3 de febrero de 2020
CORRUPCION
Investigan destino de fondos por U$S5 millones que eran para obras tras el derrame en Caleta Córdova
El hecho ocurrido en 2007 en Chubut aún encierra polémica ya que se desconoce la utilización del resarcimiento pagado por la empresa que ocasionó el derrame. La investigación apunta a la gestión del exgobernador Martín Buzzi y los funcionarios que cerraron el acuerdo con la empresa dueña del buque. Se originó por una denuncia de vecinos del lugar
Según anunció hoy el Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, la Oficina Especial de delitos contra la Administración Pública a cargo del fiscal Omar Rodríguez investiga una denuncia por el destino de la indemnización recibida por parte del Estado debido al derrame de petróleo ocasionado en Caleta Cordova en 2007.
Se trata de la suma de 5 millones de dólares, que la Provincia habría cobrado en 2014 producto de un acuerdo con la compañía Antares Naviera S. A., responsable del incidente que afectó las costas del barrio ubicado en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, y causó graves daños ambientales a toda la región.
El trato, llevado a cabo durante la gestión del exgobernador Martín Buzzi, incluía el pago de dicha suma de dinero con el objeto de finalizar la controversia causada por la contaminación ambiental denunciada y a cambio de dar por finalizada las demandas civiles y penales, que motivaron el procesamiento de seis integrantes de la empresa, entre los que se encontraban directivos y el capitán del buque.
Según el acuerdo, celebrado entre el fiscal de Estado de entonces Miguel Angel Montoya y la apoderada de Antares Naviera, el dinero debía ser destinado exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura en Comodoro, que reparen el daño ocasionado.
La investigación abierta por la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública, que llevó a cabo el juicio contra el exfuncionario dasnevista Diego Correa y otros miembros del anterior Gobierno por malversación de fondos, se inició por una denuncia hecha por vecinos del lugar en enero de este año, que involucra a funcionarios involucrados en el acuerdo y pide la el esclarecimiento sobre el destino de los 5 millones de dolares.