5 de noviembre de 2024
NOTA DE GRAFICA
De remate: bienes patagónicos para la venta
Cuáles son, dónde se ubican y qué controversias desató la intención de Nación de avanzar con el remate de varios lotes e inmuebles en la región. El plan para canjearlos por deuda
Mediante el Decreto 950/2024, el Gobierno Nacional autorizó la venta de terrenos pertenecientes al Estado en distintas provincias del país, incluyendo Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Esta decisión, impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), busca optimizar los recursos del Estado al deshacerse de inmuebles considerados innecesarios para la gestión pública.
Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones mixtas en la región patagónica, donde varios actores locales ven con preocupación la medida. El listado oficial incluye propiedades en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn (Chubut), Villa La Angostura (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro) y Punta Loyola (Santa Cruz).
Estos inmuebles, que han sido catalogados como ociosos y prescindibles, serían subastados en los próximos meses, aunque el valor de venta de cada uno aún no se ha determinado.
Además, de los inmuebles mencionados en el decreto, la página oficial de la AABE incluye otras propiedades que estarían próximas a la venta en Neuquén capital y las localidades santacruceñas de Río Turbio y Río Gallegos.
Las ventas se enmarcan en una política de ahorro fiscal, con la intención de reducir los costos de mantenimiento que representan estos activos para el Estado. La medida ya generó distintas reacciones.
En Neuquén, la posible venta de terrenos cobró especial relevancia. El diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), confirmó que uno de los inmuebles más significativos, el Parque Jaime de Nevares (antiguamente la Unidad Penitenciaria U9), fue exceptuado de venta. A través de sus redes sociales, Llancafilo expresó que, tras mantener conversaciones con el Gobierno nacional, se aseguró que estos predios están protegidos por convenios vigentes y se encuentran excluidos de la enajenación.
El decreto prevé en su artículo 1, inciso c, que los inmuebles comprometidos en acuerdos previos o revertidos al Estado no podrán ser vendidos, una disposición que generó alivio entre quienes apoyan la conservación de este espacio en manos del Estado.
Sin embargo, la medida también trajo críticas. La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, calificó como "atropello" la publicación del listado en el que se incluían terrenos previamente cedidos y con acuerdos municipales. Pasqualini subrayó que en 2019 ya hubo un intento de venta que fue frenado, y remarcó que la Municipalidad se mantendrá firme en su posición de defensa del predio. Señaló que la publicación en el sitio oficial del gobierno nacional no constituye una vía adecuada para anunciar este tipo de decisiones, especialmente cuando se trata de propiedades que han sido ocupadas por la comunidad local.
“Existen el teléfono y el mail para comunicar estas decisiones”, comentó la funcionaria en una referencia directa a lo que consideró una falta de consulta y coordinación por parte del Gobierno Nacional con las autoridades locales. En paralelo, las tensiones se intensificaron en Neuquén, donde la publicación de otros terrenos en sectores céntricos generó especulaciones sobre el futuro de áreas que actualmente están destinadas a servicios locales.
En la capital provincial, otro inmueble destacado, con ubicación en Avenida Argentina 642, figura en el listado con una descripción que coincide con la ubicación del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña. Aunque el Gobierno aclaró que no se trata del edificio del Comando en sí, sino de un predio.
La venta de estos inmuebles se realiza en el contexto en el que también se anunció un Régimen de Reparación Federal, mediante el cual se pretende atender las deudas "mutuas" entre la Nación y las provincias, ofreciendo activos estatales como bienes de cambio.
Según Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, el programa busca ser un "borrón y cuenta nueva" en la relación financiera entre la Nación y las provincias, facilitando la transferencia de propiedades como una alternativa de pago.
Este no es el primer intento de liquidar bienes estatales en la región. Diversos decretos de años anteriores autorizaban la venta de propiedades que, finalmente, no se concretaron debido a resistencia local y acuerdos previos.
La experiencia en la Patagonia revela un complejo entramado de demandas locales, intereses federales y la necesidad de preservar ciertos bienes públicos como parte del patrimonio provincial. se espera que los procesos de subasta comiencen en los próximos meses, con el objetivo de reducir los gastos asociados al mantenimiento de estos activos ociosos.
Resta ver cómo responderán los actores locales, que ya han demostrado estar atentos a la preservación de los terrenos que consideran fundamentales para la identidad y desarrollo de sus comunidades.