La Tecla Patagonia
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El Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga (Frente de Todos), tildó de “hijaputez” al presunto pedido que harán al Gobierno Nacional las cinco cámaras de empresas hidrocarburíferas para que se las autorice a aplicar el procedimiento preventivo de crisis en su ámbito, argumentando la paralización de actividades a causa de la cuarentena por el Coronavirus y la baja internacional del precio del crudo.
Según trascendió, la cámara que nuclea a compañías del sector de la producción, refinación, proveedores de servicios y estacioneros se apresta a requerir al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el citado requerimiento que afectaría la estabilidad laboral de más de 100 mil trabajadores en relación de dependencia. El procedimiento preventivo de crisis está contemplado entre los artículos 98 y 105 de la ley 24.013 votada por el Congreso Nacional en 1991.
“Las cámaras petroleras aprovechan el Coronavirus para pedir el procedimiento preventivo de crisis”, dijo Soloaga, quien además agregó: “ahora se valen de una pandemia mundial buscando ajustar sus números utilizando un perverso y repugnante mecanismo para echar trabajadores como lo hicieron recurrentemente y esto es inadmisible, no lo podemos permitir y menos en Santa Cruz”.
En consecuencia, el Comisionado de Cañadón Seco instó "a funcionarios políticos con poder de decisión como así también a dirigentes gremiales a ponerse a la cabeza y asumir responsabilidades" ya que “no se puede permitir bajo ningún concepto que despidan o suspenden trabajadores las empresas que se han llevado por muchos años ganancias de la industria petroleras por magnitudes incalculables”.
Por todo ello, resaltó que “desde Cañadón Seco plantamos esta posición inflexible” y adelantó que propondrá a la gobernadora Alicia Kirchner que aplique las siguientes medidas: declarar con carácter de urgente la Emergencia Petrolera para que no haya un solo despido de trabajadores; impulsar decididamente la reducción del 50% del precio de los combustibles en Santa Cruz”; impulsar ventajas impositivas e industriales sobre cargas impositivas nacionales en Santa Cruz; impulsar fuertemente, ante el Ministro de desarrollo Productivo la aplicación urgente del precio sostén o barril criollo a un valor no inferior a 50 U$S; y requerir al Ministerio de Trabajo no hacer lugar al requerimiento irracional de las Cámaras que pondría en peligro 100 mil puestos de trabajo.
“Solo la acción conjunta decisiva de los actores políticos, gremiales e institucionales estratégicos de Santa Cruz habrán de impedir un colapso económico social", concluyó Soloaga.