquir”.
Otros casos: Representantes del Gobierno cuestionados
Hay varios representantes del Gobierno que, por un motivo u otro, también fueron cuestionados. El secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, está comprometido por una causa penal que se radicó contra varios funcionarios por la falta de respuesta a los pedidos de informe que recibieron por parte de la oposición.
Lo propio ocurrió con el ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, por sobreprecios en la compra de módulos alimenticios.
La ministra de Educación, Mónica Silva, que si bien no recibió ninguna denuncia en su contra, fue cuestionada también por sobreprecios en la adquisición de kits escolares.
El secretario de Trabajo, Miguel Contín, fue denunciado penalmente por ATE, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de un conflicto con empleados de Contralmirante Cordero.
Además, el diputado Rubén López está siendo investigado por presunto lavado de dinero, como titular del gremio de la Fruta, iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Edith Garro (Diputada FpV): “Como oposición, nuestro rol también es controlar”
La diputada provincial por el Frente para la Victoria, Edith Garro, dialogó con La Tecla Patagonia sobre las denuncias que cayeron sobre algunos integrantes del equipo de trabajo del gobernador Alberto Weretilneck.
En principio, la legisladora aclaró que “como oposición, nuestro rol también es controlar”; esto, en el marco del embate que recibieron por parte del oficialismo por las acusaciones.
En cuanto a la presentación que realizaron en el fuero penal por el préstamo que el ex ministro de Economía Alejandro Palmieri tomó a fines del año pasado, Garro expresó que el Gobierno “sólo estaba autorizado a refinanciar, y necesitaba una nueva ley con dos tercios de los votos para un nuevo endeudamiento”.
A su vez indicó que “hay que tener en cuenta que en el momento que se hizo habían ingresado los fondos del petróleo que no sabemos a dónde fueron, pero supongo que a la campaña electoral. Entonces no era necesario pedir otro para pagos de sueldos y aguinaldos”.
Asimismo, la dirigente de la oposición sostuvo que “a veces, lamentablemente, hay que judicializar algunos temas para obtener respuestas, ya que con pedidos de in-formes sólo hay respuestas a medias”. Por último, Garro consideró que “también hay otros ministros denunciados, que a mi criterio deberían correrlos a un lado mientras se investiga, o pedirles la renuncia por la gravedad de las mismas”.
Marcelo Mango (Diputado FpV): “Creen que porque tienen mayoría pueden hacer lo que quieran”
El diputado del FpV, Marcelo Mango, comentó en diálogo con La Tecla Patagonia la denuncia contra Palmieri “es una situación concreta de no cumplimiento de la Constitución de la provincia de Río Negro. Vemos con mucha preocupación la implicancia que podría tener un nuevo endeudamiento de la provincia sin el resguardo de los recursos de los rionegrinos”.
Sobre el descargo que realizó el ex ministro sostuvo: “Me parece pobre porque lo único que dice es que, por la Ley de presupuesto del año pasado, tenía los dos tercios. Primero que no es una ley especial, que no está contemplado eso en la Constitución, y si así fuera pone en un compromiso a Isaías Kremer (actual ministro de Economía), porque el nuevo endeudamiento no tuvo los dos tercios, el bloque del Frente para la Victoria no se lo votó. Me parece grave, pero más lo es la reacción del Gobernador en contra de los legisladores de Frente para la Victoria. Es una falta de respeto a la oposición”.
En cuanto a la minimización que el oficialismo hace de las denuncias, Mango señaló que “tienen una mayoría legislativa, una hegemonía que es lo que los lleva a cometer estos errores, a creer que porque tienen mayoría, pueden hacer lo que quieran y pasar por encima de la Constitución y del funcionamiento democrático. Nos preocupa que quieran seguir endeudando a la Provincia sin el respeto a la Constitución”.
Nota completa en edición Nº 289 de revista La Tecla Patagonia