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8 de octubre de 2019
NACIONALES

Ponen freno al negocio guaraní de la construcción de barcos

Desde el Congreso Nacional, se presentó un amparo contra YPF por la contratación secreta de la empresa Horamar S.A, una empresa multinacional para la construcción seis barcazas y dos remolcadores destinados al servicio de transporte de hidrocarburos fabricará en Paraguay. La maniobra infringe leyes y acrecienta la parálisis de la industria naval argentina

Ponen freno al negocio guaraní de la construcción de barcos
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Desde el Congreso Nacional, se presentó un amparo contra YPF por la contratación secreta de la empresa Horamar S.A,  una empresa multinacional para la construcción seis barcazas y dos remolcadores destinados al servicio de transporte de hidrocarburos fabricará en Paraguay. La maniobra infringe leyes y acrecienta la parálisis de la industria naval argentina. 

La empresa beneficiada para la construcción fue Compañía Naviera Horamar Sociedad Anónima, que, después de más de veinte años, desplazó a Argentina Consorcio de Cooperación Naviero, la firma fruto de la unión entre Naviera Sur Petrolera S.A. y National Shipping S.A., que hacía ese tipo de trabajos para la petrolera -incluso cuando se encontraba en manos de capitales españoles-, y lo realizaba en territorio argentino. 



El pedido fue presentado por el senador nacional, Fernando "Pino" Solanas, contra la empresa nacional YPF, en la Secretaría n° 9 del Juzgado n° 5.

La contratación de Horamar profundiza la crisis de una alicaída industria naval. Según los cálculos previos, la construcción de los navíos implica 310.000 horas/hombre en empleos di-rectos, sumado al doble de horas/hombre para el indirecto. Actualmente, la flota argentina está compuesta por buques importados en un 94% y solo un 6% de argentinos. Desde 2015, la gestión del Gobierno nacional adquirió lanchas patrulleras de Francia y envió a construir buques oceanográficos a Vigo, España. 

A ello se suma el veto del presidente Mauricio Macri a un artículo de la ley de Fomento de la Industria Naval -votada en 2017-, que establece una asignación anual de 1.500 millones de pesos al Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn). Licitaciones adelantadas, conflicto de intereses y maniobras al filo de la ley caracterizan a un acuerdo que promete tener varios capítulos más, en el complejo entramado naval del país. 
 

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