La transición en Río Gallegos se hundió bajo el agua. O al menos, eso es lo que se vislumbra en el debate por el Natatario Municipal, una obra emblema para la ciudad que quedó en medio de la disputa política entre la gestión actual y el futuro gobierno de la ciudad.
El proyecto fue inaugurado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015, e incluyó la presencia del nadador argentino olímpico José Meolans y la gobernadora Alicia Kirchner, quien en ese momento aún ocupaba la cartera de Desarrollo Social de Nación.
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En sus primeros días luego de ser electo, Pablo Grasso recorrió el lugar junto con su equipo y confirmó que pondrían en funcionamiento el natatorio —que desde 2015 se encontraba cerrado— a partir del 19 de diciembre de este año.
“Hemos pedido a las autoridades municipales para que la provincia pudiera intervenir en el avance y culminación de la obra ante los destrozos de estos años", dijo Grasso en esa visita.
Ahora, desde el Gobierno municipal que aún comanda el radical Roberto Giubetich advirtieron respecto de los riegos de la inauguración. "No es un capricho que uno no quiere poner a funcionar una pileta imagínese que grato es para una gestión poder ponerla en funcionamiento", dijo la directora de Obras Públicas, Paola de Gaetano.
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Según Galeano, la obra tiene fallas estructurales que ponen en riesgo su utilización. "Lamentablemente tiene situaciones muy graves esa pileta, que lo mínimo que hay que solucionar es la parte de la fuga que pierde un montón de agua", aseguró.
El 12 de noviembre se ordenó un llenado de pileta a modo de prueba, lo que evidenció una falla, ya que según se advirtió, en tan solo dos días bajó su nivel de agua unos centímetros. A pesar de ello, el nuevo oficialismo sigue firme con la idea de iniciar la temporada de verano con el natatorio en pleno funcionamiento.
La judicialización de la obra En el mes de enero de 2017, el municipio de Río Gallegos anunció que iniciaría acciones judiciales en contra de la empresa K ACRI Construcciones, que levantó el natatorio municipal, dado que las condiciones en las que se encontraba el complejo hacían imposible su funcionamiento.
La denuncia no prosperó, pero las dudas permanecieron. El presupuesto inicial fue de 38 millones de pesos, luego se estableció en más de 40 millones y finalmente terminó costando 76 millones de pesos. De ese monto, 68 millones fueron pagados a ACRI Construcciones por el entonces gobierno nacional y faltarían abonar 8 millones, que el municipio retuvo, porque de acuerdo al dictamen de la comuna, no se terminó o se hizo de manera deficiente y/o con materiales inadecuados.
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Según precisó el medio OPI Santa Cruz, las piletas filtran agua, están agrietadas, no hay bomba de extracción que facilite la higiene, hay cañerías que pierden 3 mil litros de agua por día, las piletas no tienen agarraderas en los andariveles, los ventanales no son de doble vidrio laminados de 3mm con cámaras de aire; son de vidrio simple favoreciendo la acumulación de humedad y la aparición de hongos, los pisos no son de cerámico antideslizantes y las escaleras carecen de elementos antideslizantes como establecen los pliegos.