Las elecciones legislativas de octubre no fueron sólo una renovación de cargos ni un gesto de confianza hacia el Gobierno nacional. Tras los resultados de los comicios de medio término, Nación pisó el acelerador y, en la recta final del año, va por la aprobación de un polémico paquete de reformas, que afectará de manera general a todo el país, y a cada provincia en particular. En el marco de esa iniciativa, y como antesala del debate en el Congreso, las negociaciones fueron entre el Presidente y funcionarios de primera línea, y los gobernadores, quienes expusieron sus condiciones, pero que casi en su totalidad (sólo se opuso el mandatario de San Luis) teminaron sellando el Pacto Fiscal.
La propuesta de la Casa Rosada te-nía como fin frenar la andanada de juicios provinciales contra el Estado nacional, por reclamos de coparticipación en su mayoría, incluido el que llevaba adelante la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sucede que, además del mediático –y no por eso menos legítimo- pedido de la mandataria, existen varios litigios pendientes más, igual de válidos, y tanto o más injustos, del resto de las provincias. En este escenario, los Ejecutivos patagónicos acordaron desistir de los reclamos a cambio de una compensación de Nación, que se hará cargo de la deuda en bonos y en dos cuotas.
Sin embargo, la letra chica del acuerdo incluye una de las máximas del gobierno de Mauricio Macri: el ajuste. El control del gasto fiscal, que en rigor de verdad implica más una reducción que un orden, es una de las patas de este pacto. En ese sentido, no hay que perder de vista que la Ley de Consenso Fiscal viene aparejada con las reformas previsionales y laborales, donde las variables de ajuste serán, una vez más, los trabajadores. El pacto, que fue anunciado con bombos y platillos, y celebrado incluso por algunos mandatarios con más euforia de la que deberían (según su bandera política y los intereses que defienden y representan), tiene más aristas de las que ofrece en la superficie, y por allí pasará el necesario debate en el Congreso de la Nación y en cada Legislatura provincial.
Entonces, la primera impresión es que los unió el espanto y no tanto el convencimiento. La presión ejercida por Buenos Aires para el resarcimiento económico, en perjuicio del dinero que percibe el resto de las provincias, fue la carta de Nación para empujar a los gobernadores a sellar el acuerdo. Después, los beneficios o costos del mismo dependerán del cumplimiento o no de las condiciones del pacto, tanto de uno como de otro lado.
Reformas Impacto Provincia #364 by Sebastián Simonetti on Scribd
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