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La Tecla Patagonia
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Una vez más YCRT está en la mira
La empresa estatal estrella de la Provincia sale a escena en plena campaña. Denuncias de corrupción, acusación de desfinanciamiento y funcionarios nacionales y provinciales apuntados. En el medio, YCRT y sus trabajadores
La empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) se convirtió en un eje de disputa entre el oficialismo provincial y el Gobierno nacional. La finalización de la obra de la central termoeléctrica y la producción de la mina se encuentran en permanente tensión por su deficiente e inestable funcionamiento.
Desde Cambiemos, denuncian un manejo fraudulento por parte de las gestiones anteriores, mientras que el kirchnerismo apunta a la desinversión llevada adelante por el Ejecutivo nacional, como castigo a la Provincia, comandada por sus enemigos políticos. En el medio, una empresa del Estado histórica y trascendental para Santa Cruz pierde fuerza y competitividad.
El caso YCRT saltó a la fama a nivel nacional a principios de julio, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó el desafuero del diputado nacional y exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, con el objetivo de proceder a indagarlo y detenerlo. El pedido fue tomado como bandera del macrismo para librar una batalla contra la corrupción, con la empresa estatal santacruceña como ícono y, en la previa a las PASO, sacar al exfuncionario del Congreso. Sin embargo, la jugada no prosperó, y el juez que entiende en la causa por supuesta defraudación a la administración pública en el desvío de fondos del proyecto en Río Turbio no dio lugar al pedido del fiscal. Además, quien también está imputado en la causa es el actual intendente de la localidad, Atanasio Pérez Osuna, exinterventor, cuya sospechada gestión es apuntada por la oposición provincial para señalar las complicaciones de la empresa en la actualidad.
Del otro lado, el oficialismo provincial acusa al Gobierno nacional de des-invertir en el proyecto, paralizando la obra de la usina termoeléctrica, discontinuando la actividad en la mina y amenazando a los trabajadores de los sectores que consideran innecesarios pa-ra el funcionamiento futuro de la empresa. El principal apuntado en esta misión es Omar Zeidán, designado por el Gobierno nacional y a instancias del líder de la oposición, Eduardo Costa. Según manifestó Zeidán en junio de este año, mientras “el gobierno de Alicia y La Cámpora ajustan a los trabajadores y no pagan los sueldos, en YCRT estamos invirtiendo, comprando nuevos equipos para sacar más carbón y hacer más grande nuestra empresa".
Sin embargo, desde el oficialismo provincial denuncian que las inversiones prometidas no llegan y, contrario a ello, el plan del Gobierno nacional tiende a desfinanciar la obra y postergar su finalización para disminuir la capacidad de la empresa. Por otro lado, aseguran, las sospechas de corrupción funcionan como freno para mirar hacia delante.
Lo cierto es que las causas existen (ya suman trece) y las investigaciones de la Justicia avanzan para determinar manejos fraudulentos en las anteriores administraciones.
En el medio, los trabajadores pugnan por evitar una flexibilización laboral que empeore las condiciones de trabajo, en un contexto económico que tiende a ajustar por la variable de los recursos humanos en la mayoría de las actividades de la región. A su vez, la amenaza de despidos y la reducción de personal, sumado al ofrecimiento de retiros voluntarios, debilitan la resistencia de los gremios ante la intervención.
Los intereses políticos han convertido a la empresa en un botín de guerra de la disputa entre los dos principales bandos. En tiempos de campaña, además, la tensión se incrementa. El kirchnerismo no quiere perder votos por las sospechas de corrupción y el avance de la Justicia, mientras que, en Cambiemos, necesitan una administración eficaz para que el manejo no termine jugando en contra de sus intereses. YCRT espera definiciones que pueden consolidarla como una de las más importantes de la región o postergarla a un segundo plano en el mercado.
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