29 de enero de 2018
OPINIóN
El “caso Lula” no es jurídico es político
El Conjuez Federal de la Ciudad de Neuquén, especialista y docente en Derecho Administrativo y Administración Pública, Pablo Gutiérrez Colantuono, analiza el caso del ex Presidente de Brasil, sus implicancias y señala las similitudes que muestra con las detenciones con prisión preventiva a ex funcionarios argenitnos
Las recientes decisiones judiciales contra el ex presidente de Brasil y actual candidato a la presidencia, con mejor posicionamiento según todos los sondeos en aquel país, Lula da Silva, representan una clara demostración de la utilización del derecho con fines políticos.
El law fare o guerra judicial es una expresión que indica la existencia de diversos actos e interpretaciones del derecho provenientes de los tribunales con la única finalidad de lograr excluir de la competencia política y electoral a determinado sector político, su líder y referentes. En estos tiempos, en Latinoamérica, se observan diversos juzgamientos a líderes y referentes partidarios de quienes en los últimos años han llevado adelante la conducción de sus gobiernos ¿Mera coincidencia?
Una muestra más del proceso político con disfraz de “técnica jurídica” de persecución a Lula, es la reciente orden de retenerle el pasaporte e impedir su viaje a Etiopia convocado por la FAO ¿Acaso es posible sostener razonablemente que quién ha sido presidente y está en carrera para lograr nuevamente serlo pueda abandonar el país? Ese mismo ex presidente y candidato ha permanecido durante todos los procesos judiciales siempre a disposición de la justicia, recorriendo miles y miles de kilómetros en reuniones políticas, está presente en las calles, en los pueblos, en los barrios de Brasil. ¿Podría ocultarse en el mundo siendo Lula? Muestras de estas irracionalidades se dan también en Argentina, con la utilización abusiva de la prisión preventiva a ex funcionarios quienes son detenidos no por el avance de la investigación penal si no por el temor, según la mirada judicial, a destruir pruebas o realizar maniobras que perjudiquen a aquellas. Le llaman “el poder residual”. Estos funcionarios ya hace más de dos años que abandonaron sus lugares de “poder”.
Debe tenerse en claro que al juzgarse cualquier delito, y dentro de ellos los de corrupción, la única manera de llevarse a cabo tal obligación estatal es dentro de las propias reglas que impone el sistema constitucional. Investigar, sancionar, condenar sin el respeto al debido proceso, sin pruebas, sin hechos acreditados es inadmisible. No es a favor de alguien, es en resguardo de nuestra propia vida democrática constitucional.
El proceso a Lula no es jurídico, es político. También lo fue la prohibición por orden judicial de que aquel pueda asumir como ministro en el gobierno de Dilma Rouseff. El poder judicial impidiendo asumir un cargo de ministro a quién fuera ex presidente del Brasil, nunca visto… La destitución de Dilma Rouseff también fue ilegítima tal como ha sido reconocido ya a viva vos por todos. Por tal acto institucional grave se instauró aquello que algunos denominamos zonas de excepción en un estado de derecho. Fue un verdadero golpe de estado moderno, de aquellos que llamamos “blandos”.
Lo de Lula de hoy no es un hecho aislado, se explica en el contexto de esas zonas - actos - que excepcionan las reglas de un estado de derecho.
El proceso es político y exhibe un claro divorcio entre aquello que algunos llaman “lucha contra la corrupción” a través de un proceso supuestamente “revestido de legalidad”, la exigibilidad del respeto irrestricto al debido proceso y la legitimidad del pueblo que sostiene la inocencia de su líder. En realidad esconde la selectividad de determinados grupos de intereses económicos que no desean que un movimiento social, basado en la solidaridad e igualdad de oportunidades, gobierne un país. No desean dar la verdadera batalla en el campo electoral.
Quizás por todo ello sea que moleste su intervención como líder mundial por ante la FAO explicando cómo ha combatido la pobreza en su Brasil natal.
*Por Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor de derecho en diversas universidades latinoamericanas.